Washington, 21 de febrero.- El Gobierno del Presidente Donald Trump presumió el nombramiento de seis cárteles de México como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, en inglés), una decisión anunciada por el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, que estableció algunos impactos en persecución de personas y entidades.
“En 30 días, el Presidente cerró la frontera, lo decidió, declaró a los cárteles como organizaciones terroristas”, dijo Stephen Miller, asesor principal de Política de la Casa Blanca en conferencia de prensa este jueves.
Además de la notificación en el Registro Federal, el Departamento de Estado difundió un documento con algunos de los alcances significativos de nombrar como grupos terroristas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Cárteles Unidos y La Familia Michoacana, además de los grupos criminales Tren de Aragua, de Venezuela, y MS-13, de El Salvador.
Además de nombrarlos como FTO, la Administración Trump designa a los grupos mencionados y sus miembros como Terroristas Globales Especialmente Designados (ODS), es decir, permitirá establecer sanciones a tales grupos y a quienes estén relacionados con ellos.
“Las designaciones de terroristas exponen y aíslan a entidades e individuos, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan para llevar a cabo ataques”, indica la Administración Trump. “Como resultado de las medidas adoptadas hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas hoy que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense están bloqueados, y a las personas estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con ellas“.
Las designaciones pueden servir al Departamento de Justicia para la aplicación de la Ley, incluso a gobiernos estatales.
Los expertos en terrorismo han reconocido que hay preocupaciones serias sobre el alcance de la designación.
1. Proporcionalidad y eficacia contra terrorismo
Un experto en terrorismo consultado por este diario, quien prefirió omitir su nombre debido a su posición en una universidad estatal, reconoció que las acciones contra los grupos terroristas pueden determinar violaciones a derechos humanos y desplazamientos.
“Las mayores preocupaciones sobre la política de la lucha contra el terrorismo, en general, son la proporcionalidad y la eficacia“, dijo. “Mucho de lo que se ha hecho en nombre de la lucha contra el terrorismo ha sido desproporcionado con respecto a la amenaza, con el resultado de que, según varios, las consecuencias no deseadas (violaciones de los derechos humanos, reducción del espacio cívico, etc.) han tenido más impacto que las consecuencias previstas”. Agregó que los gobiernos deben evaluar las amenazas, basados en la evidencia, sin politizar, para establecer estrategias proporcionales y eficaces.
“Al mirar atrás a las décadas posteriores al 11 de septiembre, muchos analistas ahora opinan que las amenazas extremistas islamistas recibieron demasiada atención, de modo que la amenaza extremista de derecha fue más bien subestimada, en nuestro detrimento”, expuso.
2. Socavar la lucha contra el terrorismo
El experto reconoció que nombrar a grupos criminales, que afectan la seguridad, como los cárteles u organizaciones criminales clasificadas como pandillas, puede afectar la lucha contra el terrorismo, el cual establece que un grupo utiliza el “terror” contra gobiernos y poblaciones civiles con fines políticos.
“La clasificación errónea de otras amenazas a la seguridad (no terroristas) como ‘terroristas’ es una preocupación adyacente aquí y socava la integridad de las medidas de lucha contra el terrorismo (y la confianza pública en ellas) en general”, expresó. “Creo que es justo decir que esta medida de la actual administración no integra las lecciones aprendidas con tanto esfuerzo de la política de lucha contra el terrorismo que hemos estado aprendiendo durante las últimas dos décadas y más”.
3. Acciones militares
El experto dijo que un país determina las acciones militares de interés para su política contra grupos terroristas, como en este caso los cárteles, pero dependerá también de cómo se exponen los argumentos legales al respecto. “Me parece bastante claro que la actual administración podrá encontrar algún mecanismo legal, o alguna base en un precedente, para emprender una acción militar, si eso es lo que quieren hacer”, reconoció. “Yo esperaría que los republicanos en el Congreso fueran dóciles y apoyaran la política de la administración”.
Propone republicano usar mercenarios contra cárteles
El congresista republicano por Tennessee, Tim F. Burchett, aseguró ayer que presentará una iniciativa de Ley en el Cámara Baja de Estados Unidos que autorice el uso de mercenarios… pic.twitter.com/wZCqksP0mM
El 13 de febrero, los representantes Tim Burchett (Tennessee) y Mark Messmer (Indiana) presentaron el proyecto de Ley de Reautorización de Marcas y Represalias de Carteles de 2025, para autorizar a grupos paramilitares privados para atacar a cárteles.
“La legislación autorizaría al Presidente Trump a encargar a actores armados y equipados de forma privada que se apoderen de las personas y los bienes de cualquier cártel, miembro del cártel u organización vinculada al cártel”, se indicó.
Messner enfatizó en el proyecto que los cárteles son grupos terroristas.
“La Ley de Autorización de Marcas y Represalias contra Carteles de 2025 sumaría otra flecha a nuestro arsenal de seguridad nacional, garantizando que el Presidente Trump tenga toda la autoridad que necesita para proteger a nuestros ciudadanos de amenazas criminales y vinculadas al terrorismo”, expuso.
4. El sistema financiero usado por narcos
En julio de 2024, el Financial Times reveló el caso de un par de residentes de California, acusados ??de trabajar con el Cártel de Sinaloa depositando decenas de miles de dólares en efectivo en cajeros automáticos de Citi Bank, sin ser señalados por lavado de dinero.
Los dos hombres hacían depósitos menores a 10 mil dólares, pero incluso varios en un mismo día. Al superar esa cifra, el banco debe reportar las transacciones al Departamento del Tesoro de los EU.
Los acusados formaban parte de una red más grande de lavado de dinero que habría logrado enviar hasta 50 millones de dólares por la venta de metanfetamina y fentanilo.
Solamente en 2024, Citi Bank recibió una multa de 136 millones de dólares por incumplir con la vigilancia contra el lavado de dinero.
El 18 de febrero, Tricia Bacon, profesora asociada de la Escuela de Asuntos Públicos de la American University y ex analista antiterrorista del Departamento de Estado, y Daniel Byman, investigador principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y profesor de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, alertaron sobre las implicaciones a empresas estadounidenses con el nombramiento de cárteles como FTOs.
“El impacto en muchas empresas estadounidenses y en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México podría ser considerable”, dijeron en su análisis publicado en Foreing Policy. “Con la nueva orden ejecutiva, las empresas estadounidenses deben preocuparse de que, cuando trabajen con una empresa en México, esta pueda tener vínculos con los cárteles, que están profundamente arraigados en la economía mexicana. Los bancos y los procesadores de pagos que ayudan a transferir remesas a México serían vulnerables a ser procesados”.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró que se haya abierto el debate sobre la afiliación del Senador Miguel Ángel Yunes Márquez a Morena, un tema que dejará en manos de Luisa María Alcalde Luján, la dirigente del partido guinda.
5. La persecución contra distribuidores de armas
El experto consultado por este diario, quien además es reconocido por su trabajo a nivel internacional, reconoció que el tráfico de armas a México desde EU puede representar un problema para grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
“El lobby de las armas está en sintonía (políticamente) con la administración [Trump]”, expuso. “Estoy seguro de que la NRA se involucrará en un esfuerzo de cabildeo para preservar los intereses de sus miembros”.
La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una reforma constitucional para aumentar las penas contra traficantes de armas, además de anunciar que aumentaría la demanda contra productores y distribuidores de armas, debido a que el 74 por ciento de este equipo letal es traficado desde EU a México.
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