LA BARRENA
Buscan amparos por despidos en Pemex
STPRM en Veracruz permanecen sin dar la cara
México, DF., 14 de marzo.- La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros informó que la mitad de los trabajadores que despedirá Petróleos Mexicanos debido al recorte presupuestal, son veracruzanos.
Trabajadores de Petróleos Mexicanos que laboran en Veracruz y que representan la mitad del total de sindicalizados que despedirá Pemex debido al recorte presupuestal, tramitarán amparos para proteger su fuente de ingresos, anunció el dirigente de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP), Moisés Flores Salmerón.
Informó que tan sólo en el sur de la entidad veracruzana serán dados de baja unos 5 mil trabajadores que actualmente laboran en los complejos industriales de Coatzacoalcos y municipios aledaños.
Los amparos que van a interponer contra los recortes y jubilaciones masivas anticipadas buscan frenar estas acciones que consideran injustas.
En conferencia, Flores Salmerón dijo que serán despedidos trabajadores sindicalizados y de confianza de los complejos petroquímicos Morelos, Pajaritos y Cangrejera de Coatzacoalcos; del complejo petroquímico de Cosoleacaque y del edificio inteligente y administrativo de Pemex-Petroquímica (PPQ).
Calificó estas acciones como un acto criminal, toda vez que el 50 % del total de los despidos que hará Pemex serán en Veracruz.
Si bien los despidos como tal oficialmente no han iniciado, dijo, las jubilaciones ya comenzaron y no están contratando al personal eventual de menor antigüedad.
“Despidos no ha habido, han estado jubilando al personal y los que ya cumplen con la antigüedad y la edad”, explicó.
Las vacantes o plazas de estas jubilaciones no se cubren con nuevo personal, a menos que sean indispensables, y se aplica el escalafón.
La organización agrupa a más de mil petroleros, los cuales tramitaran sus amparos.
En tanto las dirigencias delegacionales del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana en Veracruz permanecen sin dar la cara, ni atender a los agremiados que llegan a buscarlos a las oficinas sindicales para conocer lo que sucederá con ellos.
Desde el año pasado y tras la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias la UNTyPP anunció que se ampararían contra la nueva legislación y ahora dan a conocer que lo harán contra los despidos.
Cabe señalar que el 70% de los trabajadores que laboran para Pemex y empresas contratistas en la Sonda de Campeche, donde iniciarán los despidos, son veracruzanos, de acuerdo con la coordinación regional de la Confederación Nacional de Cámaras de Industriales (Concamin) que dirige José Manuel Urreta Ortega.
Isabel Zamudio - Milenio.com
Denuncian petroleros intimidaciones
El sindicato disidente de Pemex acusó que la empresa petrolera inició acciones de intimidación a obreros sindicalizados y de confianza para evitar manifestaciones en todo el país por el recorte de personal y por la caída del precio del barril de petróleo.
Juan Carlos Chávez, líder de la Alianza Nacional Democrática de Trabajadores Petroleros, disidente de Carlos Romero Deschamps, reveló amenazas de despidos o la cancelación de contratos eventuales para quienes organicen o participen en protestas el próximo 18 de marzo, en conmemoración del 77 aniversario de la Expropiación Petrolera.
“Hay una acción concertada entre el Gobierno federal, Pemex y la dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que encabeza Romero Deschamps, para amagar con despedir a los compañeros sindicalizados si se manifiestan el próximo 18 de marzo”, señaló.
En entrevista, dijo que el mismo director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, empezó una campaña para asegurar que no habrá despidos masivos y que no se contempla reducir la planta laboral de trabajadores sindicalizados en 50 por ciento, lo que representaría el despido de 60 mil trabajadores de base.
“Si el director de Pemex asegura que no habrá despidos masivos, entonces que informe si el convenio 10717/2013 se derogó y cuándo, porque lo firmado entre Pemex y el STPRM establece claramente la cancelación de plazas sindicales, eventuales, además del recorte de horas extras y prestaciones que se reciben; que diga por qué el mismo secretario de Energía declaró que habrá recorte”, mencionó.
“Pero, si quieren bajarle la presión a los trabajadores que se organizan en todo el País para protestar el próximo 18 de marzo, se equivoca, porque nos vamos a manifestar, habrá protestas en todo el país porque se han vulnerado los derechos laborales”, agregó.
Chávez anticipó que se ha declarado una alerta máxima entre los trabajadores organizados de Pemex por acciones de represión que se podrían suscitar durante la conmemoración de la Expropiación Petrolera.
“Estamos en una alerta máxima a nivel nacional, porque, mediante labores de inteligencia del Gobierno federal, ha pretendido coartar el derecho a la libre manifestación, por eso estamos convocando a los compañeros que no se dejen engañar, que las protestas están en marcha y no se van a detener con mentiras”, añadió.
El dirigente de la Alianza dio a conocer que, durante el evento que encabece el presidente Enrique Peña Nieto con motivo de la fecha, los trabajadores se manifestarán.
