La crisis humanitaria que pasó de “las hieleras” a las deportaciones exprés
Los niños invisibles de la frontera
Ciudad de México, 26 abr 2020.- Un adolescente de Guatemala fue descubierto dentro del maletero de techo de una camioneta que pasó por un retén de la Patrulla Fronteriza en Texas. Otro menor era parte de un grupo de 40 migrantes que eran transportados en la caja de un camión de carga que circulaba por una carretera de ese mismo estado.
Aunque son dos escenas cotidianas en la frontera, a estos menores les tocó cruzarla mientras se implementan restricciones “más fuertes que nunca” buscando detener la propagación del coronavirus. Desde el 20 de marzo cualquier indocumentado detenido por agentes fronterizos es devuelto a su país inmediatamente, sin importar su edad.
Quienes se oponen a estas medidas reclaman que socaban acuerdos internacionales y leyes federales que defienden a los refugiados
Solo en los primeros 11 días de la entrada en vigor de la norma, 299 niños y adolescentes fueron expulsados a sus países de origen, la mayoría en el Triángulo Norte de Centroamérica, la región de la cual escaparon por los altos índices de violencia y marginación social.
A la fecha, más de 11,000 personas han sido deportadas sin pasar por el proceso rutinario. “Los niños más pequeños pueden ser portadores” del virus, dijo Mark Morgan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), explicándo las razones de la nueva estrategia.
Esta nueva regla que elimina prácticas que desde hace más de 20 años se establecieron para proteger a los niños del tráfico humano y el abandono de sus propios padres, marca el punto más álgido de los controles a la inmigración infantil que realiza la administración de Donald Trump.
EL RECUERDO DE ‘LAS HIELERAS’
Antes de la prohibición fronteriza relacionada con la pandemia, los menores centroamericanos eran alojados en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) mientras comenzaban sus solicitudes de asilo y esperaban reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Es una especie de purgatorio: deben pasar varios días en ‘las hieleras’, como llaman despectivamente a los gélidos centros de detención de la Patrulla Fronteriza (donde fallecieron seis niños entre diciembre de 2018 y mayo de 2019) y después en refugios, algunos plagados de acusaciones de abusos y maltratos. Ahora ni siquiera los envían a esos lugares.
“Los niños no acompañados constituyen uno de los grupos más vulnerables del mundo (…) Huyeron a Estados Unidos para escapar de peligros como la violencia extrema y la explotación sexual”, señala una carta que varios grupos que defienden a los migrantes enviaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de abril, pidiendo el cese de la práctica.
Las deportaciones exprés, por las cuales ahora los catalogan como “menores individuales”, ignoran la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPRA), que pide transferir a estos niños a los refugios de la ORR en un período no mayor de tres días, después de que los detuvieron cruzando la franja fronteriza.
Además, desafían los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que exige ponerlos en instalaciones seguras que no sean demasiado restrictivas, ofrecerles asesoría legal y liberarlos en menos de 20 días mientras avanzan sus trámites migratorios.
Precisamente, citando violaciones al Acuerdo Flores y preocupaciones por la propagación del coronavirus en centros de detención para migrantes, una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobierno de Trump esta semana que libere lo antes posible a miles de niños bajo custodia fede
“Es como ponerlos en una casa en llamas en vez de rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro”, comparó en su fallo la jueza Dolly Gee.
TRUMP VS LA INMIGRACIÓN INFANTIL
Las restricciones en la frontera que afectan a los menores han pasado desapercibidos, ya que los problemas en torno al coronavirus monopolizan los reflectores.
Antes de la epidemia, Trump empujó exitosamente su agenda para desalentar la migración y hacer más difícil la entrada a los niños refugiados, alegando que hay un “vacío legal” del cual se benefician las bandas de coyotes y, en sus mensajes más incendiarios, los ha vinculado con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
“Parecen inocentes, pero no lo son”, expresó una vez de forma generalizada.
A su gobierno le tocó lidiar con el mayor arribo de menores no acompañados en la historia de este país: poco más de 76,000 durante el año fiscal 2019, sobrepasando el récord de 68,541 que fueron detenidos en 2014, en la crisis humanitaria que se generó durante el gobierno de Barack Obama.
Menos ajetreados fueron los meses siguientes. Del 1 de octubre de 2019 al pasado 31 de marzo llegaron otros 18,077 menores solos, un 50% menos comparado con el primer semestre del ciclo fiscal anterior y la cifra más baja registrada desde 2016.
Esta reducción abarca las primeras dos semanas de las restricciones relacionadas con el covid-19, por lo que el virus parece no haber incidido en esa caída.
MENOS CASOS APROBADOS
Varios puntos ayudan a sustentar el argumento de que el gobierno de Trump se ha encargado de hacerles la vida aún más difícil a estos niños, algunos de los cuales son huérfanos y otros sobrevivientes de abuso sexual.
Aquí algunos ejemplos: canceló el programa que les permitía pedir asilo desde sus países, eliminó la iniciativa que les ofrecía ayuda legal, impuso más restricciones en los trámites para obtener visas juveniles (que ofrecen alivio migratorio a quienes han sido abusados o abandonados por sus padres) y a sus patrocinadores.
Sus acciones más duras son la política de ‘tolerancia cero’ que separó a las familias que se entregaban en la frontera y mantuvo bajo custodia a los niños por meses, así como el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), que exige a los solicitantes de asilo esperar en México mientras revisan sus casos.
