Villahermosa, Tab., 14 de marzo de 2025.- Mediante un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno Federal formalizó la donación del Centro Penitenciario Estatal de Huimanguillo, Tabasco, al gobierno estatal, como parte de las gestiones impulsadas por el gobernador Javier May Rodríguez para modernizar la infraestructura penitenciaria y optimizar la seguridad en la entidad.
El inmueble, ubicado en Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo, abarca una superficie de 751 mil metros cuadrados y fue desincorporado del dominio público federal. Su transferencia permitirá al estado rehabilitar y poner en operación este complejo, diseñado para albergar a 720 personas privadas de la libertad, con el objetivo de descongestionar otros centros penitenciarios y garantizar mejores condiciones de derechos humanos para los reclusos.
Antecedentes y Plan de Reactivación
El penal, cedido en comodato a la extinta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en junio de 2023, nunca fue utilizado pese a su asignación inicial. May Rodríguez destacó que su rehabilitación será clave para redistribuir a la población penitenciaria en espacios más amplios y dignos, lo que facilitará procesos legales y reducirá el hacinamiento.
El acuerdo publicado en el DOF establece que el gobierno estatal está obligado a destinar el inmueble exclusivamente para funciones penitenciarias, sin posibilidad de cambiar su uso. “Este paso refuerza nuestra estrategia integral de seguridad y justicia, priorizando la reinserción social con enfoque humano”, afirmó el mandatario.
Impacto en la Política Carcelaria
La reactivación de este centro representa un avance en los esfuerzos de Tabasco por modernizar su sistema carcelario, un tema crítico en la agenda de seguridad pública. La administración estatal deberá coordinar con autoridades federales para asegurar que el sitio cumpla con estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad, salud y derechos fundamentales. Con esta acción, Tabasco busca no solo mejorar las condiciones de reclusión, sino también fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en un estado que enfrenta desafíos en la gestión penitenciaria. La medida se alinea con los compromisos de May Rodríguez de transformar la infraestructura crítica del sector seguridad, un pilar para reducir la reincidencia delictiva y promover la justicia social.
El pasado 10 de febrero, Javier May Rodríguez, anunció que el penal de alta seguridad de Huimanguillo estará en funciones en aproximadamente tres meses, tras ser rehabilitado. Con una capacidad para 720 personas privadas de la libertad, esta instalación perteneciente será utilizada por el estado para fortalecer el sistema estatal penitenciario.
“Se va a rehabilitar el centro de readaptación que era federal y pasa al estado. Vamos a reforzar de manera estratégica todos los penales, es decir, de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hay muchas carencias y por eso la prisa para habilitarlo y posteriormente, una vez que terminemos el penal de Huimanguillo, vamos a ir con los otros penales”, manifestó.
El inmueble, ubicado en Villa Estación Chontalpa, Huimanguillo, abarca una superficie de 751 mil metros cuadrados y fue desincorporado del dominio público federal. Su transferencia permitirá al estado rehabilitar y poner en operación este complejo, diseñado para albergar a 720 personas privadas de la libertad, con el objetivo de descongestionar otros centros penitenciarios y garantizar mejores condiciones de derechos humanos para los reclusos.
Antecedentes y Plan de Reactivación
El penal, cedido en comodato a la extinta Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en junio de 2023, nunca fue utilizado pese a su asignación inicial. May Rodríguez destacó que su rehabilitación será clave para redistribuir a la población penitenciaria en espacios más amplios y dignos, lo que facilitará procesos legales y reducirá el hacinamiento.
El acuerdo publicado en el DOF establece que el gobierno estatal está obligado a destinar el inmueble exclusivamente para funciones penitenciarias, sin posibilidad de cambiar su uso. “Este paso refuerza nuestra estrategia integral de seguridad y justicia, priorizando la reinserción social con enfoque humano”, afirmó el mandatario.
Impacto en la Política Carcelaria
La reactivación de este centro representa un avance en los esfuerzos de Tabasco por modernizar su sistema carcelario, un tema crítico en la agenda de seguridad pública. La administración estatal deberá coordinar con autoridades federales para asegurar que el sitio cumpla con estándares nacionales e internacionales en materia de seguridad, salud y derechos fundamentales. Con esta acción, Tabasco busca no solo mejorar las condiciones de reclusión, sino también fortalecer los mecanismos de control y vigilancia en un estado que enfrenta desafíos en la gestión penitenciaria. La medida se alinea con los compromisos de May Rodríguez de transformar la infraestructura crítica del sector seguridad, un pilar para reducir la reincidencia delictiva y promover la justicia social.
El pasado 10 de febrero, Javier May Rodríguez, anunció que el penal de alta seguridad de Huimanguillo estará en funciones en aproximadamente tres meses, tras ser rehabilitado. Con una capacidad para 720 personas privadas de la libertad, esta instalación perteneciente será utilizada por el estado para fortalecer el sistema estatal penitenciario.
“Se va a rehabilitar el centro de readaptación que era federal y pasa al estado. Vamos a reforzar de manera estratégica todos los penales, es decir, de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hay muchas carencias y por eso la prisa para habilitarlo y posteriormente, una vez que terminemos el penal de Huimanguillo, vamos a ir con los otros penales”, manifestó.
