El clamor por justicia de los familiares de víctimas de presunto abuso policial e impunidad en el estado ha tomado un nuevo y más tenso matiz. Este martes, el señor Lucio Isidro Álvarez denunció públicamente haber sido blanco de agresiones verbales y amenazas de muerte por parte de familiares de los cuatro policías que actualmente se encuentran detenidos y bajo proceso por el homicidio de su hijo, Rodrigo.
El afectado relató que los hechos ocurrieron el pasado lunes a las afueras de los juzgados, donde se llevaba a cabo una audiencia de juicio oral. Según su testimonio, un grupo de personas que se manifestaban en apoyo a los oficiales procesados lo interceptó para insultarlo y amedrentarlo. A pesar de la gravedad de la situación, don Lucio Isidro señaló que llamó de inmediato al número de emergencias 911, pero la ayuda policial nunca llegó.
"Hago responsable directamente al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como al Fiscal General del Estado, de lo que estas personas puedan hacerle a mi integridad física o a la de mi familia", sentenció con firmeza.
Acusan pacto de protección en la SSPC y el C4
La denuncia del padre de Rodrigo va más allá de las agresiones en los juzgados. Álvarez acusó formalmente al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alejandro Leal López, de obstaculizar las investigaciones al negarse a entregar a la Fiscalía General del Estado (FGE) las grabaciones de las cámaras del C4 correspondientes al día en que su hijo perdió la vida.
"Se está protegiendo a los elementos", sostuvo el denunciante, quien además aseguró que el caso está lejos de cerrarse con los cuatro policías actualmente tras las rejas. De acuerdo con sus indagatorias, en el operativo donde falleció su hijo participaron más de 15 efectivos de la corporación. "El caso no está terminado con este juicio; hay más elementos que participaron en el hecho delictivo contra mi hijo y deben pagar", manifestó.
Ante lo que considera un bloqueo institucional a nivel local, el señor Lucio Isidro reveló que ya prepara un "Plan B" para elevar su exigencia de justicia. Este incluye trasladarse al rancho "La Chingada" —propiedad del expresidente Andrés Manuel López Obrador— para entregarle una carta en mano, además de recurrir a instancias y tribunales internacionales de derechos humanos.
"Por la Justicia y la Verdad": el movimiento que aglutina más de 50 casos de abuso en el estado
Familiares de víctimas exigen justicia y denuncian presuntas amenazas, omisiones y obstáculos en investigaciones relacionadas con casos de alto impacto en Tabasco.
El caso de Rodrigo no es un hecho aislado. En paralelo, el movimiento civil “Por la Justicia y la Verdad” alzó la voz para revelar que tienen documentados más de 50 casos de presuntos abusos de autoridad, omisiones graves e impunidad sistemática perpetrados por las fuerzas de seguridad y de justicia en Tabasco.
Uno de los voceros del movimiento, Salvador González —padre de Ximena, la estudiante que perdió la vida tras caer de un edificio en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades (DACSyH) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT)—, fijó una postura clara frente a las versiones oficiales.
González afirmó que, a pesar de los carpetazos o informes definitivos que la FGE ha pretendido dar tanto en el caso de su hija como en el del joven universitario fallecido en un retén policial, las familias no darán un paso atrás.
“Este movimiento está de pie y no se va a parar. Hoy queremos y buscamos verdad y justicia. Nada nos va a detener”, sentenció Salvador González.
El colectivo agradeció las muestras de solidaridad de la ciudadanía tabasqueña y urgió a la sociedad a no normalizar la violencia institucional. "Hoy la sociedad no se está callando porque está sintiendo el dolor de dos padres que claman justicia", concluyeron, advirtiendo que las movilizaciones y acciones públicas continuarán de forma permanente hasta que se esclarezcan todos los expedientes y se castigue a los responsables.
TomaNota:
- Cuatro policías permanecen bajo proceso por el homicidio de Rodrigo.
- El denunciante afirma haber recibido amenazas durante una audiencia judicial.
- El movimiento “Por la Justicia y la Verdad” asegura tener documentados más de 50 casos de presuntos abusos y omisiones.
- Las familias afectadas anunciaron que buscarán apoyo en instancias nacionales e internacionales.
