Villahermosa, Tabasco.- En los mismos días aciagos que miles de familias eran hacignadas y abandonadas a su suerte en los fraccionamientos construidos con el dinero que miles de mexicanos enviaron a Tabasco para afrontar los efectos de recurrentes inundaciones, el granierato perpetraba su operación financiera más lucrativa.
El resultado: Decenas de propiedades acumuladas en México y en el extranjero a nombre del ex gobernador Andrés Granier y sus hijos, además de sus principales colaboradores; fortunas incalculables e innumerables negocios, todo al amparo del dinero público. La herencia: Un estado en bancarrota, con una deuda que supera los 20 mil millones de pesos.
“El Chelo” Granier, como lo llamaban sus seguidores y amigos, llegó a la gubernatura en 2007 con una popularidad increíble. “Nadie podía cuestionar su gobierno sin recibir el desprecio de sus seguidores y simpatizantes”, recuerda el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), en un informe difundido el 4 de diciembre 2012, en el triste epílogo del último de los regímenes priístas.
La asociación civil admite que el efecto de la campaña del llamado químico, de aparentar cariño y cercanía con la gente pobre y preocupado por su situación; regalando bicicletas, apoyo a grupos de iglesias, apariencia de político de izquierda, incluso, lo hizo un ídolo intocable en los primeros años de su gobierno.
Reseña cómo las inundaciones de 2007 subieron sus bonos. “Aparecía por todos lados, con todo el despliegue de los medios de comunicación a su alcance. Lo mismo socorría personas, sacando niños, consolando a ancianos, que entregaba despensas en la Quinta Grijalva”.
Aparentaba gallardía y enojo frente al gobierno federal, contra el que deslizó la tesis de ser el causante de las inundaciones por el mal manejo de presas y el principal culpable de las desgracias de Tabasco.
Sin embargo, el mismo hecho que catapultó su popularidad, fue el mismo que terminó por evidenciar toda la corrupción de su gobierno y mostró el rostro del gobernante codicioso y la persona carente de moral y de escrúpulos.
“La inundación de 2007 ya puso en duda la honestidad del gobierno de Andrés Granier, pues de toda la ayuda nacional e internacional enviada por la sociedad civil nunca rindió informe de su monto, ni de cómo y en qué se administró”, critica el organismo a favor de los derechos humanos.
Y va más allá. “Las inundaciones y el Plan Hídrico se convirtieron en un negocio de empresarios amigos y funcionarios en la colocación de costaleras, construcción de bordos, compra de terrenos y construcción de viviendas”, remata.
Entre calles polvorientas, llenas de basura y encharcadas de aguas negras, se levanta Ciudad Bicentenario. Es uno de los tres fraccionamientos que el gobierno de Granier construyó, producto de las aportaciones de empresas, fundaciones, asociaciones civiles y sociedad en general, pero también es sinónimo de la insensibilidad, de la falta de humanismo de un régimen que saqueó al estado.
. Con tres mil 625 mini-viviendas, territorialmente es el más grande de los tres conjuntos inmobiliarios que se hicieron para reubicar a casi 5 mil familias que vivían en zonas de alto riesgo de inundación.
Arquitectónicamente, el concepto indigna. Carece de identidad y se distingue por lo mal planeado. Lo mismo integra edificios con departamentos que áreas dúplex y casas de interés social, aunque todas marcadas por una constante: Son “pequeñas prisiones” de menos de 40 metros cuadrados en las que habitan familias numerosas.
El aspecto del que fuera calificado por el propio Granier como “un conjunto habitacional emblemático, que representa la grandeza y orgullo del pueblo tabasqueño que no sucumbió y defendió su vida ante los embates de la naturaleza”, está reducido a un campo de miles de casas amontonadas, donde abundan las necesidades, los reclamos sociales y escasean los servicios básicos.
Servicios básicos pésimos
La mala calidad del agua de consumo humano; el inestable suministro de electricidad; la falta de escuelas, centros de salud y espacios recreativos, aunado al pésimo servicio de drenaje, tensan la convivencia diaria. La delincuencia es otro mal que campea entre los corredores de cemento por donde deambulan decenas de personas sin empleo.
Las casas-habitación se reducen a estructuras de concreto deslucidas por la pintura descolorida. Los puestos de vendimia armados a base de láminas y madera proliferan. Hay perros por doquier, las aguas encharcadas forman pequeños ríos de pestilencia, no hay áreas verdes y el único parque es un montículo de “tierra roja” que los niños traviesamente han ido dispersando para usarlo como cancha de futbol.
“Los problemas, las carencias no son nuevas. Desde que llegamos aquí, hace un año, en el mes de julio de 2012, hemos padecido de todo. Nos sacaron de donde vivíamos para venirnos a tirar acá y abandonarnos a la suerte”, reclama don Manuel Ramírez, un vecino de la calle Circuito Pomoná.
De 54 años de edad, don Manuelito –como le llaman sus vecinos– saca el sustento diario de una improvisada carnicería. “Alcanza pa’ los frijoles, pero nada más; las ventas han caído mucho porque la gente que vive aquí está sin trabajo”, dice mientras retoza en su mecedora.
