LA BARRENA

Los maestros opositores a la Reforma Educativa en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán acordaron que no iniciarán el próximo ciclo escolar programado para este lunes. En su lugar, convocaron a una marcha desde el Monumento a Benito Juárez a la Plaza de la Danza, en Oaxaca. Además tienen previsto iniciar de nueva cuenta con plantones en puntos carreteros.

    La Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidió esta madrugada el paro de labores, argumentando no haber alcanzado acuerdos con la Secretaría de Gobernación en su pugna por la derogación de la Reforma Educativa, así lo refirieron los profesores disidentes.
    En Oaxaca, con mucha certeza decimos que no iniciaremos el ciclo escolar mientras el gobierno federal mantiene esa cerrazón de no dar respuesta concreta a nuestras demandas”, Aseguró la vocera, Isabel García.
    José Luis Escobar, vocero de la Sección 7 de Chiapas, manifestó: “no hay nada que detenga el que no regresemos a clases el lunes 22”.
    Por su parte, Ramos Reyes Guerrero, dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero (CETEG), dijo que la pretensión es mantener el paro y que seguirán “en las protestas en las regiones, en los estados y a nivel nacional”, e informó que como parte de la coordinación entre la CETEG y la CNTE, participaran en la Asamblea Nacional que se llevará a cabo el 20 de agosto.
    Mientras que Eugenio Rodríguez, de la Sección 18 de Michoacán, informó que no se ha logrado algún acuerdo para mantener el paro que mantiene desde el 15 de mayo.
    ADEMÁS:
    “Yo espero que todos jalen” dice EPN sobre advertencia de la CNTE de no iniciar clases
    No obstante más de siete mil maestros iniciaron cursos de actualización y de pedagogía, así como de tres mil 800 escuelas de nivel básico pusieron en práctica el proyecto alternativo Proyecto Democrático de Educación y Cultura para el Estado de Michoacán, mismo que prenden extender a todo el estado.
    Indicó que el movimiento magisterial insistirá en por conseguir una reforma educativa que sea construida con la participación de todos los mexicanos, y en la cual los maestros son “una parte importante”.
    Los empresarios que integran el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigieron que el ciclo escolar inicie sin contratiempo y que todas las escuelas del país estén abiertas. Antes, la CNTE había alertado que no volvería a las aulas el lunes. “El próximo 22 de agosto debe haber clases en todo el país”, dijo el CCE. Señaló que sólo es “un grupo minoritario afecta el futuro de los niños con sus acciones desde hace más de 90 días”.
    “Nadie debe arrebatarles a los niños su derecho a la educación, pues es la única herramienta que les dará oportunidades en la vida”, expresó. Los empresarios pidieron a los padres de familia asistir con sus hijos a la escuela; a los directores y maestros les reclamaron refrendar su compromiso con su vocación y que hagan valer el derecho a la educación de niños y jóvenes.
    “Demostremos que el derecho a la educación debe estar por encima de los intereses de grupos. Y que somos más los que pensamos que nada justifica alejar a los niños de un mejor futuro”, dijeron.
    El CCE exhortó a todas las empresas del país, en especial a las ubicadas en Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero, alentar a sus colaboradores para que se involucren activamente en la educación de sus hijos, y les den facilidades laborales para que puedan acompañarlos al inicio de las clases.
    Por Redacción - Sin Embargo
En riesgo, miles de fábricas y de empleos al no incluir a las pymes en la medida: dirigentes
Corte Suprema argentina anula el tarifazo al gas de uso residencial
    Según el fallo, deberán regresar los precios que se cobraban antes del 31 de marzo
    En un fallo unánime la Corte Suprema de Justicia de Argentina anuló el aumento en las tarifas de gas para usuarios residenciales, que llegaron hasta mil por ciento, y estableció que la audiencia pública previa para determinar estos incrementos “es de cumplimiento obligatorio”, en un gesto muy claro ante las evidentes y “escandalosas” presiones del gobierno del presidente, el derechista Mauricio Macri, hacia el Poder Judicial.
