En lo que representa uno de los decomisos más cuantiosos en materia de robo de hidrocarburos en lo que va del año, la Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló un centro de almacenamiento ilegal masivo en el norte del país, logrando el aseguramiento de más de un millón de litros de combustible de procedencia ilícita.
El golpe estratégico derivó de intensas labores de inteligencia federal, las cuales permitieron ubicar un predio habilitado para actividades de "huachicol" en el municipio de Cadereyta Jiménez, una demarcación clave para la industria energética nacional debido a la presencia de la Refinería Héctor R. Lara Sosa de Pemex.
El operativo se ejecutó de manera conjunta y simultánea, demostrando la coordinación de las fuerzas federales de seguridad. En la intervención participaron:
- La Fiscalía General de la República (FGR) como conductora jurídica de la investigación.
- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN), quienes blindaron el perímetro para evitar reacciones del crimen organizado.
El inmueble intervenido se localiza estratégicamente sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, dentro de la zona metropolitana de Monterrey, una vía de alta conectividad que facilitaba el flujo terrestre del combustible robado.
La inspección ministerial en el sitio reveló que no se trataba de un centro de distribución menor, sino de un complejo con capacidad logística a gran escala. Las autoridades aseguraron:
- Combustible: 671 mil litros de posible hidrocarburo almacenado.
- Sustancias bajo análisis: 400 mil litros de un líquido bitonal (negro y amarillo) que ya se encuentra bajo peritaje químico para determinar su composición exacta.
- Logística pesada: Tractocamiones, autotanques, frac tanks (tanques de almacenamiento móvil), acoples dollys y un remolque de plataforma.
- Almacenamiento menor: Alrededor de 409 cubitanques y silos de almacenamiento vertical de gran volumen.
- Operatividad: Motobombas de alta presión y plantas de luz con remolque industrial, utilizadas para el trasvase rápido del combustible.
Todo lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), instancia que integrará la carpeta de investigación correspondiente contra quien resulte responsable por delitos tipificados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Este aseguramiento en Nuevo León se da en un momento de alta tensión binacional respecto al tema. El robo y tráfico ilegal de combustibles en México ha dejado de ser un problema estrictamente local para convertirse en un asunto de seguridad nacional transfronteriza.
El operativo permitió asegurar más de un millón de litros de combustible y sustancias bajo investigación en un predio de Cadereyta, Nuevo León.
Recientemente, en el Senado de los Estados Unidos se presentó una iniciativa de ley que busca colocar el contrabando de combustibles —particularmente el denominado "huachicol fiscal"— en el centro de la estrategia de seguridad e inteligencia contra los cárteles de la droga.
Informes de agencias de inteligencia de ambos países señalan que organizaciones criminales de alta escuela, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, han diversificado sus operaciones hacia el robo de hidrocarburos. Esta actividad les genera ganancias multimillonarias con un menor nivel de rastreabilidad financiera, afectando de manera directa la seguridad energética de México y financiando su expansión armada.
Con este golpe en Cadereyta, el gobierno federal busca lanzar un mensaje de control sobre las redes de distribución ilegal que operan de forma paralela a las vías oficiales de distribución de Petróleos Mexicanos.
TomaNota:
- Se aseguraron 671 mil litros de posible hidrocarburo.
- También fueron decomisados 400 mil litros de un líquido cuya composición será analizada.
- El operativo se realizó en Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
- El inmueble y los materiales quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal.
- Las investigaciones continúan para determinar responsabilidades y el origen de los productos asegurados.
