Delegados municipales, verdaderos delincuentes electorales Lénin Bocanegra Priego*
Aún cuando en la fracción V del artículo 64 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco los cataloga como Autoridades Municipales, servidores públicos del Ayuntamiento de Centro violan flagrantemente la Constitución General de la República, las leyes federales y locales electorales y los códigos penales de la federación y estatal. Lo más delicado del asunto es que lo hacen ante la indiferencia del IFE y del IEPCT, que son los órganos responsables de organizar elecciones bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, por lo que se prevé desde ahora una ELECCION DE ESTADO.
A diario llueven denuncias ciudadanas en los medios de comunicación en el sentido de que Delegados Municipales regalan a personas de escasos recursos económicos todo tipo de materiales de construcción a nombre del PRI y del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, solicitándoles a cambio su credencial de elector. Lo grave es que ninguna autoridad estatal o municipal hace nada para evitar que esos servidores públicos continúen viciando el proceso electoral, aprovechándose del estado de miseria y necesidad en viven ciudadanos de colonias y rancherías del municipio de Centro.
Por el contrario, todo hace suponer que lo están haciendo con el consentimiento de dichas autoridades ya que hasta les ponen patrullas policiacas para que los protejan. Nosotros, como representantes de una organización de la sociedad civil, no estamos a favor ni en contra de ningún candidato de cualquier partido político; pero si reprobamos actitudes de esa naturaleza porque consideramos que dañan la de por si frágil democracia que se vive en el país, principalmente en Tabasco, además de que se atenta contra la dignidad de las personas ya que se valen de su pobreza para hacerlos cómplices de delitos electorales.
El argumento que manejan dichas autoridades municipales es que el reparto gratuito de materiales de construcción que realizan obedece a gestiones relacionadas con su cargo, lo cual resulta del todo inverosímil porque no dicen quién o que institución les dotó de esos enseres, además de que es notorio de que ni el Ayuntamiento de Centro ni el Gobierno del Estado han dado a conocer ningún programa a ese respecto, sobre todo cuando es del dominio público que tales dependencias están prácticamente descapitalizadas. El Gobierno del Estado, por ejemplo, carecen de recursos económicos para cubrir la demanda de medicamentos en el ISSET y a duras penas tiene para cubrir las nóminas quincenales de su burocracia y en el otro caso, el Ayuntamiento no tiene dinero para tapar un bache o reparar una fuga de agua. La pregunta es pues: ¿De dónde salen los recursos para regalar tantos materiales de construcción? Eso si, tengan la seguridad que no es de los bolsillos de los delegados municipales, sino de los “guardaditos” de algunas dependencias oficiales, es decir, del dinero de nuestros impuestos. Anteriormente, en este mismo espacio habíamos comentado de los delitos electorales en que presumiblemente incurrieron Jorge Luis Avalos Ramón, dirigente estatal del PAN, y Alejandro Medina Custodio, alcalde priista de Comalcalco.
El primero por utilizar a las Delegaciones Federales para coaccionar a sus propios correligionarios y el segundo al ordenar descuentos de sus sueldos a los empleados municipales para financiar las campañas del PRI y presionar a los policías para que voten por dicho partido. Ahora, acusamos recibo de la protesta de miles de trabajadores petroleros por los descuentos catorcenales que les hacen para financiar la campaña del priista a diputado federal de su líder José Zamudio Aguilera. Lo raro de todo esto es que el IFE y el IEPCT, así como las autoridades federales y estatales, ni VEN ni OYEN, sino todo lo contrario. [email protected]
A diario llueven denuncias ciudadanas en los medios de comunicación en el sentido de que Delegados Municipales regalan a personas de escasos recursos económicos todo tipo de materiales de construcción a nombre del PRI y del candidato presidencial Enrique Peña Nieto, solicitándoles a cambio su credencial de elector. Lo grave es que ninguna autoridad estatal o municipal hace nada para evitar que esos servidores públicos continúen viciando el proceso electoral, aprovechándose del estado de miseria y necesidad en viven ciudadanos de colonias y rancherías del municipio de Centro.
Por el contrario, todo hace suponer que lo están haciendo con el consentimiento de dichas autoridades ya que hasta les ponen patrullas policiacas para que los protejan. Nosotros, como representantes de una organización de la sociedad civil, no estamos a favor ni en contra de ningún candidato de cualquier partido político; pero si reprobamos actitudes de esa naturaleza porque consideramos que dañan la de por si frágil democracia que se vive en el país, principalmente en Tabasco, además de que se atenta contra la dignidad de las personas ya que se valen de su pobreza para hacerlos cómplices de delitos electorales.
El argumento que manejan dichas autoridades municipales es que el reparto gratuito de materiales de construcción que realizan obedece a gestiones relacionadas con su cargo, lo cual resulta del todo inverosímil porque no dicen quién o que institución les dotó de esos enseres, además de que es notorio de que ni el Ayuntamiento de Centro ni el Gobierno del Estado han dado a conocer ningún programa a ese respecto, sobre todo cuando es del dominio público que tales dependencias están prácticamente descapitalizadas. El Gobierno del Estado, por ejemplo, carecen de recursos económicos para cubrir la demanda de medicamentos en el ISSET y a duras penas tiene para cubrir las nóminas quincenales de su burocracia y en el otro caso, el Ayuntamiento no tiene dinero para tapar un bache o reparar una fuga de agua. La pregunta es pues: ¿De dónde salen los recursos para regalar tantos materiales de construcción? Eso si, tengan la seguridad que no es de los bolsillos de los delegados municipales, sino de los “guardaditos” de algunas dependencias oficiales, es decir, del dinero de nuestros impuestos. Anteriormente, en este mismo espacio habíamos comentado de los delitos electorales en que presumiblemente incurrieron Jorge Luis Avalos Ramón, dirigente estatal del PAN, y Alejandro Medina Custodio, alcalde priista de Comalcalco.
El primero por utilizar a las Delegaciones Federales para coaccionar a sus propios correligionarios y el segundo al ordenar descuentos de sus sueldos a los empleados municipales para financiar las campañas del PRI y presionar a los policías para que voten por dicho partido. Ahora, acusamos recibo de la protesta de miles de trabajadores petroleros por los descuentos catorcenales que les hacen para financiar la campaña del priista a diputado federal de su líder José Zamudio Aguilera. Lo raro de todo esto es que el IFE y el IEPCT, así como las autoridades federales y estatales, ni VEN ni OYEN, sino todo lo contrario. [email protected]