    Es el mayor golpe recibido por el gobierno, pero varias organizaciones sociales estiman que el fallo es insuficiente y no protege a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y comercios, lo que puede provocar más cierres, más despidos y más inflación.
    Efectivos policiales llegaron con una orden de allanamiento del juez federal Luis Rodríguez al Ministerio de Energía, en esta capital, en el contexto de la causa iniciada contra su titular, Juan José Aranguren, por la compra de gas a Chile a precio mucho más alto que el que pagaba Argentina a Bolivia.
    Aranguren, quien es accionista de la trasnacional petrolera Shell, lo que es incompatible con su cargo actual, fue denunciado por los diputados del Frente para la Victoria (FpV) Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes lo acusaron de beneficiarse y beneficiar también a esa empresa con las compras a Chile, que no produce gas. El ministro permitió acceder a los documentos que se buscaban.
    En su fallo la Corte Suprema determinó que en relación con la “división de poderes y funciones”, corresponde al Ejecutivo fijar las tarifas y la implementación de la política energética; al Legislativo determinar el marco regulatorio general de la materia y las facultades tributarias, y al Poder Judicial “controlar si las tarifas se ajustan a la Constitución y la ley y su razonabilidad”.
    La resolución de la Corte no alcanzó a las pymes, comercios, industrias y otros que deberían pagar 500 por ciento de aumento, pero deja abierta la posibilidad de que puedan presentarse judicialmente, como ya lo anunciaron, pidiendo amparos y cautelares contra la medida.
    Dirigentes de las asambleas de las pymes advirtieron que si no se modifican las tarifas se pueden perder miles de fábricas y puestos de trabajo. Destacaron que “el fallo constituye en sí mismo un avance sobre la situación precedente” para los usuarios residenciales y al sostener la tarifa social, pero alertaron a que ante el actual contexto de recesión, caída de la actividad, disparo de la inflación e ingreso de importaciones, “la vigencia de un aumento como los que dispuso el Ejecutivo en las tarifas resulta insostenible para miles de unidades productivas, del comercio y los servicios.
    “El límite de 500 por ciento con retroactividad del cobro de facturas sigue resultando desproporcionado y confiscatorio”, señalaron, y advirtieron que dadas las condiciones son “los eslabones más débiles de la cadena los que sufran las peores consecuencias”.
    Avalaron el dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, quien señaló que “el acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de los comerciantes, las empresas, en especial, las pequeñas y medianas, las fábricas recuperadas y las cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”.
    Estas empresas representan más de 90 por ciento del total y generan 80 por ciento del empleo en Argentina. “Dejar instalada la inseguridad jurídica sobre el valor de las tarifas para este sector equivale a decretar el cierre de miles de empresas, suspensiones y despidos de trabajadores, situación que sin duda agravará la crisis ya existente”, alertaron las pymes. En este caso buscarán la forma de “impulsar un proceso colectivo que ampare al sector”.
    Por otra parte, en la sentencia de la Corte Suprema se advierte que el reajuste que pueda haber en el futuro debe mantener el “criterio de gradualidad” y evitar una tarifa “confiscatoria”.
    Más aún, establece que el Estado “debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”.
    Otro punto importante es un reclamo al Congreso sobre la necesidad de “dar cobertura al cargo de defensor del pueblo de la nación”.
    En su primera reacción, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que deberán regresar las tarifas que se cobraban antes del 31 de marzo pasado, y que en cumplimiento del fallo estaría llamando de inmediato para celebrar la audiencia pública en unas tres semanas.
    Por su parte, Aranguren dijo: “ahora ya sabemos lo que debemos hacer”, y adelantó que tomarán la misma medida para el caso del tarifazo en la electricidad, lo que fue otro anuncio importante.
