Con elección judicial: Ofrece Sheinbaum un país más democrático

Ciudad de México, 30 de marzo.- Este domingo marca el inicio oficial de las campañas electorales para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF), un proceso inédito en la historia de México que culminará el próximo 1 de junio, cuando la ciudadanía tendrá la oportunidad de elegir, por primera ocasión, a quienes fungirán como personas juzgadoras.
Como parte de este proceso, más de tres mil 400 candidatos y candidatas buscarán el respaldo de la ciudadanía para ocupar posiciones clave en el sistema judicial, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito, jueces de distrito y miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, entre otros.
El Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), responde a la reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024 que impulsó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta reforma establece que, por primera vez, los integrantes del PJ serán elegidos mediante voto popular, con el objetivo de democratizar un sistema que, según el oficialismo, ha servido intereses elitistas, además de estar plagado de corrupción y nepotismo.
Las campañas, que se extenderán hasta el 28 de mayo, se regirán por reglas estrictas establecidas por el INE. Entre algunos de los lineamientos que estableció el Instituto se encuentra que los aspirantes no podrán recibir financiamiento público ni privado, además de prohibir la contratación de espacios en radio, televisión o publicidad tradicional (como bardas y espectaculares). En su lugar, deberán recurrir a sus propios recursos para promoverse a través de recorridos, eventos presenciales y redes sociales.
El proceso contempla la renovación de 881 cargos a nivel federal, entre ellos cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 de sus salas regionales, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgadores de distrito. La jornada electoral del 1 de junio se llevará a cabo en más de 84 mil casillas en todo el país, con la participación de aproximadamente 1.5 millones de funcionarios de casilla.
El INE y funcionarios como la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, han explicado que los votantes recibirán seis boletas diferenciadas por colores, una por cada tipo de cargo, para facilitar el ejercicio del sufragio. “Estamos viviendo un momento histórico; el pueblo decidirá quiénes impartirán justicia en México”, afirmó durante una conferencia matutina encabezada por la Presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el proceso no está exento de controversias. Personajes contrarios al oficialismo han advertido sobre presuntos riesgos que conllevaría esta elección, entre los cuales destaca el argumento de que la renovación total del PJF podría afectar la independencia judicial y violar principios como la inamovilidad de los juzgadores.
A pesar de las críticas, el Gobierno ha defendido la reforma como un avance democrático. “¿Cómo va a ser autoritario que el pueblo elija? Somos ejemplo de democracia en el mundo”, declaró la Presidenta Sheinbaum en días recientes, destacando que más de 100 millones de mexicanos están convocados a las urnas.
Con el arranque de las campañas, la atención se centra ahora en cómo los candidatos lograrán conectar con la ciudadanía en un contexto de restricciones inéditas y expectativas históricas. El 1 de junio de 2025, México no sólo elegirá a sus jueces, sino que pondrá a prueba un nuevo modelo que podría redefinir su sistema de justicia para las próximas generaciones.

Una elección cargada de polémica
El camino para llegar hasta el punto actual del proceso electoral del PJF no ha sido terso, por el contrario, ha estado lleno de momentos que le han entorpecido, además de polémicas protagonizadas por diversos actores, principalmente del propio Poder Judicial, donde han existido descontentos entre personajes como la Ministra Lenia Batres, quien ha señalado en múltiples ocasiones los intentos por frenar la elección judicial por parte de varias personas juzgadoras, incluida la Ministra presidenta de la Suprema Corte de la Nación, Norma Piña.
Protestas, recursos legales para frenar el avance de la elección y quejas por parte del Instituto Nacional Electoral sobre el presupuesto que se asignó este año al órgano (y el modo en que esto podría afectar la organización de los comicios) son sólo algunos de los hechos que han marcado el proceso que concluirá en poco más de dos meses.
Otro de los principales puntos de conflicto ha sido la selección de candidatos. Los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) conformaron comités de evaluación para procesar miles de postulaciones, pero el proceso (ejecutado mediante una insaculación) no estuvo exento de acusaciones sobre falta de transparencia y rigor.
En total, se registraron 18 mil 447 aspirantes sólo en la convocatoria del Ejecutivo, pero la depuración de listas mediante insaculaciones públicas fue criticada por su carácter aleatorio, que muchos consideraron insuficiente para garantizar la idoneidad de los candidatos.
Las inconsistencias en las listas finales avivaron aún más la polémica, principalmente por la presencia de errores, como candidatos que aparecieron de forma sorpresiva en las boletas, mientras otros, previamente seleccionados, fueron eliminados sin explicación. Además, se identificaron casos de aspirantes registrados para cargos duplicados, lo que generó confusión y cuestionamientos sobre la organización del proceso electoral, tanto por parte del INE como del Poder Legislativo, encargado de generar las listas de candidatos y entregarlas al Instituto Electoral.
Otro foco de controversia ha sido la confrontación entre poderes.
Uno de los casos que más estruendo generó fue cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) intervino para quitarle al Poder Judicial la facultad de elegir a sus propios candidatos, a raíz de una parálisis causada por amparos que intentaron frenar el proceso.

