Clan Granier, acapara en Yaxkukul más de 700 hectáreas

Mérida, Yucatán., 30 de julio/ El perverso plan, a cargo del grupo que saqueó Tabasco y su contraparte yucateca, utiliza ahora una técnica “mejorada” y “perfeccionada” que consiste en usurpar prácticamente todas las prerrogativas de los genuinos ejidatarios a través de la figura de “representación-comisario ante terceros”, que se encarga de “tramitar” la entrega de las tierras a una sociedad mercantil a manera de “aportación”, desde luego previo cambio del destino de las tierras de uso común a privadas.
    Además de la simulación, en este caso concreto existe perversidad porque quizá la mayoría de los ejidatarios no sepa que el abogado Rafael Acosta Solís, su “representante-comisario” en este proyecto, representa o ha representado los intereses de quienes conforman la sociedad mercantil a la que se entregarán las 700 hectáreas.
    Como hemos documentado de manera irrefutable, Acosta Solís está vinculado al Clan Granier Melo-Sáiz Pineda-Amílcar Villanueva y su contraparte yucateca, que encabezan Esteban Correa Bolio y Lorenzo Medina González, quienes a través de Patrimonio Kanasín y otras empresas y financieras han lavado parte del cuantioso botín robado al pueblo tabasqueño.
    Los ejidatarios de Yaxkukul todavía están a tiempo de evitar la pérdida de las últimas hectáreas de uso común que le quedan a ese ejido.
    Sin embargo así como el artículo 75 contempla la figura de representación para entregarle a un tercero, las tierras o parte de ellas, contempla también que será la Procuraduría Agraria la encargada de velar por el interés del núcleo ejidal cerciorándose que en “el proyecto de desarrollo” y “de escritura social” dejen clara la “manifiesta utilidad” para los genuinos ejidatarios.

El mecanismo
El 3 de mayo del 2012 se llevó a cabo una asamblea en la que los ejidatarios tomaron el acuerdo de “aportar” 700 hectáreas de tierras de uso común a una sociedad mercantil con el fin de que pasen a ser propiedad privada. También acordaron que el licenciado en Derecho Rafael Acosta Solís sea el encargado de llevar a cabo la operación, aunque curiosamente en ningún momento se precisa el nombre de dicha “sociedad mercantil”.
    En el Registro Agrario Nacional hay dos actas que corresponden a la sesión del 3 de mayo del 2012; la primera, en la que los ejidatarios acuerdan aportar las tierras de uso común que le queda al ejido a una sociedad mercantil, fue inscrita el 14 de noviembre del 2012; la segunda, en la que aparece Rafael Acosta Solís como el profesional encargado de hacer la “aportación de tierras”, fue inscrita el 8 de noviembre del 2012.
    A esta asamblea, según el acta, acudieron 201 de los 374 ejidatarios con derechos vigentes, el 53.74 del total.
    En el séptimo punto del orden del día del primer acuerdo, el comisario ejidal Gabriel Arturo May Pech señala “la necesidad de que las tierras de uso común del ejido no sigan ociosas y que se puedan aprovechar obteniendo créditos y creando infraestructura, y que la opción más viable es la de aportarlas a una sociedad mercantil, pues se vuelven propiedad privada”.
    “Como es de su conocimiento, la mayoría de nuestras tierras fueron mal vendidas a empresarios oportunistas, que utilizaron la figura de la simulación para apoderarse de ellas a un precio muy barato, inclusive modificando planos en nuestro perjuicio y con la complicidad de varios ejidatarios y de las autoridades ejidales; esto ha hecho que actualmente el ejido tenga 700 hectáreas de uso común y en varias asambleas los ejidatarios han pedido se realice el reparto de las tierras para que se utilicen y aprovechen de mejor forma, por lo que después de estudiar las figuras que contempla la ley hemos encontrado que la mejor forma es que se a utilizada la figura contemplada en el artículo 75 de la Ley Agraria, que es la de aportar las tierras a una sociedad mercantil, donde el ejido esté representado.
