VILLAHERMOSA, TABASCO, 10 DE DICIEMBRE DE 2010.- El diputado del PRD, Juan José Peralta Fócil, denunció que, desde el 2006 a la fecha, se ha vuelto una “práctica nociva” que el Congreso le autorice al Ejecutivo ejercer un presupuesto determinado, pero le deja a su libre arbitrio gastar “miles de millones de pesos” sin control alguno y sin que el Legislativo se lo haya autorizado.
Afirmó que el proyecto de presupuesto que el gobernador Andrés Granier Melo envió a la Cámara de Diputados para su “discusión” y aprobación, no es más que un “catálogo” de rubros, por lo que viola lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Por ello, le pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, le hiciera llegar una petición a Granier en la cual le pide que se sujete a lo que señala la referida ley y envíe al Congreso un proyecto verdadero de presupuesto. Previo a que se sometiera a la consideración del pleno el orden del día, que contempló la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y los 17 municipios tabasqueños, pidió que se retirara esos puntos en virtud que con anterioridad el PAN y el PRD plantearon la necesidad de que compareciera el titular de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda para que les aclarara dudas en torno a las finanzas públicas y la integración del presupuesto para que los diputados pudieran tomar “una decisión razonada”. Sin embargo, dijo Peralta Fócil, bajan las leyes de ingresos sin haber resuelto la petición de los legisladores, lo cual constituye una “falta de respeto”.
Enseguida hizo notar que, desde el 2006, en el último año del gobierno de Manuel Andrade Díaz, se volvió en una “vieja práctica” que el Congreso le apruebe un presupuesto y termine ejerciendo otro.
En ese año, ejemplificó, el Congreso le autorizó a Andrade 21 mil 873 millones 838 mil 232 pesos, pero al final del 2006 ejerció 29 mil 788 millones mil 658 pesos. Es decir, 8 mil millones de pesos más.
En el 2007, primer año de gobierno de Granier, la Cámara de Diputados le autorizó 22 mil 431 millones 722 mil 615 pesos, pero terminó ejerciendo 29 mil 968 millones 104 mil 95 pesos. Es decir, se gastó siete mil millones de pesos más sin autorización del Legislativo.
La historia se repitió en el 2008. Ese año se le autorizó a Granier 27 mil 542 millones 251 mil 191 pesos y cerró el ejercicio fiscal con 37 mil 203 millones 895 mil 567 pesos. Esto es, 10 mil millones de pesos más que se gastaron a discreción por Granier.
En el 2009, el Congreso le autorizó al Ejecutivo un presupuesto de 29 mil 298 millones 318 mil 745 pesos, seis mil millones de pesos más a lo que se le autorizó el año pasado.
Este año, a Granier se le aprobó un presupuesto de 29 mil 491 millones de pesos y hasta noviembre pasado, según el titular de Finanzas, había ejercido un presupuesto de 35 mil millones de pesos, esto es seis mil millones de pesos más o lo originalmente autorizado.
Para el 2011, al Ejecutivo se le autorizará un presupuesto de 31 mil 902 millones 2 mil 4 pesos, pero se estima que puede cerrar en cuando menos 35 mil millones de pesos.
Peralta Fócil señaló que no se trata de un asunto de “poco monta”, sino de vital importancia, porque lo que se apruebe impactará en la vida económica del estado, por lo que no se trata de “prender la maquinaria” y “adiós al debate”, sino que se tiene que discutir ampliamiente este tema.
Manifestó que el Congreso no puede someterse al dictado del “sí señor” y aprobar todo lo que le envía el Ejecutivo sin discutir bien el tema, pues en caso de que se le apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se le estaría expidiendo “un cheque en blanco” a Granier por unos tres mil millones de pesos, para que él decida de manera discrecional como gastarlo sin que la Legislatura se lo haya autorizado.
Aseguró que se trata de un “asunto grave”, por lo que pidió que se analice “con todo detenimiento” la integración del presupuesto e insistió en que el Congreso no se debe plegar a la política del “sí señor”, sino que se debe estar con el pueblo.
Por ello propuso al pleno posponer el tratamiento y resolución de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los 17 ayuntamientos y del gobierno estatal hasta la última semana del mes de diciembre para analizar correctamente el contenido de los dictámenes.
En defensa del paquete económico, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas quien argumentó que las diferencias en las cantidades estimadas y las ejercidas, se debe a una “deficiencia” en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Poder Legislativo, el cual plantea cada uno de esos rubros en tiempos diferentes.
