VILLAHERMOSA, TABASCO, 15 DE DICIEMBRE DE 2010.- Por unanimidad, el Congreso exhortó a los órganos de procuración de justicia, tanto federal como estatal, así como a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a que informen “de inmediato” de las investigaciones que se han llevado a cabo para esclarecer el “asesinato” de dos jóvenes de Jalpa de Méndez para deslindar responsabilidades.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PRD y oriundo de ese municipio, Jesús Selván García, quien señaló que, a un mes de ocurridos estos hechos en los que “cobardemente” fueron “acribillados” Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, “por un retén de fuerzas mixtas integrado” por elementos de la Marina, el Ejército, policías federales y ministeriales, e indicó que, de los “36 involucrados” no hay un solo detenido.
Dijo que a un mes de ocurrido este incidente, no haya ningún responsable, sino que todos los involucrados “en estos hechos lamentables” se tiran la bolita, y “sigan con la tranquilidad del mundo transitando las calles de nuestro estado, de nuestro país, burlándose del dolor ajeno, y haciendo alarde de sus influencias de poder”.
Por ello interrogó que donde quedaban los principios de justicia pronta y expedita, sino nuevamente “estamos siendo testigos de que el poder corrompe, que está por encima de los derechos humanos de cualquier persona”.
El legislador también demandó la intervención de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos “para velar por el respeto a los derechos humanos y el castigo a los responsables”.
De igual manera, exigió a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia, así como a la Sedena, que “este abuso de autoridad no quede impune”, por lo que les pidió “no solapar este tipo de delitos”, pues si estos hechos no tienen castigo “qué podemos esperar los ciudadanos de nuestras autoridades”.
En otro asunto, con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados modificó Ley Orgánica de los Municipios del Estado en lo relativo al proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal.
Las reformas “tienen el propósito de que el proceso entrega-recepción cuente con mayor certeza jurídica, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional de los Ayuntamientos, debido a que históricamente, al término de las administraciones son frecuentes las descalificaciones, acusaciones y denuncias públicas por el desvío de recursos.”
Como se recordará, esta iniciativa fue presentada por el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas. De esa manera, se señala en el cuerpo del dictamen, estas modificaciones responden a “la exigencia ciudadana de contar con mayor credibilidad en los actos administrativos de las autoridades”.
El proceso de entrega-recepción, agrega, constituye un mecanismo que permite a los servidores públicos salientes y entrantes, transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos que tienen asignados.Se destaca en el dictamen que “el Ayuntamiento saliente deberá especificar y asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo completo, prima vacacional, y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal, y se deberán rendir informes especiales con la documentación soporte respecto a los pasivos de las anteriores administraciones que no hubieren sido finiquitados.”
Luego, el diputado del PRI, José Carlos Ocaña Becerra, presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Fomento Económico y de Mejora Regulatoria del Estado, “para contar con una normatividad más ágil que genere un ambiente favorable para la creación de negocios.”
Esta iniciativa contiene disposiciones que eliminan obstáculos para el fomento de las actividades empresariales, dado que establece límites de hasta 72 y 48 horas, para que las autoridades respondan a las solicitudes de trámites para la apertura de negocios que realizan los inversionistas.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado del PRD y oriundo de ese municipio, Jesús Selván García, quien señaló que, a un mes de ocurridos estos hechos en los que “cobardemente” fueron “acribillados” Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román, “por un retén de fuerzas mixtas integrado” por elementos de la Marina, el Ejército, policías federales y ministeriales, e indicó que, de los “36 involucrados” no hay un solo detenido.
Dijo que a un mes de ocurrido este incidente, no haya ningún responsable, sino que todos los involucrados “en estos hechos lamentables” se tiran la bolita, y “sigan con la tranquilidad del mundo transitando las calles de nuestro estado, de nuestro país, burlándose del dolor ajeno, y haciendo alarde de sus influencias de poder”.
Por ello interrogó que donde quedaban los principios de justicia pronta y expedita, sino nuevamente “estamos siendo testigos de que el poder corrompe, que está por encima de los derechos humanos de cualquier persona”.
El legislador también demandó la intervención de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos “para velar por el respeto a los derechos humanos y el castigo a los responsables”.
De igual manera, exigió a la PGR y a la Procuraduría General de Justicia, así como a la Sedena, que “este abuso de autoridad no quede impune”, por lo que les pidió “no solapar este tipo de delitos”, pues si estos hechos no tienen castigo “qué podemos esperar los ciudadanos de nuestras autoridades”.
En otro asunto, con 30 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Cámara de Diputados modificó Ley Orgánica de los Municipios del Estado en lo relativo al proceso de entrega-recepción de la administración pública municipal.
Las reformas “tienen el propósito de que el proceso entrega-recepción cuente con mayor certeza jurídica, lo que permitirá fortalecer la imagen institucional de los Ayuntamientos, debido a que históricamente, al término de las administraciones son frecuentes las descalificaciones, acusaciones y denuncias públicas por el desvío de recursos.”
Como se recordará, esta iniciativa fue presentada por el diputado del PRI, Fernando Valenzuela Pernas. De esa manera, se señala en el cuerpo del dictamen, estas modificaciones responden a “la exigencia ciudadana de contar con mayor credibilidad en los actos administrativos de las autoridades”.
El proceso de entrega-recepción, agrega, constituye un mecanismo que permite a los servidores públicos salientes y entrantes, transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos que tienen asignados.Se destaca en el dictamen que “el Ayuntamiento saliente deberá especificar y asegurar la disponibilidad de recursos para el pago de aguinaldo completo, prima vacacional, y demás prestaciones de los trabajadores de la administración municipal, y se deberán rendir informes especiales con la documentación soporte respecto a los pasivos de las anteriores administraciones que no hubieren sido finiquitados.”
Luego, el diputado del PRI, José Carlos Ocaña Becerra, presentó una iniciativa de reformas a las leyes de Fomento Económico y de Mejora Regulatoria del Estado, “para contar con una normatividad más ágil que genere un ambiente favorable para la creación de negocios.”
Esta iniciativa contiene disposiciones que eliminan obstáculos para el fomento de las actividades empresariales, dado que establece límites de hasta 72 y 48 horas, para que las autoridades respondan a las solicitudes de trámites para la apertura de negocios que realizan los inversionistas.
