La crisis de desapariciones en México fue remitida a la Asamblea General de la ONU después de que el Comité contra la Desaparición Forzada activó el procedimiento previsto en el artículo 34 de la convención internacional sobre esta materia. El paso coloca el caso mexicano en un nivel más alto de revisión internacional, aunque hasta ahora no se ha informado una fecha para su discusión en ese órgano.
Para las familias de personas desaparecidas, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos, la decisión implica que la magnitud del problema ya fue presentada ante el principal espacio deliberativo de Naciones Unidas. En términos prácticos, abre la puerta a que se consideren medidas de apoyo para prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.
Qué datos sostienen la revisión sobre desapariciones en México
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay 135 mil 072 personas desaparecidas, de las cuales 29 mil 277 son mujeres. El comité también citó el hallazgo continuo de fosas clandestinas y refirió estimaciones de más de 4 mil 500 fosas, con más de 6 mil 200 cadáveres, 4 mil 600 restos humanos y alrededor de 72 mil restos humanos no identificados.
Según la resolución difundida por el comité, la información recibida contiene indicios de que en el país "se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas" y que estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. El organismo basó esa valoración en información reunida desde 2012, incluidos exámenes periódicos, su visita a México en 2021 y acciones urgentes promovidas por víctimas, además de documentación presentada por la sociedad civil.
México registra 135 mil 072 personas desaparecidas y no localizadas, según el registro nacional citado en el caso ante la ONU.
Amnistía Internacional consideró que el envío del caso a la Asamblea General reconoce la gravedad y persistencia de la crisis y lo describió como una oportunidad para fortalecer la respuesta del Estado. La organización señaló que el apoyo internacional podría incluir cooperación técnica, financiamiento y asistencia especializada para búsqueda, análisis forense e investigación, así como para indagar posibles vínculos entre funcionarios públicos y crimen organizado.
El Gobierno de México, por su parte, rechazó el informe del comité y sostuvo que la decisión es "parcial y sesgada" porque, dijo, omitió esfuerzos institucionales presentados por el Estado. Esa respuesta deja claro que, por ahora, el proceso está en una fase de señalamiento y revisión internacional, no en una resolución final sobre medidas concretas.
Lo que sigue es que la situación ya quedó formalmente transmitida a la ONU, pero el insumo disponible no precisa cuándo podría abordarse en la Asamblea General ni qué acciones específicas se pondrían a votación. Mientras eso se define, el dato central para la población es que la crisis de desapariciones en México ya escaló al foro más amplio del sistema multilateral y mantiene bajo escrutinio internacional la respuesta del Estado.
#TomaNota
- 18 de junio de 2026: se confirmó que el caso fue transmitido a la Asamblea General de la ONU.
- El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó el procedimiento y el Secretario General lo remitió.
- Hasta ahora no se informó una fecha pública para que la Asamblea General discuta el caso.
- El comité citó más de 4 mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 72 mil restos humanos no identificados.
