Consejeros del INE acusan a Taddei de opacidad, poder absoluto y amenazas

Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) acusaron públicamente a Guadalupe Taddei Zavala, tras su renuncia a la presidencia del organismo, de haber concentrado el control administrativo, bloqueado el acceso a información y, en al menos un caso, ejercido presiones y amenazas contra integrantes del Consejo General que le exigían transparencia.

Las declaraciones se produjeron en distintas entrevistas con medios de comunicación después de que Taddei dejó la presidencia del INE en medio de un escándalo por presuntas irregularidades en contratos con proveedores. Los consejeros coincidieron en que desde hace años advertían anomalías en adquisiciones, pero que sus solicitudes de información no recibían respuesta adecuada.

Una reforma que concentró el poder en la presidencia

La consejera Carla Humphrey Jordan y el consejero Martín Faz señalaron que la opacidad se agudizó a partir de octubre de 2024, cuando el Senado aprobó una modificación a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). La reforma, impulsada por Morena y aprobada el 10 de octubre de 2024 con 81 votos a favor de senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, otorgó a la presidencia del Consejo General la facultad de nombrar y remover directamente a 16 directores, titulares de unidades y coordinadores del Instituto, sin necesidad del respaldo del resto de las consejerías.

Antes de esa modificación, los nombramientos para titularidades de direcciones ejecutivas y unidades técnicas requerían el voto favorable de ocho de los 11 consejeros, es decir, una mayoría calificada. La reserva que originó el cambio fue presentada por el senador morenista Miguel Pavel Jarero Velázquez durante la madrugada del 8 de octubre de 2024, en el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

“Corresponde a un hecho que violentó y rompió la colegialidad. [...] La Consejera presidenta nombraba y removía a voluntad”, afirmó Humphrey en entrevista con Milenio Televisión.

La consejera explicó que la reforma tuvo una consecuencia directa sobre la supervisión interna: los funcionarios nombrados por la presidencia consideraban que solo debían rendirle cuentas a ella. “¿A qué lleva esto? A que tienes una junta general del INE que no ejerce sus facultades de control porque si ella nombraba a todos los funcionarios de la junta, pues ¿quién le iba a votar en contra?”, señaló.

El consejero Martín Faz describió la falta de comunicación de Taddei como una constante. Relató que la reunión virtual del sábado anterior al escándalo —en la que la entonces presidenta habló con los consejeros— no fue convocada por ella, sino que fue exigida por las demás consejerías ante el silencio de la presidencia. “Estuve conectado y justo eso fue lo que nos dijo y debo decirte que esta reunión fue porque nosotros obligamos a que se reuniera, dado que había un absoluto silencio, una absoluta falta de comunicación por parte de la Presidenta del INE al resto de las consejerías”, relató en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Irregularidades detectadas desde 2021

Humphrey enumeró en entrevista con Azucena Uresti una serie de situaciones que las consejerías detectaron durante los últimos años. La primera, dijo, ocurrió en 2021 con unos chalecos destinados a los capacitadores electorales que no fueron entregados a tiempo, lo que obligó a imprimir playeras para que pudieran identificarse ante la ciudadanía. Después vinieron cuestionamientos sobre teléfonos celulares, retrasos en la entrega de credenciales para votar y un contrato otorgado a dos empresas que operaban de manera conjunta, sobre el cual las consejerías solicitaron explicaciones sin obtener respuestas claras.

“No teníamos conocimiento las y los consejeros. No tenemos atribuciones respecto de la administración del Instituto, de la administración de los recursos, y aunque lo solicitamos en mesa de consejerías, [...] la información no fluía”, detalló Humphrey. El consejero Uuc-kib Espadas Ancona también se deslindó de las decisiones administrativas: “Los consejeros no teníamos ni la más remota participación en la administración del Instituto. Esas decisiones no pasan por nosotros.”

“Normalmente era que me calmara, que por qué quería dañar al INE; en otras ocasiones, que me cuidara.” — Rita Bell López, consejera electoral del INE

Consejera Bell denuncia amenazas directas

La consejera Rita Bell López fue más allá y denunció que recibió llamadas intimidatorias cuando pedía información a Taddei. Según relató a medios a las afueras del INE, las llamadas cuestionaban sus motivos y le exigían que dejara de presionar. “Normalmente era que me calmara, que qué estaba pasando conmigo, que por qué quería dañar al INE, que por qué no estaba apoyando yo a la presidenta; en otras ocasiones, que me cuidara”, describió.

Al ser preguntada sobre si las amenazas provenían de Taddei, Bell López respondió afirmativamente: “Me queda claro. Yo a ella le pedía información y eso sucedía.” La consejera reconoció que hacía la denuncia con temor: “Por supuesto que me voy, me tengo que cuidar, pero pues también hay que cuidar la institución.”

La denuncia de Bell López se produjo en un contexto en que diversos medios la vincularon con el empresario y contratista del INE Alfredo Hernández Casillas, tras la difusión de fotografías en las que presuntamente aparece con él, y después de que fue señalada como parte del grupo cercano a Taddei.

Llamado a revertir las “super facultades” y a auditar contratos

El consejero Arturo Castillo, entrevistado el 26 de octubre, pidió al Congreso de la Unión revertir las atribuciones ampliadas que se otorgaron a la presidencia del Consejo General. “Es urgente que el Congreso de la Unión reconsidere las super facultades que le otorgaron a la presidencia del Consejo General; esas super facultades, como lo vimos, no abonaron no solo a la colegialidad, sino que disminuyeron claramente las capacidades del Consejo General de vigilar cómo se llevaba a cabo la gestión de la propia institución”, afirmó.

Por su parte, Humphrey llamó a que el INE marque un parteaguas tras la salida de Taddei y pidió abrir toda la información al Órgano Interno de Control y a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Tenemos que marcar un antes y un después porque nunca había sucedido una cosa así de grave en el Instituto Nacional Electoral”, sostuvo.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó este martes 27 de octubre a la ASF revisar todos los contratos del INE, no solo los del periodo de Taddei, sino también los de gestiones anteriores. Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, también pidió al Órgano Interno de Control del INE entregar toda la información disponible y llamó a transparentar contratos, salarios y recursos destinados a los partidos políticos.

Durante la discusión de la reforma en el Senado, el entonces legislador Manlio Fabio Beltrones Rivera —ya separado del grupo parlamentario del PRI— advirtió que la modificación al artículo 45 de la LGIPE podía generar arrepentimientos. “Debemos hacer una reflexión al respecto, lo dejo a su consideración, pensando que algún día nos podemos arrepentir de haberle quitado esa facultad y autonomía al Instituto Federal Electoral”, señaló, según reportó el semanario Zeta.

#TomaNota

• La reforma a la LGIPE fue aprobada el 10 de octubre de 2024 con 81 votos a favor de senadores de Morena, PT y PVEM; 40 votaron en contra.
• La modificación permitió a la presidencia del INE nombrar y remover a 16 directores y titulares de unidades sin el respaldo del Consejo General.
• Antes de la reforma, los nombramientos requerían el voto de ocho de los 11 consejeros (mayoría calificada).
• La presidenta Sheinbaum pidió a la ASF auditar todos los contratos del INE, incluyendo gestiones anteriores a Taddei.