Ciudad de México, 25 de enero¿.– Los años marcados para el término de las concesiones otorgadas por el Gobierno mexicano a compañías nacionales y extranjeras en el sector minero son 2053, 2059, 2060, 2062 o 2065, según una revisión de VICE a una muestra de títulos en la Dirección General de Minas (DGM) de la Secretaría de Economía.
Ello, pese a que los conteos oficiales y de investigaciones independientes coinciden: hay más de 100 conflictos relacionados con la minería por daño a los ecosistemas, desplazamientos de pueblos indígenas, despojo de tierras o accidentes que borraron a comunidades enteras.
Después de casi tres décadas de la cesión del territorio, el Sistema Integral sobre Economía Minera (SINEM) reconoce que las empresas de Canadá controlan el 76 por ciento de las explotaciones y exploraciones; las de Estados Unidos, el 13 por ciento; las de China, el 4 por ciento; y el 7 por ciento restante se distribuye entre compañías de México, Australia, Japón, Argentina, Italia, Perú, India, Reino Unido, Holanda y Nueva Zelanda.
Ernesto Zedillo (1994-2000) dio 9 mil 990 títulos de concesión, lo que significó poco más de un millón de hectáreas concedidas. Al iniciarse los gobiernos de la alternancia política con Vicente Fox (2000-2006), fueron otorgadas más de 30 millones de hectáreas a través de 17 mil 774 títulos. Felipe Calderón (2006-2012) dio 12 mil 274 títulos que abarcaron 34 millones 379 mil hectáreas. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaría de Economía otorgó más de 3 mil concesiones mineras que implican alrededor de 15 millones de hectáreas.
Minas de Tlamica, donde decenas de camiones descargan a diario deshechos tóxicos y basura que sale de la construcción del aeropuerto, ahí se encuentra un área natural protegida llamada Tezcutzingo. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro
En el flujo de títulos de concesión, VICE identificó que los principales beneficiarios nacionales son Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco; Industrias Peñoles (Exploraciones Mineras Peñoles), de Alberto Baillères González, y Grupo Carso, de Carlos Slim Helú. Entre las canadienses se distinguen Goldcorp, Agnico Eagle, New Gold, Torex Gold Resources Inc. y Alamos Gold. Se encuentra a las estadounidenses IRK International y La Cuesta International. Y hay un grupo de compañías chinas registradas ante la Secretaría de Economía, pero en el cual, sólo dos, Tianjin Binhai Harbor Port Int Trad –bajo la denominación Desarrollo Minero Unificado de México– y Gan-Bo Minera Internacional S.A. de C.V. destacan con concesiones.
SALINAS ABRIÓ LA PUERTA AL DESPOJO
Es fácil ubicar en la historia el punto de partida de este paisaje. En 1992, el entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari envió al Congreso de la Unión una iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional. La mayoría legislativa, proveniente en ese entonces del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la aprobó por unanimidad y el ejido se convirtió de propiedad comunal a propiedad privada. En esta reforma, una de las leyes reglamentarias fue la Ley Minera, que a partir de entonces permitió que las empresas privadas, tanto de México como de cualquier parte del mundo, realizaran la exploración, explotación y transformación de los minerales del subsuelo mexicano.
A decir del investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rodolfo García Zamora, “la Constitución ha estado y aún está al servicio de las actividades extractivas y energéticas. Podemos cuestionar hasta el infinito la rapacidad y el ecocidio en que han incurrido las mineras, pero las empresas siempre dirán: nosotros estamos amparados por la ley. Los tiempos para que las mineras operen son excesivamente largos. Aun así, son prorrogables por otros 50 años. De modo que, si en 50 años no han deplorado el territorio, si no han exterminado el agua, si no han acabado con los elementos vitales de una región, van a contar con otro medio siglo”.
De acuerdo con un informe de Oxfam México, Minería y Privilegios (2018), las regulaciones ecológicas son aparentemente rigurosas para establecer minerías en México. En teoría, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA), deben hacer un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) y comprometerse a medidas preventivas y de mitigación, así como dialogar con las comunidades para evitar conflictos. Sin embargo, en la práctica, las empresas mineras “minimizan la importancia de los impactos ambientales, evitan el diálogo y acceso a la información con poblaciones que pueden ser afectadas”, aprovechando lagunas en monitoreo y supervisión del Gobierno.
