Encarcelada por una tanda: Alma le pidió a su vecina pagar. Fue acusada de extorsión y sentenciada a 40 años

Ciudad de México, 7 de septiembre de 2024.- Alma Abigail fue sentenciada a 40 años de prisión por el delito de extorsión, luego de que una conocida la denunciara tras la insistencia de Alma por el pago de 1000 pesos de una tanda.
El pasado 31 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presumió en redes sociales la sentencia condenatoria contra Alma por 40 años de prisión, luego de que “acreditó” su intervención en el delito de extorsión en agravio de otra mujer. Pero Alma no tuvo una defensa adecuada y se obstaculizó la presentación de medios de prueba en el juicio.
¿Cómo comenzó toda esta historia?
Alma, de 39 años de edad, se dedicaba a la albañilería y al trabajo del hogar para la manutención de sus tres hijos, dos menores de edad, todos habitantes de una casa en el Barrio Santa Marìa Caliacac, municipio de Teoloyucan, Edomex.
A inicios de 2023 fue invitada por una vecina, la que ahora, acusa, es la víctima, a una tanda de ahorro, sin embargo, cuando ya era el turno de Alma para recibir el dinero, la vecina se negó a dárselo.
El 28 de abril de 2023, tras insistirle en varias ocasiones el pago del dinero que le correspondía, Alma acudió al domicilio de la vecina porque le había dicho que se le haría entrega del efectivo. Pero al tocar a la puerta, fue recibida por policías que le informaron que tenía una orden de aprehensión por el delito de extorsión.
“Al momento que ella va a cobrar el pago derivado de esta tanda es cuando llega al domicilio de la víctima y policías de investigación de la Fiscalía, por señalamiento de la vecina, es que en flagrancia detienen a Alma, a quien llevan privada de su libertad desde hace un año, tres meses”, explicó Mariel Avendaño García, defensora de Alma.
Ambas se conocían desde hace tiempo, por eso Alma confío en ingresar a la tanda. Tras su detención inició un proceso lleno de irregularidades, en el que no admitieron pruebas para desahogar las acusaciones y se negó a la defensa la posibilidad de preguntar durante las audiencias, mismas que terminaron el pasado 15 de agosto con la sentencia de 40 años.
Debido a estas irregularidades, la defensa de Alma apelará la sentencia, y la abogada Avendaño dijo que aunque el delito de extorsión si es un delito que se debe de perseguir, “es una realidad que este caso no es resultado de una política pública correcta de estar persiguiendo y sancionando el delito de extorsión, porque aquí la acusada pertenece a un grupo marginado, es una mujer que estudió hasta la secundaria, es una madre soltera”.
IRREGULARIDADES EN SENTENCIA CONTRA ALMA
La defensora Mariel Avendaño y su compañero, Carlos Olvera, conocieron del caso de Alma a través de la organización Mujeres Unidas por la Libertad, y cuando lo tomaron el proceso ya estaba en la etapa intermedia:
“Tristemente vemos que tuvo como cuatro defensores con una defensa muy inactiva, pasiva, entonces no había medios de prueba, no había nada y lo que logramos conseguir fue, a través de un incidente de nulidad por violación al derecho humano a contar con una defensa adecuada, 10 días para poder presentar pruebas”.
Pese a este intento, en la audiencia de Juicio Oral, Alma fue declarada culpable por el Tribunal de Enjuiciamiento de Cuautitlán, Estado de México, por el delito de extorsión, por la cantidad de mil pesos: “en la audiencia nos enfrentamos a la jueza porque no se respetó nuestro derecho a poder presentar, a poder desahogar las pruebas, no hubo un contrapeso, no hubo igualdad”, por lo que ya preparan la impugnación para presentar ante el Tribunal de Alzada de Cuautitlán.
“No se nos permitió poder acreditar que Alma es vecina contrario a la tesis de la Fiscalía que dice que no conocía a la víctima; ellas eran vecinas. Tampoco se nos dejó acreditar que Alma lleva viviendo aproximadamente 13 años en el municipio de Teoloyucan”, comentó la abogada.
