La titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Tabasco, Vania Elizabeth de Alba González, aseguró que el proceso de extinción del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) y del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Tabasco (SESEA) se llevará a cabo de forma ordenada, transparente y documentada.
Durante la conferencia de prensa encabezada por el titular de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Vázquez Rosas, De Alba González informó que ha sido designada como persona liquidadora de ambos organismos, y que ya se cuenta con un plan de actividades para dar seguimiento puntual a cada fase del proceso, garantizando que las liquidaciones de los servidores públicos se efectúen con pleno respeto a sus derechos laborales.
Detalló que el 20 de junio, el ITAIP entregó los elementos de seguridad para el acceso a su plataforma y servidores, mismos que deberán ser transferidos a la persona designada por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) en un plazo no mayor a cinco días.
Asimismo, el próximo miércoles 25 de junio, el ITAIP entregará los recursos materiales, financieros, expedientes, archivos y asuntos en trámite, incluyendo los del Órgano Interno de Control. Posteriormente, se analizará toda la información, mientras que el 11 de julio es la fecha límite para entregar los recursos financieros a la SAF.
Respecto al SESEA, la funcionaria indicó que el proceso de liquidación inició el pasado 11 de junio con la publicación de la nueva Ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Un día después, fue oficialmente designada como liquidadora por parte de la SAF.
Añadió que el 26 de junio vence el plazo para la entrega de recursos materiales, sistemas, equipos informáticos y financieros del SESEA. El 10 de julio será el último día para que se transfieran estos elementos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Vania Elizabeth de Alba enfatizó que el proceso busca asegurar una adecuada transferencia de bienes financieros, materiales, documentales y tecnológicos, salvaguardando la integridad del patrimonio público y garantizando el resguardo de los recursos estatales.
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