Caso Conacyt: los científicos alcanzarían 82 años de cárcel
Ciudad de México, 26 de septiembre.- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que nueve exfuncionarios comandaban una organización criminal adentro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. (FCCyT), por lo que podrían alcanzar una condena de hasta 82 años y medio de prisión por los delitos a los que se les acusa, según reveló el periódico Reforma.
De acuerdo con el reportero Abel Barajas del medio de circulación nacional, los señalados como presuntos líderes de esta “organización criminal” son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos cuatro directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dictó la Fiscal Genny Franco Martínez, en la solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto a la que Reforma tuvo acceso.
Por lo anterior, la pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero, esto porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de cinco a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
En cuanto a las solicitadas y hasta ahora rechazadas órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos acusados, la Fiscalía argumentó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió sus detenciones y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
El Reforma también dio a conocer que para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron. “En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer”, agregó Abel Barajas en su reportaje.
Además, el medio añade que anteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le había entregado a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Dichas entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.
De acuerdo con el reportero Abel Barajas del medio de circulación nacional, los señalados como presuntos líderes de esta “organización criminal” son el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos cuatro directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dictó la Fiscal Genny Franco Martínez, en la solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto a la que Reforma tuvo acceso.
Por lo anterior, la pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero, esto porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de cinco a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
En cuanto a las solicitadas y hasta ahora rechazadas órdenes de aprehensión en contra de los científicos y académicos acusados, la Fiscalía argumentó que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió sus detenciones y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
El Reforma también dio a conocer que para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron. “En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer”, agregó Abel Barajas en su reportaje.
Además, el medio añade que anteriormente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le había entregado a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Dichas entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.