    “Pues con esa opción podríamos pedir créditos, vender una parte para financiar proyectos, arrendarlas, entre otras cosas, pues al estar en régimen de propiedad privada tendremos mejores opciones, pues el actual régimen de uso común sólo sirve para que los especuladores lucren con nuestra miseria y con la avaricia de algunos integrantes del ejido cuya capacidad económica es muy notoria y la mayoría de los ejidatarios estamos con serios problemas económicos, además nuestras tierras son aptas para el henequén y del conocimiento de la población que próximamente se abrirá una nueve desfibradora promovida por el Gobierno Federal, por lo que vale la pena que retomemos el cultivo del henequén y lo explotemos pues tenemos tierras para ello”.
    Derivado de lo anterior se propone el acuerdo de “aportar el total de tierras de uso común que le quedan el ejido” a una sociedad mercantil cuyo nombre se desconoce.
    “Que las tierras de uso común restantes del ejido sean aportadas a una sociedad mercantil para que cambien de destino de uso común a privadas y que la misma tenga como objeto la siembra y explotación de henequén”.
    Un grupo de ejidatarios integrado por Donaciano Castro Chan, Leonardo Vargas Chuc y Hedioro Genaro Ek Poot, simulan otra propuesta: dicen que en vez de aportar las tierras a una sociedad mercantil se enajenen en su totalidad a dos empresas: Asociación de Agricultores Mexicanos y Agricultores Unidos de México, ambas con el carácter de Asociación Rural de Interés Colectivo de Responsabilidad Limitada de Capital Variable.
    Señalan que ambas empresas desean adquirir todas las tierras de uso común y que están dando el mejor precio del mercado y que dichas tierras serán utilizadas para proyectos productivos, por lo que proponen:
    “Que se rechace la aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil y que se les enajene dichas superficies a las empresas…”.
    Se somete a votación de la asamblea ambas propuestas: la primera obtiene 194 votos, el 98.48 de los presentes, mientras que la segunda obtiene sólo 3 votos, precisamente de quienes la promovieron.
    En el décimo punto del orden del día se propone que se realicen los proyectos de desarrollo y escritura social para efectos de dar cumplimiento a lo que estipula la fracción II de artículo 75 de la Ley Agraria, lo que se aprueba. Se asienta que una vez que se terminen los proyectos, se presenten a la opinión de la Procuraduría Agraria para que emita su opinión al respecto y ésta sea puesta a consideración de los ejidatarios en la asamblea de formalidades especiales que se exige para la aportación de tierras.
    Por lo que toca a la segunda acta de la sesión del 3 de mayo del 2012, en el octavo punto del orden del día, el comisario ejidal Gabriel Arturo May Pech expone la necesidad de contratar a un profesional “que se encargue en forma global de realizar todo el proceso de aportación de tierras a una sociedad mercantil” y por ello propone la contratación de un Licenciado en Derecho, que resulta ser Rafael Acosta Solís.
    En el punto 8 del orden del día se consigna: “Como es de su conocimiento el licenciado Rafael Acosta Solís es quien ha asesorado al ejido en toda esta gestión, y los resultados han sido buenos, pues ha dado tranquilidad al ejido, las cosas marchan con un cauce legal, se está litigando las irregularidades que se han detectado y se está cumpliendo la promesa que hice al asumir el cargo de repartir las tierras a cada ejidatario, por lo que considero que la persona idónea para que nos apoye en todos los trabajos de aportación de tierras de uso común a una sociedad mercantil sea el Licenciado en Derecho Rafael Acosta Solís”, lo cual se aprueba sin objeciones y con el voto a favor de los 201 ejidatarios presentes.
    Como es de esperarse, el comisario propone que se le pague “el 9 por ciento del total de la superficie a regularizar, que podría ser en especie, como se hizo en la operación anterior, por lo que sería en tierras, por lo que propongo que se haga como se hizo anteriormente” (Punto 10 de la orden del día). En el punto once se aprueba la propuesta con el 100 por ciento de los votos.
    El acuerdo señala: “acuerdo en el que se establece que los honorarios del Licenciado Rafael Acosta Solís sean por el monto del 9 por ciento de la superficie que se va aportar a la sociedad mercantil y que dicha cantidad se pague en especie, es decir, en terrenos”.