    Peña aclaró que los usuarios residenciales que hayan pagado facturas con el incremento anulado por la Corte “tendrán una nota de crédito por la diferencia y una nueva factura acorde al fallo judicial”, pero planteó que ante este fallo el gobierno podría recurrir a fondos como los destinados a la “obra pública”, lo que fue utilizado en los últimos días como una amenaza, especialmente para los gobiernos de las provincias.
    En tanto, el juez en lo contencioso administrativo de La Plata, Luis Arias, que falló contra la aplicación del tarifazo el 8 de julio pasado, calificó de “importante” la decisión de la Corte Suprema de anular el incremento en el gas, aunque advirtió sobre las consecuencias por no haber incluido a las pymes que “se ven obligadas a pagar los aumentos, lo que va a provocar despidos”.
    A su vez, el senador y ex jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, del FpV, sostuvo que “el gobierno se ha topado con la realidad. Algo que se hace contra el sentido común, contra la jurisprudencia, contra las más mínimas cuestiones que hacen al buen funcionamiento estatal sólo podía tener un resultado como éste, que es malo para todos”.
    Consideró que la gestión de Macri debería “aprovechar” el fallo de la Corte para “dejar de lado la soberbia” y recomendó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que escuche “a los que saben del tema”, porque hay que contemplar “el impacto que esto tiene sobre la vida de la gente”.
Stella Calloni - La Jornada
Con esta entrega da por terminada su participación en el caso
SHCP usó deuda por $47 mil millones para pagar parte de pensiones de Pemex
    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recurrió al uso de deuda por 47 mil millones de pesos a través de Bondes D, para asumir una proporción del pago de pensiones y jubilaciones que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex), al reducir su pasivo laboral como parte de los compromisos de la reforma energética.
    Estos 47 mil millones de pesos se suman a 50 mil millones que el gobierno federal había aportado a la petrolera en diciembre de 2015.
    La dependencia señaló que esta inyección de liquidez “no representa un aumento adicional en la deuda del gobierno federal, ya que la entrega de los valores gubernamentales estuvo sujeta a la cancelación de títulos de crédito por el mismo valor”.
    Hacienda aseguró que una vez concluida la operación de intercambio, Pemex vendió los 47 mil millones de pesos de Bondes D a instituciones de la banca de desarrollo a precios de mercado, para hacer frente a sus obligaciones de pago por concepto de pensiones y jubilaciones de 2016 con dichos recursos.
    Señaló que la banca de desarrollo es un comprador activo de Bondes D, “porque las características de duración y flujos de pago de esos instrumentos los hacen atractivos para las tesorerías de dichas instituciones”.
    Hacienda argumentó que los Bondes D serán atractivos para la banca de desarrollo porque en los trimestres anteriores redujo la emisión de esos instrumentos, por lo que la operación realizada con Pemex el lunes 15 de agosto pasado “permitió satisfacer la demanda de las instituciones de la banca de desarrollo, y no se anticipa que éstas se vean en la necesidad de vender dichos valores en el futuro previsible”.
    Con la entrega de esos 47 mil millones de pesos, Hacienda aseguró que el gobierno federal da por terminado el proceso por el que asumió una fracción del pasivo laboral de Pemex, como parte de modificaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), y del reglamento de trabajo del personal de confianza.
    Hacienda detalló que el monto “ahorrado” en el pasivo laboral de la empresa asciende a 184 mil 200 millones de pesos, de los cuales 50 mil millones ya habían sido asumidos como obligación del gobierno en diciembre de 2015.
    En abril pasado el gobierno federal anunció la inyección de recursos a Pemex por 123 mil 500 millones de pesos, de los cuales 26 mil 500 millones fueron para el patrimonio de la empresa; 47 mil millones para el pago de pensiones que estaban sujetos a autorización y 50 mil millones serían resultado de ahorros.
    En su momento, analistas señalaron que el apoyo del gobierno federal a Pemex resultaba insuficiente debido a la baja en la producción de la empresa, a la reducción en los precios internacionales del crudo y a la carga fiscal.
    Miriam Posada García - La Jornada
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