Núñez Jiménez expresa su inconformidad porque después de años de promesas y miles de millones de pesos invertidos, Tabasco reporta estado de emergencia en 12 de sus 17 municipios
El Senador Arturo Núñez Jiménez presentó ante el Pleno Legislativo un Punto de Acuerdo donde solicitó que con carácter de urgente al titular del Ejecutivo Federal, gire las instrucciones necesarias a las Secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública, de Salud, de Desarrollo Social y de Energía, para que en sus respectivos ámbitos de competencia establezcan los programas y acciones de emergencia necesarios frente a los daños causados por las inundaciones que se registran en el Estado, ante el riesgo que trae consigo la inminente llegada de la temporada anual de lluvias.
El Vicepresidente del Senado, demandó además, el manejo adecuado y escrupuloso de las presas ubicadas en Chiapas, para evitar afectaciones mayores en la planicie tabasqueña.
En el Punto de Acuerdo Núñez Jiménez solicitó formalmente desde la tribuna legislativa que tanto el Gobierno del Estado y las dependencias federales involucradas, en el caso extremo de la reubicación necesaria o forzosa de comunidades y familias tabasqueñas en localidades rurales por obras de emergencia, paguen en forma inmediata las indemnizaciones por los inmuebles afectados, además de que repongan, en dinero o en especie, y en forma justa, los enseres y mobiliario dañados por las inundaciones causadas por dichas obras de control.
De igual forma demandó que la CONAGUA a la brevedad posible presente al Senado, un informe detallado sobre las causas en los retrasos de las obras previstas en el Programa Hídrico Integral de Tabasco, así como el informe exacto sobre las obras de emergencia no programadas, o programadas y no realizadas en el plazo establecido, consistentes en la apertura de “ventanas”, vados o derivaciones de los ríos Grijalva y Carrizal, y las poblaciones afectadas en todos los casos. En dicho informe se deberá precisar cuáles comunidades habían sido programadas para reubicación y las causas y responsables en el caso de que no se haya logrado, así como aquellas que sin haber estado incluidas en el programa de reubicación, tuvieron que ser afectadas por obras de emergencia.
El Senador por Tabasco también requirió la intervención de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, para que implementen acciones de difusión y permanezcan atentas a las denuncias por eventuales violaciones de los derechos humanos de los pobladores en las comunidades afectadas por inundaciones en el Estado de Tabasco.
En la exposición de motivos en el que sustenta el Punto de Acuerdo, Núñez Jiménez expresa su inconformidad porque después de años de promesas y miles de millones de pesos invertidos, Tabasco reporta estado de emergencia en 12 de sus 17 municipios, más de 90 mil damnificados, cientos de comunidades inundadas y daños por miles de millones de pesos.
La entidad está nuevamente en alerta máxima, especialmente en el municipio del Centro y los aledaños, y tanto CONAGUA como el Gobierno Estatal tratan de hacer en pocos días lo que no fueron capaces de realizar en los tres años pasados: concluir las obras y reubicar a las familias. Frente a ello, con justificada indignación, la población reclama la negligencia y la improvisación.
La propuesta fue suscrita también por la Senadora Rosalinda López Hernández y se turnó a las Comisiones de Protección Civil, y de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen.
El Vicepresidente del Senado, demandó además, el manejo adecuado y escrupuloso de las presas ubicadas en Chiapas, para evitar afectaciones mayores en la planicie tabasqueña.
En el Punto de Acuerdo Núñez Jiménez solicitó formalmente desde la tribuna legislativa que tanto el Gobierno del Estado y las dependencias federales involucradas, en el caso extremo de la reubicación necesaria o forzosa de comunidades y familias tabasqueñas en localidades rurales por obras de emergencia, paguen en forma inmediata las indemnizaciones por los inmuebles afectados, además de que repongan, en dinero o en especie, y en forma justa, los enseres y mobiliario dañados por las inundaciones causadas por dichas obras de control.
De igual forma demandó que la CONAGUA a la brevedad posible presente al Senado, un informe detallado sobre las causas en los retrasos de las obras previstas en el Programa Hídrico Integral de Tabasco, así como el informe exacto sobre las obras de emergencia no programadas, o programadas y no realizadas en el plazo establecido, consistentes en la apertura de “ventanas”, vados o derivaciones de los ríos Grijalva y Carrizal, y las poblaciones afectadas en todos los casos. En dicho informe se deberá precisar cuáles comunidades habían sido programadas para reubicación y las causas y responsables en el caso de que no se haya logrado, así como aquellas que sin haber estado incluidas en el programa de reubicación, tuvieron que ser afectadas por obras de emergencia.
El Senador por Tabasco también requirió la intervención de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, para que implementen acciones de difusión y permanezcan atentas a las denuncias por eventuales violaciones de los derechos humanos de los pobladores en las comunidades afectadas por inundaciones en el Estado de Tabasco.
En la exposición de motivos en el que sustenta el Punto de Acuerdo, Núñez Jiménez expresa su inconformidad porque después de años de promesas y miles de millones de pesos invertidos, Tabasco reporta estado de emergencia en 12 de sus 17 municipios, más de 90 mil damnificados, cientos de comunidades inundadas y daños por miles de millones de pesos.
La entidad está nuevamente en alerta máxima, especialmente en el municipio del Centro y los aledaños, y tanto CONAGUA como el Gobierno Estatal tratan de hacer en pocos días lo que no fueron capaces de realizar en los tres años pasados: concluir las obras y reubicar a las familias. Frente a ello, con justificada indignación, la población reclama la negligencia y la improvisación.
La propuesta fue suscrita también por la Senadora Rosalinda López Hernández y se turnó a las Comisiones de Protección Civil, y de Recursos Hidráulicos para su análisis y dictamen.
