Desmantelará reforma negocios de Iberdrola, IEnova y Grupo México
Las modificaciones constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su iniciativa energética, pondrá fin a los privilegios de la española Iberdrola, vinculada al expanista Felipe Calderón Hinojosa, y la estadounidense IEnova, ligada al priista Luis Téllez Kuénzler
Ciudad de México, 9 de octubre .– La española Iberdrola, vinculada al expanista Felipe Calderón Hinojosa, y la estadounidense IEnova, ligada al priista Luis Téllez Kuénzler, son dos de las empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron con la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto parte de los 346 permisos vigentes para proyectos eólicos y solares que en su mayoría vende la energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero de aprobarse la iniciativa presidencial en la materia, se “desmantelará” esta industria, advierten sus representantes.
Pese a que está prevista la participación de la iniciativa privada en 46 por ciento en la generación de energía incluyendo las “limpias”, en las que también participa Grupo México Energía –del magnate Germán Larrea–, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación de Energía Solar (Asolmex), con más de 180 socios en conjunto, aseguran que todo el sector quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que que es una “expropiación indirecta” en los hechos.
“Aunque la propia iniciativa dice que los privados pueden hacer algo [generar el 46 por ciento frente al 54 por ciento por la CFE], la realidad es que sólo el Estado puede. Si te dicen que tu licencia ya no existe, como lo plantea el cambio al artículo 25 constitucional, ¿podrías salir a manejar tu coche? Es ambigua, pero especifica que todo el control quedará arbitrariamente en las manos de la CFE”, subraya Julio Valle, portavoz de ambas agrupaciones. De aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se augura la presentación de amparos de las empresas que generan energía renovables, pero estas mismas no han estado exentas en México de violaciones a los derechos humanos en los sitios donde han instalado los proyectos como casos documentados en Yucatán y Oaxaca. Aunque Valle afirma que las empresas saben cómo desarrollar los proyectos a manera de “mitigar y minimizar cualquier impacto que puedan tener hacia el medio ambiente o la sociedad”, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, afirma que eso no es así.
“Sólo pintan los fierros de verde”, asegura Ramírez, quien recomienda a la CFE liderar la transición energética para que no sólo sea tecnológica, sino de respeto a los derechos humanos y considerando los límites ambientales.
“El modelo de megaproyectos que estaban impulsando las empresas privadas en renovables tampoco es una solución a los problemas socioambientales, porque siguen la misma lógica extractiva que los fósiles y de minerías. Desplazan a las comunidades de manera violenta de su territorio”, acusa.
Pese a que está prevista la participación de la iniciativa privada en 46 por ciento en la generación de energía incluyendo las “limpias”, en las que también participa Grupo México Energía –del magnate Germán Larrea–, la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) y la Asociación de Energía Solar (Asolmex), con más de 180 socios en conjunto, aseguran que todo el sector quedará en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que que es una “expropiación indirecta” en los hechos.
“Aunque la propia iniciativa dice que los privados pueden hacer algo [generar el 46 por ciento frente al 54 por ciento por la CFE], la realidad es que sólo el Estado puede. Si te dicen que tu licencia ya no existe, como lo plantea el cambio al artículo 25 constitucional, ¿podrías salir a manejar tu coche? Es ambigua, pero especifica que todo el control quedará arbitrariamente en las manos de la CFE”, subraya Julio Valle, portavoz de ambas agrupaciones. De aprobarse en el Congreso la reforma eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se augura la presentación de amparos de las empresas que generan energía renovables, pero estas mismas no han estado exentas en México de violaciones a los derechos humanos en los sitios donde han instalado los proyectos como casos documentados en Yucatán y Oaxaca. Aunque Valle afirma que las empresas saben cómo desarrollar los proyectos a manera de “mitigar y minimizar cualquier impacto que puedan tener hacia el medio ambiente o la sociedad”, Pablo Ramírez, especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, afirma que eso no es así.
“Sólo pintan los fierros de verde”, asegura Ramírez, quien recomienda a la CFE liderar la transición energética para que no sólo sea tecnológica, sino de respeto a los derechos humanos y considerando los límites ambientales.
“El modelo de megaproyectos que estaban impulsando las empresas privadas en renovables tampoco es una solución a los problemas socioambientales, porque siguen la misma lógica extractiva que los fósiles y de minerías. Desplazan a las comunidades de manera violenta de su territorio”, acusa.
