Ciudad de México, 17 de feb de 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja (PT) presentó una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, con el objetivo de precisar la definición del delito de extorsión y endurecer las sanciones contra quienes lo cometan dentro del territorio nacional.
La propuesta contempla castigar a quienes, mediante amenazas o violencia, intenten obtener un beneficio económico. Además, explicó que, aunque el delito no se concrete, el daño psicológico y patrimonial ocurre en el mismo momento de la comisión del presunto delito.
Detalló que la reforma sancionará a los extorsionadores con penas más severas.
“Si el delito es cometido desde un reclusorio, el responsable recibiría una condena doble. El mismo criterio aplicaría en casos de extorsión contra sectores vulnerables de la sociedad”, explica el legislador federal.
“Se contempla protección especial a mujeres, niños, adultos mayores, migrantes y comunidades indígenas”, detalla el también abogado de profesión, en el marco de la protección a personas que integran los grupos vulnerables de la sociedad, apartado incluido en la política humanista del gobierno de la Cuarta Transformación.
El diputado federal del PT explicó que la mayoría de las víctimas no denuncian este delito, por lo que se intenta incentivar a las víctimas a reducir la cifra negra de la extorsión, misma que, “ha impedido que las autoridades dimensionen su impacto real”.
Recordó que, ya se realizó una reforma constitucional para incluirlo en los delitos con prisión preventiva oficiosa. “Ahora, la nueva propuesta pretende definirlo con mayor claridad en el marco legal, a favor del pueblo de México y en contra de aquellas personas que nos perjudican sistemáticamente”.
El parlamentario recordó que, “las extorsiones han obligado a familias a cerrar negocios o abandonar sus hogares. Grupos delictivos han convertido esta práctica en una fuente de ingresos ilegal.
“Esta reforma pretende impedir que los extorsionadores eludan la justicia por tecnicismos legales, ya que, es inaceptable que estos delincuentes continúen operando impunemente”, sostuvo Ricardo Mejía.
“Comerciantes, trabajadores, amas de casa e industriales han exigido acciones contundentes y, en este sentido, el Partido del Trabajo seguirá impulsando reformas para combatir la impunidad.
“El cobro de piso y el cobro de cuotas han golpeado la economía de miles de personas.
El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de cerrar los vacíos legales que favorecen a criminales. La reforma busca garantizar justicia para quienes han sido víctimas de este delito”, reiteró Ricardo Mejía Berdeja.
La propuesta contempla castigar a quienes, mediante amenazas o violencia, intenten obtener un beneficio económico. Además, explicó que, aunque el delito no se concrete, el daño psicológico y patrimonial ocurre en el mismo momento de la comisión del presunto delito.
Detalló que la reforma sancionará a los extorsionadores con penas más severas.
“Si el delito es cometido desde un reclusorio, el responsable recibiría una condena doble. El mismo criterio aplicaría en casos de extorsión contra sectores vulnerables de la sociedad”, explica el legislador federal.
“Se contempla protección especial a mujeres, niños, adultos mayores, migrantes y comunidades indígenas”, detalla el también abogado de profesión, en el marco de la protección a personas que integran los grupos vulnerables de la sociedad, apartado incluido en la política humanista del gobierno de la Cuarta Transformación.
El diputado federal del PT explicó que la mayoría de las víctimas no denuncian este delito, por lo que se intenta incentivar a las víctimas a reducir la cifra negra de la extorsión, misma que, “ha impedido que las autoridades dimensionen su impacto real”.
Recordó que, ya se realizó una reforma constitucional para incluirlo en los delitos con prisión preventiva oficiosa. “Ahora, la nueva propuesta pretende definirlo con mayor claridad en el marco legal, a favor del pueblo de México y en contra de aquellas personas que nos perjudican sistemáticamente”.
El parlamentario recordó que, “las extorsiones han obligado a familias a cerrar negocios o abandonar sus hogares. Grupos delictivos han convertido esta práctica en una fuente de ingresos ilegal.
“Esta reforma pretende impedir que los extorsionadores eludan la justicia por tecnicismos legales, ya que, es inaceptable que estos delincuentes continúen operando impunemente”, sostuvo Ricardo Mejía.
“Comerciantes, trabajadores, amas de casa e industriales han exigido acciones contundentes y, en este sentido, el Partido del Trabajo seguirá impulsando reformas para combatir la impunidad.
“El cobro de piso y el cobro de cuotas han golpeado la economía de miles de personas.
El Congreso de la Unión tiene la responsabilidad de cerrar los vacíos legales que favorecen a criminales. La reforma busca garantizar justicia para quienes han sido víctimas de este delito”, reiteró Ricardo Mejía Berdeja.