Más de 50,000 migrantes fueron devueltos y algunos comenzaron a tomar medidas desesperadas, como pedirles a sus hijos pequeños que se entreguen en las garitas. Lo vieron como la única opción para alejarlos de tantos peligros en México.
Aunque son dos escenas cotidianas en la frontera, a estos menores les tocó cruzarla mientras se implementan restricciones “más fuertes que nunca” buscando detener la propagación del coronavirus. Desde el 20 de marzo cualquier indocumentado detenido por agentes fronterizos es devuelto a su país inmediatamente, sin importar su edad.
Quienes se oponen a estas medidas reclaman que socaban acuerdos internacionales y leyes federales que defienden a los refugiados
Solo en los primeros 11 días de la entrada en vigor de la norma, 299 niños y adolescentes fueron expulsados a sus países de origen, la mayoría en el Triángulo Norte de Centroamérica, la región de la cual escaparon por los altos índices de violencia y marginación social.
A la fecha, más de 11,000 personas han sido deportadas sin pasar por el proceso rutinario. “Los niños más pequeños pueden ser portadores” del virus, dijo Mark Morgan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), explicándo las razones de la nueva estrategia.
Esta nueva regla que elimina prácticas que desde hace más de 20 años se establecieron para proteger a los niños del tráfico humano y el abandono de sus propios padres, marca el punto más álgido de los controles a la inmigración infantil que realiza la administración de Donald Trump.
EL RECUERDO DE ‘LAS HIELERAS’
Antes de la prohibición fronteriza relacionada con la pandemia, los menores centroamericanos eran alojados en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) mientras comenzaban sus solicitudes de asilo y esperaban reunirse con sus familiares en Estados Unidos.
Es una especie de purgatorio: deben pasar varios días en ‘las hieleras’, como llaman despectivamente a los gélidos centros de detención de la Patrulla Fronteriza (donde fallecieron seis niños entre diciembre de 2018 y mayo de 2019) y después en refugios, algunos plagados de acusaciones de abusos y maltratos. Ahora ni siquiera los envían a esos lugares.
“Los niños no acompañados constituyen uno de los grupos más vulnerables del mundo (…) Huyeron a Estados Unidos para escapar de peligros como la violencia extrema y la explotación sexual”, señala una carta que varios grupos que defienden a los migrantes enviaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de abril, pidiendo el cese de la práctica.
Las deportaciones exprés, por las cuales ahora los catalogan como “menores individuales”, ignoran la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPRA), que pide transferir a estos niños a los refugios de la ORR en un período no mayor de tres días, después de que los detuvieron cruzando la franja fronteriza.
Además, desafían los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que exige ponerlos en instalaciones seguras que no sean demasiado restrictivas, ofrecerles asesoría legal y liberarlos en menos de 20 días mientras avanzan sus trámites migratorios.
Precisamente, citando violaciones al Acuerdo Flores y preocupaciones por la propagación del coronavirus en centros de detención para migrantes, una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobierno de Trump esta semana que libere lo antes posible a miles de niños bajo custodia fede
“Es como ponerlos en una casa en llamas en vez de rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro”, comparó en su fallo la jueza Dolly Gee.
TRUMP VS LA INMIGRACIÓN INFANTIL
Las restricciones en la frontera que afectan a los menores han pasado desapercibidos, ya que los problemas en torno al coronavirus monopolizan los reflectores.
Antes de la epidemia, Trump empujó exitosamente su agenda para desalentar la migración y hacer más difícil la entrada a los niños refugiados, alegando que hay un “vacío legal” del cual se benefician las bandas de coyotes y, en sus mensajes más incendiarios, los ha vinculado con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).
“Parecen inocentes, pero no lo son”, expresó una vez de forma generalizada.
A su gobierno le tocó lidiar con el mayor arribo de menores no acompañados en la historia de este país: poco más de 76,000 durante el año fiscal 2019, sobrepasando el récord de 68,541 que fueron detenidos en 2014, en la crisis humanitaria que se generó durante el gobierno de Barack Obama.
Menos ajetreados fueron los meses siguientes. Del 1 de octubre de 2019 al pasado 31 de marzo llegaron otros 18,077 menores solos, un 50% menos comparado con el primer semestre del ciclo fiscal anterior y la cifra más baja registrada desde 2016.
Esta reducción abarca las primeras dos semanas de las restricciones relacionadas con el covid-19, por lo que el virus parece no haber incidido en esa caída.
MENOS CASOS APROBADOS
Varios puntos ayudan a sustentar el argumento de que el gobierno de Trump se ha encargado de hacerles la vida aún más difícil a estos niños, algunos de los cuales son huérfanos y otros sobrevivientes de abuso sexual.
Aquí algunos ejemplos: canceló el programa que les permitía pedir asilo desde sus países, eliminó la iniciativa que les ofrecía ayuda legal, impuso más restricciones en los trámites para obtener visas juveniles (que ofrecen alivio migratorio a quienes han sido abusados o abandonados por sus padres) y a sus patrocinadores.
Sus acciones más duras son la política de ‘tolerancia cero’ que separó a las familias que se entregaban en la frontera y mantuvo bajo custodia a los niños por meses, así como el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), que exige a los solicitantes de asilo esperar en México mientras revisan sus casos.
Más de 50,000 migrantes fueron devueltos y algunos comenzaron a tomar medidas desesperadas, como pedirles a sus hijos pequeños que se entreguen en las garitas. Lo vieron como la única opción para alejarlos de tantos peligros en México.