Durante más de 20 años tuvo su hogar en el andador Río Mezcalapa, en la colonia San Joaquín, ciudad de Villahermosa. Contrariado, narra que un día llegaron y lo forzaron a salir de su vivienda “porque nos íbamos a inundar”. Eran los tiempos de Granier.
“Con mi esposa, enferma de diabetes; mi hija, mi yerno, mi otro hijo y mi nieto, me trajeron acá con todo y tiliches. Apenas y entrábamos, pero no me dieron otra opción”, recuerda. Es cerca del mediodía. El calor aprieta en un área donde no hay árboles ni áreas verdes.
Para compensar la falta de espacio en la vivienda, la familia de don Manuel habilitó con láminas corroídas y madera apolillada un pequeño anexo donde está la carnicería, además del refrigerador, la lavadora y una diminuta parrilla que hace la función de estufa. “Adentro apenas y cupieron los muebles y las camas; entrabamos nosotros o nuestras pocas pertenencias”, suelta sin perder el sentido del humor.
Su vecina, doña Olga Arcos, escucha atenta el relato. Asiente cada vez que su colindante se queja de lo pequeñas que son las casas y lo malos que son los servicios básicos.
También llegó hace un año, luego de que la sacaron de la colonia 18 de Marzo. Aunque sólo vive con su hija mayor y su esposo, un operador de maquinaria que viaja todos los días a Villahermosa, cuenta las penumbras que han tenido que pasar para subsistir en un ambiente al que no termina de adaptarse.
“La verdad es que me deprimí mucho. Desde que llegué hace casi un año, estuve enferma como tres meses, tirada en cama de la depresión; de la noche a la mañana me quedé sin amigos, sin mis viejos vecinos, sin conocidos”. Ella es una persona de edad, es casi una sexagenaria, pero se define como una “luchona”.
De manera sucinta, hace un recuento de la vida en el Circuito Pomoná. “Todos los días es lo mismo; levantarse temprano para escurrir el agua negra que se encharca en la parte trasera de la casita porque falla mucho el drenaje; ver cómo sale mi viejo al trabajo, y de ahí a tratar con mi hija a sembrar algo en la poca tierrita que tiene el lugar, aunque a lo largo de un año no hemos tenido éxito en eso”, se lamenta.
En otros tiempos, recuerda, no era así. “Nuestro terreno era de 10 metros de ancho por 20 metros de fondo. Teníamos una casa chica en la 18 de Marzo, pero mucho espacio para sembrar. El dinero era poquito, pero teníamos tierrita pa’ tener una yuquita, unos chilitos, perejil, oreganón y hasta unas naranjitas agrias”, expresa con tristeza.
Ahora tiene que sobrevivir en una casa compuesta de cuatro cajones, dos de ellos, habitaciones con medidas de tres por tres metros, esto es, nueve metros cuadrados cada una; una sala-comedor de cuatro por cuatro metros, donde apenas y caben los muebles, y un baño de dos por dos metros, que en época de calor es todo un “infiernito”. En total, 38 metros de construcción, con escasa ventilación y fachada lúgubre.
Las casas-habitación construidas en los fraccionamientos Ciudad Bicentenario, Gracias México y 27 de Octubre –el corredor de los reubicados– violan lo dispuesto en la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco, además del reglamento de construcción del Ayuntamiento de Centro.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Vivienda, se entiende por una casa “digna y decorosa”, aquella que cumple disposiciones jurídicas y normativas que van desde el asentamiento humano hasta la construcción, habitabilidad y salubridad; servicios básicos; certeza jurídica para el ocupante, y criterios para la prevención de desastre.
No obstante, en esos tres conjuntos habitacionales ninguna de las cuatro mil 943 viviendas: 438 del Gracias México, 880 del 27 de Octubre, y 3 mil 625 de Ciudad Bicentenario, cumple estos preceptos.
Una investigación efectuada en su momento por el diario Novedades de Tabasco reveló que con el consentimiento del gobierno del estado y el ayuntamiento de Centro, la inmobiliaria Casas Geo edificó en Tabasco “mini-viviendas” de sólo 45 metros cuadrados, es decir, cinco metros menos que lo establecido en el Reglamento de Construcción.
Empero la realidad es todavía más lapidaria. Las casas no alcanzan siquiera esa medida, con lo que también se violó el principio que marca la Constitución General de la República, que las familias deben gozar de una vivienda digna.
Según la investigación periodística, “Casas Geo aprovechó las condiciones de las inundaciones para donar al gobierno del estado viviendas para los damnificados que fueron reubicados en Ciudad Bicentenario, con esa característica de 45 metros cuadrados, porque en situaciones de emergencia sí lo permite el reglamento de construcciones”.
Sin embargo, una vez pasada la emergencia, el grupo inmobiliario continuó la construcción de más de mil casas con fines de comercialización sin tener la licencia respectiva en el fraccionamiento Monteceibas.
Todo esto, según explicó la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), a sabiendas que las leyes municipales precisan que la superficie en vivienda comercializable de dos recámaras, sala-comedor, cocina y un baño en condominio es de por lo menos 50 metros cuadrados.