Reconoció que hay un desfase de tiempos entre la ley federal en la materia y la estatal, pues “la normatividad local establece como plazo hasta el 30 de octubre para que los Ayuntamientos y el Ejecutivo presenten sus proyectos de Ley de Ingresos, mientras la normatividad federal tiene como plazo hasta el 31 de enero, para publicar las participaciones federales a los estados y después corren 15 días para publicar en el Periódico Oficial las fórmulas de asignación a los municipios”.Expresó que el artículo 13 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, “prevé que dichas cantidades de la Ley de Ingresos puedan ser variables y modificarse mes con mes, de acuerdo a diversos movimientos que sufran los Ingresos del Estado conforme a las participaciones federales, que dependen también en gran parte, del precio del barril de petróleo.” Por ello, expuso Valenzuela Pernas, no se trata de un problema de legalidad, sino de la normatividad local.En tanto, la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, coincidió con Valenzuela Pernas en el sentido de que se trata de un problema de ineficiencia de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del Congreso, pero señaló que las iniciativas o proyectos que envía el Ejecutivo no se pueden aprobar a “ultranzas”.
El problema no es de falta de voluntad, sino de eficacia de la normatividad que regula el trabajo legislativo, el cual lamentó que en los últimos años se haya ido acotando y los diputados hoy en día tengan menos facultades.
Inclusive, la legisladora priista señaló que ante esos “vacíos” que hay en la ley, “desafortunadamente” la Junta de Coordinación Política es la que decide. Inclusive, cuestionó que ni siquiera esté reglamentado un debate previo a la aprobación del orden del día.
Beaurregard de los Santos también se quejó de que reciban los dictamen con poco tiempo para revisarlos a fondo, por lo que se tiene que votar prácticamente “a ciegas” y votar a favor para que luego no les digan a los diputados del PRI que “no somos disciplinados”.
En el orden del día estaba contemplada una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para subsanar todas estas deficiencias, que la diputada optó por retirar. Anunció que entregará una copia de su propuesta a todos diputados para que la enriquezcan y tenga el consenso de todos antes de bajarla al pleno. La propuesta de Peralta Fócil fue desechada por el pleno, por lo que se discutieron y aprobaron las leyes de Ingresos del gobierno estatal y de los 17 ayuntamientos tabasqueños. Los cuatro diputados del PRD, Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez, Bernardo Barradas Ruiz y Peralta pidieron autorización para retirarse y regresar en asuntos generales.
Afirmó que el proyecto de presupuesto que el gobernador Andrés Granier Melo envió a la Cámara de Diputados para su “discusión” y aprobación, no es más que un “catálogo” de rubros, por lo que viola lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público.
Por ello, le pidió al presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, le hiciera llegar una petición a Granier en la cual le pide que se sujete a lo que señala la referida ley y envíe al Congreso un proyecto verdadero de presupuesto. Previo a que se sometiera a la consideración del pleno el orden del día, que contempló la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado y los 17 municipios tabasqueños, pidió que se retirara esos puntos en virtud que con anterioridad el PAN y el PRD plantearon la necesidad de que compareciera el titular de Finanzas, José Manuel Saiz Pineda para que les aclarara dudas en torno a las finanzas públicas y la integración del presupuesto para que los diputados pudieran tomar “una decisión razonada”. Sin embargo, dijo Peralta Fócil, bajan las leyes de ingresos sin haber resuelto la petición de los legisladores, lo cual constituye una “falta de respeto”.
Enseguida hizo notar que, desde el 2006, en el último año del gobierno de Manuel Andrade Díaz, se volvió en una “vieja práctica” que el Congreso le apruebe un presupuesto y termine ejerciendo otro.
En ese año, ejemplificó, el Congreso le autorizó a Andrade 21 mil 873 millones 838 mil 232 pesos, pero al final del 2006 ejerció 29 mil 788 millones mil 658 pesos. Es decir, 8 mil millones de pesos más.
En el 2007, primer año de gobierno de Granier, la Cámara de Diputados le autorizó 22 mil 431 millones 722 mil 615 pesos, pero terminó ejerciendo 29 mil 968 millones 104 mil 95 pesos. Es decir, se gastó siete mil millones de pesos más sin autorización del Legislativo.
La historia se repitió en el 2008. Ese año se le autorizó a Granier 27 mil 542 millones 251 mil 191 pesos y cerró el ejercicio fiscal con 37 mil 203 millones 895 mil 567 pesos. Esto es, 10 mil millones de pesos más que se gastaron a discreción por Granier.
En el 2009, el Congreso le autorizó al Ejecutivo un presupuesto de 29 mil 298 millones 318 mil 745 pesos, seis mil millones de pesos más a lo que se le autorizó el año pasado.
