En la semana anterior iniciamos una revisión de la propuesta para la economía mexicana, del nuevo Proyecto Alternativo de Nación, presentado por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Continuamos con esta segunda parte. Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la autosuficiencia alimentaria y crear las condiciones para que los campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus comunidades. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que sirva como instrumento para una relación equitativa. Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se buscará garantizar la plena representación de los asalariados, mediante una verdadera democracia sindical, incluyendo el voto secreto, la mayor transparencia y rendición de cuentas. Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos procesos de deterioro. Por ello, habremos de promover la responsabilidad en el consumo y la información técnica para normar la adquisición de productos naturales sanos y artículos que no dañen la naturaleza. Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el enriquecimiento de unos cuantos privilegiados. En México, los grandes monopolios están vinculados al poder político y encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares, clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y comerciantes, quienes se ven obligados a pagar precios exagerados. La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas mexicanas y privilegió a unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Los monopolios imponen su ley en el mercado, a pesar de estar prohibidos por el artículo 28 de nuestra Constitución. En este país empobrecido, la población paga más por bienes y servicios que en las naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de calidad.
Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Desde el actual gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier intento de entrada de nuevos competidores. De continuar estas prácticas, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y tampoco habrá oportunidades para nuevas generaciones.
Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios exagerados, la economía nacional crecería entre 2 y 4 puntos porcentuales.
Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y actuar directamente contra los abusos y precios exagerados de productos y servicios, para crecer y crear empleo y oportunidades.
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto en 8 por ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el gobierno del PRIAN han sido totalmente contrarias a las necesidades de la mayoría.
Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por el sin planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única, que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros importantes. El gobierno no quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago correcto de las obligaciones fiscales. Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población, para evitar enfrentar a los sectores de la economía, que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado. El gobierno ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos públicos que provienen del petróleo, recursos deben beneficiar a las clases más necesitadas del país.
En México, 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas, proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos corporativos.
En 2009, el erario dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos, debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR. Actualmente un asalariado mexicano de ingreso medio, contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus utilidades. En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los principales, eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector primario y del transporte. El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema fiscal. Habrá de reducirse las modificaciones fiscales.
Eliminaremos el Impuesto Empresarial a Tasa Única, gravamen que se originó con el propósito de anular los privilegios o gastos fiscales contemplados en la ley del ISR.
Estimado lector, espero que estas notas le hayan servido para comprender los alcances del nuevo Proyecto alternativo en materia económica. Hasta la próxima, que disfrute de una fresca semana de diciembre.
Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses; 17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable; 176 por ciento más por crédito a la vivienda. Desde el actual gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier intento de entrada de nuevos competidores. De continuar estas prácticas, México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y tampoco habrá oportunidades para nuevas generaciones.
Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios exagerados, la economía nacional crecería entre 2 y 4 puntos porcentuales.
Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y actuar directamente contra los abusos y precios exagerados de productos y servicios, para crecer y crear empleo y oportunidades.
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto en 8 por ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el gobierno del PRIAN han sido totalmente contrarias a las necesidades de la mayoría.
Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por el sin planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única, que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros importantes. El gobierno no quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago correcto de las obligaciones fiscales. Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población, para evitar enfrentar a los sectores de la economía, que gozan de privilegios fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado. El gobierno ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos públicos que provienen del petróleo, recursos deben beneficiar a las clases más necesitadas del país.
En México, 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas, proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos corporativos.
En 2009, el erario dejó de percibir cerca de 700 mil millones de pesos, debido a que las leyes fiscales permiten una serie de privilegios tributarios denominados “Gastos Fiscales” que benefician sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes corporativos, 420 grupos empresariales, pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del ISR. Actualmente un asalariado mexicano de ingreso medio, contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus utilidades. En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Entre los principales, eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector primario y del transporte. El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema fiscal. Habrá de reducirse las modificaciones fiscales.
Eliminaremos el Impuesto Empresarial a Tasa Única, gravamen que se originó con el propósito de anular los privilegios o gastos fiscales contemplados en la ley del ISR.
Estimado lector, espero que estas notas le hayan servido para comprender los alcances del nuevo Proyecto alternativo en materia económica. Hasta la próxima, que disfrute de una fresca semana de diciembre.
