El gobierno federal rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y sostuvo que su evaluación sobre las desapariciones forzadas en México no refleja la situación actual del país. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores señalaron que el documento omitió observaciones y datos actualizados entregados por el Estado mexicano antes de la resolución.
La postura oficial sostiene que el procedimiento previsto en la Convención aplica a contextos donde las desapariciones forzadas son generalizadas o sistemáticas y existe negativa de las autoridades para actuar o cooperar. Según el gobierno, ese supuesto no corresponde al México actual, por lo que consideró que el informe presenta una lectura parcial del problema.
Qué dijo México sobre el informe de desapariciones forzadas
De acuerdo con el comunicado, el Comité centró su análisis principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y en situaciones registradas en cuatro estados. La administración federal afirmó que el documento no incorporó de forma suficiente los cambios institucionales emprendidos desde 2019 y, en particular, las reformas aprobadas en julio de 2025.
El gobierno también citó los párrafos 117 y 118 de la decisión del propio Comité, donde, según su interpretación, se reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Con base en ello, México argumentó que la situación actual es distinta a la de periodos anteriores.
Las reformas que el gobierno dice que no fueron consideradas
El gobierno afirma que el informe de la ONU omitió reformas aprobadas en julio de 2025 para búsqueda e identificación.
Entre los avances que la administración federal aseguró que no fueron valorados de manera adecuada están la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la apertura obligatoria de carpeta de investigación desde el primer reporte, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. También mencionó el refuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda y la coordinación obligatoria entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la FGR.
El comunicado añade que México mantiene cooperación cotidiana con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos y que seguirá abierto a la asistencia técnica internacional. Al mismo tiempo, dejó claro que rechaza evaluaciones construidas, según su postura, sobre premisas que no corresponden a la realidad actual de las desapariciones forzadas en México.
Por ahora, el posicionamiento oficial no anuncia nuevas medidas para la población ni modifica trámites de denuncia o búsqueda. Lo inmediato es un desacuerdo público entre el Estado mexicano y el Comité de la ONU sobre el alcance del problema y sobre si las reformas recientes son suficientes para atenderlo.
#TomaNota
- El gobierno dijo que el informe se centra sobre todo en hechos de 2009 a 2017 y en cuatro estados.
- La postura fue difundida por las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores.
- México sostuvo que el Comité no incorporó información actualizada entregada antes de publicar su resolución.
- Entre los cambios citados están la Alerta Nacional de Búsqueda y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