Este año, a Granier se le aprobó un presupuesto de 29 mil 491 millones de pesos y hasta noviembre pasado, según el titular de Finanzas, había ejercido un presupuesto de 35 mil millones de pesos, esto es seis mil millones de pesos más o lo originalmente autorizado.
Para el 2011, al Ejecutivo se le autorizará un presupuesto de 31 mil 902 millones 2 mil 4 pesos, pero se estima que puede cerrar en cuando menos 35 mil millones de pesos.
Peralta Fócil señaló que no se trata de un asunto de “poco monta”, sino de vital importancia, porque lo que se apruebe impactará en la vida económica del estado, por lo que no se trata de “prender la maquinaria” y “adiós al debate”, sino que se tiene que discutir ampliamiente este tema.
Manifestó que el Congreso no puede someterse al dictado del “sí señor” y aprobar todo lo que le envía el Ejecutivo sin discutir bien el tema, pues en caso de que se le apruebe la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se le estaría expidiendo “un cheque en blanco” a Granier por unos tres mil millones de pesos, para que él decida de manera discrecional como gastarlo sin que la Legislatura se lo haya autorizado.
Aseguró que se trata de un “asunto grave”, por lo que pidió que se analice “con todo detenimiento” la integración del presupuesto e insistió en que el Congreso no se debe plegar a la política del “sí señor”, sino que se debe estar con el pueblo.
Por ello propuso al pleno posponer el tratamiento y resolución de los dictámenes relativos a las Leyes de Ingresos de los 17 ayuntamientos y del gobierno estatal hasta la última semana del mes de diciembre para analizar correctamente el contenido de los dictámenes.
En defensa del paquete económico, subió el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas quien argumentó que las diferencias en las cantidades estimadas y las ejercidas, se debe a una “deficiencia” en la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Poder Legislativo, el cual plantea cada uno de esos rubros en tiempos diferentes.
Reconoció que hay un desfase de tiempos entre la ley federal en la materia y la estatal, pues “la normatividad local establece como plazo hasta el 30 de octubre para que los Ayuntamientos y el Ejecutivo presenten sus proyectos de Ley de Ingresos, mientras la normatividad federal tiene como plazo hasta el 31 de enero, para publicar las participaciones federales a los estados y después corren 15 días para publicar en el Periódico Oficial las fórmulas de asignación a los municipios”.Expresó que el artículo 13 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, “prevé que dichas cantidades de la Ley de Ingresos puedan ser variables y modificarse mes con mes, de acuerdo a diversos movimientos que sufran los Ingresos del Estado conforme a las participaciones federales, que dependen también en gran parte, del precio del barril de petróleo.” Por ello, expuso Valenzuela Pernas, no se trata de un problema de legalidad, sino de la normatividad local.En tanto, la diputada Lorena Beaurregard de los Santos, coincidió con Valenzuela Pernas en el sentido de que se trata de un problema de ineficiencia de la Ley Orgánica y del Reglamento Interno del Congreso, pero señaló que las iniciativas o proyectos que envía el Ejecutivo no se pueden aprobar a “ultranzas”.
El problema no es de falta de voluntad, sino de eficacia de la normatividad que regula el trabajo legislativo, el cual lamentó que en los últimos años se haya ido acotando y los diputados hoy en día tengan menos facultades.
Inclusive, la legisladora priista señaló que ante esos “vacíos” que hay en la ley, “desafortunadamente” la Junta de Coordinación Política es la que decide. Inclusive, cuestionó que ni siquiera esté reglamentado un debate previo a la aprobación del orden del día.
Beaurregard de los Santos también se quejó de que reciban los dictamen con poco tiempo para revisarlos a fondo, por lo que se tiene que votar prácticamente “a ciegas” y votar a favor para que luego no les digan a los diputados del PRI que “no somos disciplinados”.
En el orden del día estaba contemplada una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para subsanar todas estas deficiencias, que la diputada optó por retirar. Anunció que entregará una copia de su propuesta a todos diputados para que la enriquezcan y tenga el consenso de todos antes de bajarla al pleno. La propuesta de Peralta Fócil fue desechada por el pleno, por lo que se discutieron y aprobaron las leyes de Ingresos del gobierno estatal y de los 17 ayuntamientos tabasqueños. Los cuatro diputados del PRD, Lorena Méndez Denis, Alterio Ramos Pérez, Bernardo Barradas Ruiz y Peralta pidieron autorización para retirarse y regresar en asuntos generales.
