Cunde violencia en Guerrero: Obispos

Ciudad de México, 16 de octubre.– Los obispos católicos de Acapulco advirtieron que la crisis generada por la desaparición de 43 estudiantes normalistas y el homicidio de seis personas en el municipio de Iguala es “un adelanto” de la capacidad desestabilizadora que tiene la violencia que se vive en aquella entidad del sur de México.

    “Este criminal hecho es como una ventana que nos permite mirar hacia el fondo del profundo Guerrero adolorido por tanta violencia. La cifra espantosa de más de 12 mil homicidios dolosos desde el año 2007 nos hace pensar que el caso de Iguala es una muestra de lo que ha sido la vida cotidiana en los últimos años”, dijeron los obispos de la Provincia Eclesiástica de Acapulco en un comunicado difundido ayer por la Conferencia del Episcopado Mexicano.
    Denunciaron que además de los homicidios “hay miles de víctimas de secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados; extorsiones y amenazas son algunas de las formas más comunes de violencia que padecemos”.
    Los obispos también aludieron al hecho de que fueron fuerzas del gobierno las probables responsables de la agresión contra los normalistas como indicador de la urgencia que existe en el país por sanear los cuerpos policiacos y del “factor político” que presentan los diversos hechos de violencia.
    “El hecho de que hayan sido los cuerpos policiacos y las autoridades constituidas los protagonistas de este caso tan doloroso, hace pensar en la necesidad de poner la máxima atención en el factor político de la violencia, en cuanto que las autoridades responsables de la seguridad y del bienestar de la población estén actuando en contra del interés público, y nos obliga a pedir un esfuerzo mayúsculo para el saneamiento de las instituciones públicas que estén afectadas por el cáncer del crimen organizado. Una especial atención ha de darse, en este sentido, a los municipios, que son altamente vulnerables ante las amenazas de las organizaciones criminales”, dijeron los obispos.
    “Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que antepongan siempre el bien de los pueblos antes que cualquier otro interés político o partidista. Es necesario que protejan a las instituciones públicas de cualquier signo de orden criminal para que cuenten con la confianza de los ciudadanos”, agrega el documento.
    Este posicionamiento de los obispos de Acapulco en torno a los hechos registrados el pasado 26 de Septiembre en la localidad de Ayotzinapa, en el municipio guerrerense de Iguala, se suma al emitido la semana anterior por la Arquidiócesis Primada de México, la cual calificó de “omisos e incompetentes” tanto al presidente Enrique Peña Nieto como del gobernador Angel Aguirre Rivero, quienes, dijo la autoridad católica, ignoraron la “bomba de tiempo” generada en la entidad por la pobreza y la corrupción.
    “Guerrero es otro foco encendido que las autoridades de la Federación no quisieron ver, es el reflejo del peligro latente de vivir en un país como México con graves problemas internos gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie puede decirse estar a salvo”, dijo la Iglesia entonces.
Los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en Ayotzinapa, fueron secuestrados desde el pasado viernes 26 de septiembre, cuando policías municipales los atacaron a balazos, asesinando a tres de ellos. Los desaparecidos, mientras, fueron presuntamente entregados por los uniformados a miembros del crimen organizado.
    La violencia imperante en aquella entidad y la incompetencia del gobierno habían sido advertidas por los obispos de la Provincia de Acapulco desde al menos hace un año, cuando señalaron que Guerrero es “otro foco encendido” que las autoridades de la Federación no quisieron ver. “Es el reflejo del peligro latente de vivir en un país como México, con graves problemas internos gobernabilidad, seguridad, corrupción y miedo en distintas regiones, donde nadie puede decirse estar a salvo, ni siquiera los hombres promotores de la paz y justicia, como fue la tortura y asesinato perpetrados contra el padre José Ascensión Acuña Osorio, de la diócesis de Ciudad Altamirano, cuyo caso hace que se empiece a considerar este sexenio como uno de los más riesgosos para ejercer el ministerio sacerdotal”, advirtieron entonces.