“No sabemos en qué estado el presidente encabezará los festejos por el 77 aniversario de la Expropiación Petrolera, pero a donde acuda ahí estaremos para demandar un ‘ya basta’ a los despidos, ‘ya basta’ de seguir engañando a los trabajadores”, indicó.
Reforma
Despidos en Pemex,son un hecho: STPSP
A pesar de haberse anunciado despidos masivos en la zona sur, en lo que respecta a las refinerías de Petróleos Mexicanos como resultado de la reforma energética, el secretario de Trabajo y Previsión social, Gabriel Deantes Ramos, aseguró que hasta el momento no se han realizado despidos dado que la secretaría a su cargo no ha obtenido información oficial.
Sin embargo, reconoció que es un hecho que este año se espera que se despida a personal de la paraestatal, aunque dijo desconocer las cifras y las fechas. “Lo que yo te puedo decir en el caso especial de Pemex es que se habla que algunas gentes perderán su empleo, el dato preciso no tenemos todavía en cuánto impactará a Veracruz, lo que te puedo decir es que toda esa gente que pertenece a la para estatal tiene un nivel de preparación y capacitación que fácilmente se podría implementar en otro lugar”.
El funcionario estatal refirió que, por ello, han estado trabajando en acciones que permitan mayor inversión en el estado, y con ello, que se pueda brindar más oportunidades de trabajo para la población, no tan sólo en la zona sur, sino en todo el territorio veracruzano.
“Para aquellos trabajadores que pueda perder su empleo vamos a motivar la inversión para ocuparlos en alguna otra vacante, pero en este renglón no tenemos injerencia hasta que todo se lleve a cabo”, expresó.
Al tiempo que mencionó que la población no debe de preocuparse debido a que con la Reforma Energética se garantizará el trabajo de la población, principalmente a la que trabaja en la para estatal actualmente y se ha rumorado serán parte del desempleo en la entidad.
“La Reforma Energética traerá por consecuencia derrama económica, inversión y vendrán un número importante de empresas a instalarse en el estado y por consecuencia generarán empleo, esto garantiza que haya empleo y la Reforma Energética garantiza mayores fuentes de empleo y más para un estado como el nuestro”.
Finalmente Gabriel Deantes, mencionó que trabajarán de manera responsable en materia de generación de empleos para la población.
Ada Reyes – e-consulta.com Veracruz
Ley de aguas:
privatización y explosividad
En conferencia de prensa, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que agrupa a académicos e investigadores de los principales centros de enseñanza en el país, afirmó que la decisión de posponer la discusión de la Ley General de Aguas en la Cámara de Diputados no es suficiente, y que el dictamen –ya aprobado en las comisiones legislativas– debe ser desechado. A renglón seguido, los catedráticos señalaron que la aprobación del referido dictamen en sus términos actuales conlleva consecuencias negativas para la población, como la privatización del agua, la cual sería considerada principalmente un bien económico y no cultural y social; la ampliación de los márgenes para la contaminación industrial del líquido y la imposición de restricciones e incluso sanciones a los estudios académicos, la investigación científica y el monitoreo de cuerpos de agua.
Semejantes advertencias ponen en relieve la pertinencia y necesidad de que el proceso legislativo en torno a la ley de aguas dé paso a la realización de un debate público amplio y plural en el que se escuchen todas las voces involucradas y en el que los legisladores respondan abiertamente a los señalamientos críticos formulados en torno a la iniciativa. En contraste, se exhibe también la cerrazón de los promotores de dicha ley para desacreditar, incluso con descalificaciones ofensivas y de tufo discriminatorio, todo intento de discutir y cuestionar el mencionado dictamen.
Es previsible que si se aprueba la ley de aguas se abriría un nuevo frente de ingobernabilidad, en la medida en que esa legislación acentuaría las inequidades existentes en el país entre individuos, agentes económicos y regiones. La imposición de los criterios mercantiles y tecnocráticos en el acceso de las personas a los recursos hídricos, lejos de contribuir a garantizar el acceso universal a ellos, acabaría por entregarlos a corporaciones trasnacionales caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales, en perjuicio de campesinos, pequeños empresarios y consumidores individuales.
Un precedente ineludible del potencial explosivo de iniciativas de este tipo es la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, Bolivia, conjunto de protestas a principios de 2000 a consecuencia de la decisión gubernamental de concesionar por 40 años a una trasnacional el sistema regional. Si la privatización de la industria energética y petrolera generó un profundo descrédito y profundizó la percepción de una institucionalidad política carente de representatividad y de sentido de nación, es de esperar que la eventual privatización del agua produzca una reacción mucho menos contenida e imprevisible por la simple razón de que el agua es un referente vital mucho más inmediato que el petróleo.
Es necesario que, al menos por una vez, el gobierno federal y el Poder Legislativo demuestren voluntad para escuchar las demandas y los puntos de vista de la ciudadanía y privilegien el sentido de país y los intereses nacionales por sobre los corporativos.
La jornada Te puedes documentar e informar en nuestra página www.cnee-sur.net y enviar tus comentarios y colaboraciones a: [email protected] ó [email protected]