Fue entre 2005 a 2015, cuando las compañías que hoy dominan en el mapa minero mexicano consiguieron sus concesiones para explotar y explorar oro, plata, cobre, zinc y otros minerales, según la revisión de sus títulos en la DGM. Es decir, los gobiernos de Fox (2000-2006), Calderón (2006-2012) y Peña (2012-2018) son los que más las beneficiaron.
Las concesiones para el Grupo México, del empresario Germán Larrea, se generaron más en los gobiernos calderonista y peñanietista.
Se trata del consorcio asociado con dos de los accidentes más emblemáticos en la historia de la minería mexicana: la muerte de 65 trabajadores mientras permanecían atrapados en la mina de carbón Pasta de Conchos, en Nueva Rosita, Coahuila, en 2006, así como en el derrame de 40 mil metros cúbicos de Sulfato de Cobre Acidulado en la mina Buenavista del Cobre, en los ríos Sonora y Bacanuchi, en Sonora, en 2014.
No hay ni una sola persona que haya sido juzgada por esas tragedias. De hecho, en los dos estados continúa la exigencia de justicia por parte de cientos de afectados. Pese a todos los pesares, el Gobierno de Peña le otorgó a Grupo México entre 2014 y 2015, otras tres concesiones para el lote llamado María en Cananea, Sonora, con derechos hasta 2050, consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
La historia no es muy diferente en las minas de Minera Frisco, subsidiaria de Grupo Carso de Carlos Slim. Brindadas sus concesiones entre 2005 y 2011, por el Gobierno de Calderón, en las manos del magnate más acaudalado de México y Latinoamérica quedó el recinto minero Tayahua, donde una mañana de 2012, una detonación de explosivos ocasionó un cráter que hizo que el pueblo entero de Mazapil, Zacatecas, fuera desplazado. Ese terreno, donde hay oro, plata, cobre y zinc, quedó libre para la minera. Y, pese al supuesto accidente, el Gobierno de Peña Nieto le dio un permiso en 2016 para que continuara con sus estudios con una vigencia de 75 años, como también aparece publicado en el POT.
Fue en los últimos años del Gobierno de Calderón cuando Grupo Peñoles, de Alberto Baillères, obtuvo el mayor número de sus títulos para minas: más de 2 millones de hectáreas. La cesión no paró ahí. Peña Nieto le dio los lotes llamados Candelero Fracción 2 y Aldama 4. La primera hasta 2065 y la otra hasta 2063. El empresario jamás ha negado su simpatía con el calderonismo. En las pasadas elecciones presidenciales, apoyó la candidatura independiente de Margarita Zavala, esposa del ex Presidente Calderón.
LAS CANADIENSES: CANDIL DE SU CASA…
En cuanto a las mineras canadienses, los registros indican que sus concesiones fueron adquiridas entre 2005 y 2012. El documento Estudio de la Minería en México, elaborado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación (2013), indica que, en México, las reglas para estas empresas palidecen con las obligaciones de su país.
Allá se rigen bajo la Ley de Impuestos Mineros de la Columbia Británica (Mineral Tax Act) y le deben pagar al Gobierno impuestos por los ingresos operativos, ingresos netos acumulados y dos impuestos sobre la renta. Acá sólo pagan el ISR.
Allá no disfrutan de las concesiones por 50 años, como ocurre acá. Y mientras en Canadá tienen un desempeño ejemplar, en México ninguno de estos consorcios ha estado desligado de conflictos con desplazamientos de pueblos indígenas y campesinos, o conflictos laborales.
En el terreno, las pugnas con las mineras integran historias cada día. Ahí están los ejidatarios de Tenochtitlan, Coahuila, alrededor de la mina La Encantada, que le pelean a First Majestic su tierra, o la escasez de agua en la ruta del oro en las localidades de Huitziltepec, Nuevo Balsas y Carrizalillo en Guerrero, atribuida a Gold, Goldcorp y Torex Gold Resources.