Las exigencias del INE y su mordaza
El papel del INE durante el proceso electoral, por su parte, también ha dado de qué hablar, en especial por la ya mencionada controversia que se generó debido al presupuesto asignado al Instituto en el Presupuesto de Egresos 2025, que tuvo un recorte considerable respecto al año anterior.
De forma anticipada, el INE había solicitado un total de 13 mil 205 millones de pesos para llevar a cabo la elección, pero recibió menos de la mitad, lo que llevó al órgano electoral a externar preocupaciones sobre cómo esa falta de presupuesto limitaría su capacidad operativa, además de poner en riesgo aspectos básicos como la impresión de boletas.
La solicitud de una ampliación presupuestal por parte del Instituto incluso llegó a ser abordada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó al órgano electoral y le solicitó una explicación sobre cómo se utilizaría el dinero destinado a para organizar la elección del Poder Judicial de la Federación.
“Yo lo que les planteé es que hicieran un ejercicio de por qué se requieren más recursos y que informaran no sólo a la Presidenta, sino al pueblo de México en qué se gastan los siete mil millones de pesos que están planteados para la elección”, comentó la mandataria federal durante una de sus conferencias matutinas.
Recientemente, el INE también fue objeto de críticas luego de que su Consejo General aprobara una medida para prohibir al Gobierno federal, así como a los estatales y locales, el promover la participación ciudadana para la elección judicial a celebrarse el 1 de junio.
“El Consejo General del Instituto Nacional Electoral [INE] avaló los criterios para garantizar que las campañas y la veda electoral del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación [PEEPJF] 2024-2025 se ajusten a los principios de imparcialidad y equidad”, explicó la autoridad electoral en un comunicado.
El INE advirtió que la violación a los criterios podrá ser motivo de sanción, de conformidad con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
La prohibición significa que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no podrá invitar a participar en los comicios durante sus conferencias de prensa.
De manera constante, Sheinbaum Pardo ha mencionado en sus giras la elección judicial. Por ejemplo, el pasado 15 de marzo, comentó que con la elección de juzgadores el país se convertirá en la Nación más democrática del mundo. “Aquí en México se elegía por la Cámara de Senadores a la Suprema Corte, y a los jueces por ellos mismos, por el Poder Judicial. Ahora vamos a ser el país más democrático del mundo porque, por primera vez, todo el Poder Judicial va a ser elegido por el pueblo de México”, afirmó la mandataria ese día
“Los criterios tienen como fin regular las obligaciones en materia de equidad de las personas servidoras públicas candidatas y no candidatas, así como de autoridades e instituciones públicas”, destacó.

“El país más democrático del mundo”: CSP
Este domingo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia histórica de las elecciones del Poder Judicial, cuyo periodo de campañas inició hoy.
Durante un evento en Sonora, Sheinbaum afirmó que este proceso electoral posicionará a México como “el país más democrático del mundo”.
Por primera vez en la historia, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir directamente a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, un cambio significativo que busca democratizar el sistema judicial.
“Somos el país más democrático del mundo porque, en ningún país del mundo, eligen a los tres poderes”, señaló la mandataria.