Ciudad de México, 2 de marzo de 2025.- Tras 18 horas de audiencia, una jueza federal dictó prisión preventiva justificada contra cuatro exfuncionarios del gobierno de Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles Conejo.
Los imputados son acusados de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El próximo jueves 6 de marzo se determinará si los implicados serán vinculados a proceso, luego de que su defensa solicitara la duplicidad del plazo constitucional. Mientras tanto, Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública, y Mario Delgado Murillo, exdelegado administrativo de la Secretaría de Finanzas y Administración, permanecerán en el Reclusorio Oriente.
Por su parte, Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública, serán trasladados al penal de Santa Martha Acatitla. En el caso de Maldonado, el traslado se determinó como medida cautelar debido a problemas de salud. La jueza Patricia Sánchez Nava avaló la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerar que existe un alto riesgo de fuga, respaldado por la detención e intento de salida del país de Carlos Maldonado, quien fue interceptado por Interpol en su intento de viajar a Miami, Estados Unidos, y posteriormente deportado a México.
Desfalco millonario en Michoacán
Según la FGR, el exgobernador Silvano Aureoles, actualmente prófugo de la justicia, y sus excolaboradores causaron un daño patrimonial al Estado mexicano por 3 mil 412 millones 165 mil pesos. La acusación se centra en la compra con sobreprecios de siete cuarteles de la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coalcomán, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, la cual fue realizada a través de la empresa inmobiliaria DIP.
Los registros revelan que, en algunos casos, los sobrecostos superaron los 100 millones de pesos por inmueble, lo que representa un presunto esquema de corrupción en el que se habrían desviado recursos públicos de manera fraudulenta.
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