Otra irregularidad en el proceso contra Alma fue la aplicación del tipo penal.
De acuerdo con Mariel Avendaño, el tipo penal de extorsión simple contempla una pena de 8 a 12 años de prisión pero cuando se aplican agravantes, la pena aumenta de 40 y hasta 70 años de prisión:
“La extorsión hecha hacia una víctima mujer se agrava, entonces por eso a Alma se le está sentenciando así pero creemos que no, si bien está agravante es para proteger a las mujeres que es un grupo vulnerable y a veces cuando el que está extorsionando es hombre, si se puede actualizar esta asimetrías de poder, en este caso no es necesario porque son dos son dos mujeres”.
LO DE ALMA, NO ES UN CASO AISLADO
El delito de extorsión, de acuerdo con el Código Penal del Estado de México, se define como el acto de “obligar a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño”, una definición muy amplia y ambigua, según la abogada.
Los agravantes de este delito es que sea cometido contra una mujer, como en el caso de Alma; una persona menor de edad, con discapacidad o que sea mayor de 70 años, con penas de entre 40 y 70 años de cárcel, o prisión vitalicia.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 fueron iniciadas 10 mil 337 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el país, de las cuales 4 mil 10 (38.77 por ciento) se presentaron en el Estado de México. Entre enero y julio de 2024, el número de carpetas de investigación por extorsión en el país fue de 5 mil 962, con 2 mil 4 en el Estado de México (33.61 por ciento).
Lo anterior aunado a que, de acuerdo con una investigación de Intersecta, en México son una minoría las personas que tienen recursos suficientes para tener acceso a una abogada o abogado privado que les brinde atención oportuna cuando por una denuncia, sin investigación ni pruebas en su contra como en el caso de Alma, terminan en prisión.
Hasta el 80 por ciento de las personas que hoy están en prisión en el país no pudieron costear una defensa particular y que no se tenga acceso a una defensa adecuada responde a dos factores: primero, a que la mayoría de la población que está en prisión son personas pobres, con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos, según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi.
Los mismos datos del Inegi también arrojan que 6 de cada 10 personas en prisión no lograron tener acceso a estudios superiores a la secundaria por dificultades económicas, o porque tuvieron que cambiar el tiempo de escuela por trabajo, para llevar comida a casa.
“Lamentablemente Alma no es un caso aislado. Creo que uno de los factores que se repiten en estos casos es que estas mujeres pertenecen a un grupo vulnerable, están marginadas, no cuentan con recursos económicos para poder pagar una defensa adecuada. Incluso a Alma le han comentado que hay compañeras que están purgando una condena de 40 años por 100 pesos pero esas personas no han tenido la oportunidad de contar con una defensa adecuada porque no cuentan con los recursos económicos para poderla pagar, entonces se les invisibiliza”, comentó la abogada.
El sistema de justicia, ese que actualmente está en medio del debate público por la reforma al Poder Judicial que ya está en la Cámara de Senadores para ser votada y que tiene como principal objetivo elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular, no funciona para las personas como Alma: “es como si fuera una máquina, se lleva el proceso de manera sistemática, se les condena, no hay apelaciones, no hay amparo y ya 40 años, invisibilizándolas por completo y dejando de lado completamente el tema de la reinserción social”.
“Alma no es lo que se está buscando atacar con el delito de extorsión, simplemente fue a requerir el pago de algo que se le debía. Yo creo que lo que debemos reflexionar es cómo está establecido el delito de extorsión en el código en el Código Penal del Estado de México porque cualquier persona que vaya a cobrar un pago se le puede encuadrar en esta conducta y darte 40 a 70 años de prisión o vitalicia.
El delito de extorsión también se encuentra en la mira, no sólo por casos como el de Alma, sino por la intención del todavía presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de incluir la extorsión entre los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.