El desplazamiento forzado en Chiapas volvió a colocarse en el centro de la discusión sobre seguridad luego de que obispos y representantes de la Iglesia advirtieran que la violencia criminal también se expresa en familias obligadas a dejar sus hogares, no solo en las cifras de homicidio.
La alerta tiene impacto directo en comunidades que pierden vivienda, patrimonio y estabilidad. De acuerdo con los pronunciamientos citados, hay familias que han abandonado sus localidades por inseguridad, desapariciones, extorsiones y disputas por el control territorial en distintas regiones del país.
El caso más reciente fue expuesto por los obispos de la Provincia Eclesiástica de Chiapas durante una peregrinación realizada el 31 de mayo en la Basílica de Guadalupe. Los religiosos José Francisco González González, Rodrigo Aguilar Martínez y Luis Manuel López Alfaro señalaron que la entidad atraviesa una etapa crítica por la violencia y el desplazamiento de numerosas familias.
La preocupación no se limita a Chiapas. También hubo advertencias previas de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, en Guerrero; la Diócesis de Apatzingán, en Michoacán; y la Diócesis de Mazatlán, en Sinaloa. En esos estados, la Iglesia ha reportado afectaciones vinculadas con cobro de piso, amenazas y control criminal de comunidades.
Qué revela el desplazamiento forzado sobre la violencia
Para el sacerdote Jorge Atilano, director ejecutivo de Diálogo por la Paz, el desplazamiento forzado está ligado al avance de grupos delictivos en los territorios. Según explicó, este fenómeno obliga a revisar cómo se mide la crisis de seguridad, porque las extorsiones y la expulsión de habitantes también son indicadores de violencia de alto impacto.
Más de 8 mil personas fueron expulsadas de sus municipios en Chiapas entre 2023 y 2024, según un informe regional.
Atilano añadió que en algunas regiones ciertas prácticas delictivas se han normalizado, como el cobro de cuotas incorporadas en actividades económicas locales. También reconoció que la Iglesia no cuenta con un registro nacional de comunidades desplazadas atendidas, debido a que muchas personas se refugian primero en albergues y después con familiares o conocidos, lo que dificulta dimensionar el problema.
Un informe del Grupo de Trabajo Región Frontera, titulado Chiapas, la paz pendiente, documentó que entre 2023 y 2024 más de 8 mil personas fueron expulsadas de sus municipios, sobre todo en comunidades de la frontera con Guatemala. Además, reportó que durante 2025 alrededor de 200 habitantes de Chicomuselo y Frontera Comalapa seguían desplazados en municipios como Comitán de Domínguez, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez.
Las organizaciones que siguen el tema sostienen que, aunque autoridades estatales reportaron una baja de 62.8 por ciento en algunos indicadores delictivos durante 2025, persisten desapariciones forzadas, fosas clandestinas y desplazamientos internos. También advirtieron que varias familias regresan sin condiciones de seguridad o enfrentan desplazamientos intermitentes, mientras la respuesta oficial sigue concentrada en operativos y ayuda temporal.
#TomaNota
- Entre 2023 y 2024, más de 8 mil personas fueron expulsadas de sus municipios en Chiapas.
- Los señalamientos recientes fueron hechos por obispos de la Provincia Eclesiástica de Chiapas y por Jorge Atilano, de Diálogo por la Paz.
- La Iglesia reconoció que no existe un registro nacional de comunidades desplazadas atendidas por la institución.
- En 2025, unas 200 personas de Chicomuselo y Frontera Comalapa seguían desplazadas en otros municipios chiapanecos.
