El Poder Judicial de Hidalgo, encabezado por la magistrada Rebeca Aladro Echeverría, solicitó una licitación por 30 autos y camionetas que serán una gran herida en el erario de la entidad.
PODER JUDICIAL DE HIDALGO PLANEA IRSE CON CAMIONETAS NUEVAS
Según se ha dado a conocer, el contrato asciende a 28 millones de pesos por un periodo de dos años, es decir, casi un millón de pesos por unidad. Este gasto, aunque amparado por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, ha sido cuestionado tanto por el elevado costo como por la poca austeridad que refleja.
Además, esta actitud del Poder Judicial refleja una desconexión con la sociedad que lo sostiene. En Hidalgo el 45 por ciento de la población vive en situación de pobreza.
Pero lo más grave es que al finalizar el contrato, los magistrados tendrán la posibilidad de adquirir los vehículos, dejando al Poder Judicial como único perdedor en la operación. Críticos de la medida señalan que, con este presupuesto, podrían haberse comprado al menos dos unidades por cada vehículo arrendado, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la racionalidad del gasto.
“EL ACCESO A LA JUSTICIA ES UN DERECHO QUE NO PUEDE SER APLAZADO”
Anteriormente la magistrada Rebeca Aladro Echeverría ya se había posicionado sobre la reforma judicial que también plantea el combate a la corrupción para evitar gastos excesivos al interior del PJ a nivel federal y en los estados:
“Tenemos confianza en que se privilegie la carrera judicial y queda abierta la posibilidad de brindar la capacitación necesaria a quien lo requiera, para llegar a tener la justicia que se merecen todos los sectores de la población hidalguense”, sostuvo.
A pesar de no mostrar un rechazo total a la reforma, ha solicitado en diversas ocasiones que se privilegie la carrera judicial.
Sin embargo, este último escándalo podría poner en duda el interés de la magistrada Rebeca Aladro Echeverría por garantizar el acceso a la justicia de las y los hidalguenses.