El trabajo periodístico concluyó que Casas GEO no es socio de la Canadevi debido a que, precisamente, sus proyectos inmobiliarios no cumplen las dimensiones mínimas que deben tener.
Esta “mínima” concesión puso en perspectiva gran parte de lo que sucedió durante el granierato con la compra de terrenos y construcción de viviendas. “Todo es negocio, todo es complicidad, todo es amiguismo, todo es prebendas”, denunciaron repetidamente desde líderes de partidos políticos de oposición hasta empresarios y líderes de organizaciones de la sociedad civil.
Con la injusticia cometida a las familias reubicadas, contrastan las mansiones, propiedades lujosas, negocios y millonarias sumas de dinero acumuladas por el ex gobernador Andrés Granier –hoy preso en un penal de la Ciudad de México–, su hijo Fabián y sus hijas Mariana y Paulina.
Pero no sólo fueron ellos. Se conoce que también su secretario de Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda –hoy preso en el reclusorio de Villahermosa–; su secretario de Obras Públicas, Héctor Manuel López Peralta; su secretaria de Educación, Beatriz Luque Greene; su directora de Agua Potable, Clisceria Rodríguez Alvarado, por citar algunos, gozaron del latrocinio perpetrado contra Tabasco.
Al ex mandatario Andrés Granier y a su familia, el Partido Acción Nacional (PAN) en Tabasco les documentó solamente en Villahermosa una lista de 19 propiedades.
De acuerdo con el Registro Catastral del Estado de Tabasco, el exgobernador y su familia cuentan con las siguientes propiedades, por citar algunas:
- Cuatro en Real del Sur;
- Una en el Fraccionamiento Paseos del Usumacinta;
- Una en Real de las Hadas;
- Una en la colonia Reforma;
- Dos en el Campestre;
- Una en Atasta de Serra;
- Tres en la colonia Tamulté;
- Una en Playa Miramar (Centla), que cuenta con una extensión de 850 metros cuadrados;
- Una en Jardines del Sur;
- Una en Ranchería Boquerón.
De su hijo Fabián, bautizado con el mote de “Favioncito” cuando se hizo público que usaba del avión oficial de gobierno para viajes de placer con sus amigos y amigas, investigaciones periodísticas descubrieron que adquirió un departamento en un exclusivo residencial de Miami, Florida.
El 11 de abril de 2011, en plena crisis por las inundaciones, Granier junior compró el departamento 3916 del Condominio Residencial Quantum onthe Bay a un precio de 225 mil dólares, en aquel momento poco más de 2.6 millones de pesos.
Otros reportes periodísticos indican que también habría adquirido en más de 50 millones de dólares el hotel ‘El Pueblito’, ubicado en el kilómetro 17.5 de la zona hotelera de Cancún, y con 350 habitaciones y categoría de cuatro estrellas.
También se le vincula en la inversión de 10 lujosos departamentos en la Torre Esmeralda en la misma zona hotelera. Cada inmueble tiene un valor variable de 20 y 25 millones de pesos, y se ha documentado que en la marina Nichupté, tiene anclado su yate “Andresito”, de 70 pies de eslora.
Todos los anteriores bienes los habría adquirido durante el sexenio de su padre, Andrés Granier.
Pero no fueron los únicos que se habrían enriquecido durante la gestión del polémico gobernante.
Al ex tesorero José Sáiz se le liga también con 19 propiedades, negocios con terrenos en el estado de Yucatán y el hallazgo de 88.5 millones de pesos el pasado 23 de mayo, cuya procedencia aún se desconoce.
Saiz Pineda fue exhibido además como propietario de un Ferrari F430, cuyo costo ascendía a 4 millones de pesos, el cual recibió en su residencia de Mérida, Yucatán.
Una emisión de Telerreportaje difundió en su momento que Tabasco “tenía nuevos ricos”, ante la versión de que al menos cuatro ex funcionarios de la SAOP se habrían enriquecido gracias a maniobras como el pago anticipado de obras públicas que nunca se concretaron.
La prensa tabasqueña publicó la existencia de una supuesta red de corrupción y desvío de fondos desde la extinta Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas (SAOP), gracias a la cual cuatro funcionarios de la dependencia adquirieron propiedades en Estados Unidos y España.
Incluso, el actual secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Manuel Ordóñez Galán, confirmaría que durante la gestión de López Peralta, “la corrupción extrema” permitió que se enriquecieran la ex directora de Obras Públicas, Alma Aurora Jiménez; la ex directora de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Clisceria Rodríguez, y el ex director de la Junta Estatal de Caminos, Francisco Vega Celorio.
“Hay contratos de obras que están pagadas que no están ejecutadas hasta el día de hoy…La ley no tiene límites y chiquito se les va a hacer el mundo para esconderse la gente que tenga responsabilidades”, advirtió Ordóñez.
Actualmente, entre 14 y 15 constructoras están siendo investigadas por ser prestanombres de Héctor López Peralta y otros por ser cómplices del atraco por haber obtenidos contratos de obra ilegalmente e inflar los costos.
