Claudio X. asesoró a Xóchitl Gálvez para pedir réplica en “la mañanera”
Ciudad de México.- El Consejo Nacional de Litigio Estratégico, integrado, entre otros, por los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, fue el despacho que asesoró a la panista Xóchitl Gálvez para obtener una suspensión que le permite participar en la conferencia mañanera.
La propia organización dio a conocer que el pasado día 7 “un juzgado federal en materia civil de la Ciudad de México, a instancias del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, reconoció el derecho de réplica de la senadora Xóchitl Gálvez y le otorgó un amparo para que durante la transmisión de la conferencia mañanera, en el mismo horario y con características similares, pueda aclarar la información falsa e inexacta difundida sobre su persona”.
Fue a través de un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la conferencia mañanera que una juez de distrito en materia administrativa señalara que la ley reglamentaria del derecho de réplica es aplicable a las conferencias mañaneras del Ejecutivo federal.
“Se ha convertido en un espacio de presión para periodistas y comunicadores, lo cual inhibe el ejercicio de su actividad”, acusa.
Esta acción se suma a otras varias ejecutadas en contra de decisiones tomadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Otros casos relacionados con X. González
La organización también presentó en su momento una demanda de amparo, con la que impugnó “la inconstitucionalidad del decreto por el que se aprobó la segunda parte del plan B electoral, que modifica principalmente la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE)”. Asimismo, ha impulsado juicios vinculados con la designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, obteniendo suspensiones para “obligar al Senado a seguir el proceso”.
Otra situación en la que se involucró la organización para promover juicios es la obtención de una “suspensión de plano, por la que se ordenó que las autoridades brindaran de inmediato medicamentos” a un paciente con VIH.
La página web de la organización civil indica que se integra, en su mayoría, por abogados “unidos en el objetivo de preservar el estado de derecho en México y defender las instituciones a través de las herramientas de acceso a la justicia”.
La propia organización dio a conocer que el pasado día 7 “un juzgado federal en materia civil de la Ciudad de México, a instancias del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, reconoció el derecho de réplica de la senadora Xóchitl Gálvez y le otorgó un amparo para que durante la transmisión de la conferencia mañanera, en el mismo horario y con características similares, pueda aclarar la información falsa e inexacta difundida sobre su persona”.
Fue a través de un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la conferencia mañanera que una juez de distrito en materia administrativa señalara que la ley reglamentaria del derecho de réplica es aplicable a las conferencias mañaneras del Ejecutivo federal.
“Se ha convertido en un espacio de presión para periodistas y comunicadores, lo cual inhibe el ejercicio de su actividad”, acusa.
Esta acción se suma a otras varias ejecutadas en contra de decisiones tomadas por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Otros casos relacionados con X. González
La organización también presentó en su momento una demanda de amparo, con la que impugnó “la inconstitucionalidad del decreto por el que se aprobó la segunda parte del plan B electoral, que modifica principalmente la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE)”. Asimismo, ha impulsado juicios vinculados con la designación de comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, obteniendo suspensiones para “obligar al Senado a seguir el proceso”.
Otra situación en la que se involucró la organización para promover juicios es la obtención de una “suspensión de plano, por la que se ordenó que las autoridades brindaran de inmediato medicamentos” a un paciente con VIH.
La página web de la organización civil indica que se integra, en su mayoría, por abogados “unidos en el objetivo de preservar el estado de derecho en México y defender las instituciones a través de las herramientas de acceso a la justicia”.