Los vínculos de Rafael Acosta Solís
Aunque este abogado ha intentado negar por todas las vías sus vínculos con el ex Secretario de Administración y Finanzas de Tabasco, José Manuel Sáiz Pineda, y con su contraparte yucateca, hay numerosas evidencias que lo vinculan con varias transacciones llevadas a cabo por este grupo criminal.
    Primero. El ex subprocurador de Justicia en la entidad aparece en Tixpéhual como avecindado, donde curiosamente también figura como “ejidatario” Sáiz Pineda, de acuerdo con los documentos del acta de asamblea, los dos son ampliamente conocidos en el lugar.
    En este ejido también aparecen como “ejidatarios” Camilo José Otero Roche y María José Ongay Esquivel, quienes recibieron de Abraham Cupil Córdova 69 millones de pesos por la venta de 6 hectáreas de este poblado; ellos, como dimos a conocer en su opotunidad, son empleados de Esteban Correa Bolio y Lorenzo Medina González, “ejidatarios” junto con Sáiz Pineda, también en Kanasín.
    Acosta Solís presenta documentos con datos falsos, como una carta de vecindad en la que se establece que “lleva 44 años como habitante de Tixpéhual”, es decir, toda su vida, aunque nació un 12 de septiembre de 1968, pero en la Ciudad de México.
    Segundo. El despacho de Rafael Acosta Solís, ubicado en el predio 246 de la calle 49, entre 30 y 32 de la colonia San Antonio Cucul, corresponde precisamente a la Oficina para Asuntos Jurídicos de la Península, donde se regularizan los terrenos en manos de Patrimonio Kanasín. Patrimonio Kanasín es la que promueve el juicio ante el Tribunal Agrario (TUA 34-290/2012) para que se inscriba ante el Registro Agrario Nacional el acta de la asamblea ejidal de Kanasín del 26 de diciembre del 2010.
    En los documentos disponibles en el RAN, el comisario Marcelino Uicab Uicab, por mera “coincidencia”, señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, el predio antes citado.
    Cabe recordar que en esta asamblea del 2010 se hizo el cambio de destino, asignación y reconocimiento de dominio pleno a los posesionarios de un total de 737.86 hectáreas, la mayoría de las cuales se entregan a un grupo comandado por José Manuel Sáiz Pineda, quien aparece ya como “ejidatario”. Estas parcelas son parte de las que se entregaron a Patrimonio Kanasín, cuyo socio es Lorenzo Medina González. Acosta Solís se ha auto-nombrado “abogado comercializador” de esta empresa.
    Los beneficiados con esta acta de asamblea son los “ejidatarios” José Manuel Sáiz Pineda, Juan José Sáiz Zarza, Lorenzo de Jesús Medina González, Marvi Javier Carrillo Góngora, Antoni Israel de Guadalupe Osorio Loría y Francisco Humberto Cob Baeza.
    Tercero. Acosta Solís también aparece como “avecindado” en el ejido de Baca, reconocido por la asamblea el 17 de mayo del 2011 como “campesino”, no obstante que, según los datos de Tixpéhual, ha “radicado” en este poblado toda su vida; hay una carta de vecindad otorgada por el Ayuntamiento de Baca (oficio PRE/0401/2011) en la que señala que Acosta Solís “radica” desde hace dos años en la calle 20 número 92, entre 15 y 17 de Baca, Yucatán.
    En Baca, aparecen también como “avecindados”, reconocidos por la asamblea el 7 de marzo de 2013, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez; el primero es papá de Lorena Millet Menéndez y el segundo es su hermano; ella es accionista junto con Leonel Medina González de la empresa MZ Operaciones, una de las empresas y financieras creadas por el clan Granier Melo-Sáiz Pineda para el lavado de dinero.
    Cuarto. Ahora Acosta Solís es el encargado de “aportar” a una sociedad mercantil las tierras que le quedan de uso común de Yaxkukul, lo que implica un cambio en la forma de operar para hacerse de tierras y en este sentido el abogado pide que le paguen en especie, es decir, con tierras.
    Lo dicho: los ejidatarios de Yaxkukul han entregado las llaves del cielo al mismo diablo.