El saldo oficial de la tragedia se cuantifica en 34 denuncias penales interpuestas por propietarios de establecimientos afectados
La Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó la crucial etapa de investigación pericial en el lugar de los hechos por la explosión que sacudió la Plaza Comercial Altabrisa el pasado 4 de agosto, un suceso que mantuvo en vilo a la ciudadanía y dejó a decenas de comerciantes en la incertidumbre.
El saldo oficial de la tragedia se cuantifica en 34 denuncias penales interpuestas por propietarios de establecimientos afectados, todas ellas dirigidas "contra quien resulte responsable".
Así lo informó el vicefiscal de Delitos Comunes, Gilberto Melquiades Miranda Díaz, quien detalló que, tras el evento, la FGE estableció de inmediato una base de operaciones de la Dirección de Servicios Periciales directamente en el centro comercial. Durante semanas, peritos especializados realizaron un minucioso trabajo de campo que incluyó al menos ocho diligencias periciales distintas, cuyos resultados serán fundamentales para determinar las causas exactas del siniestro y, con ello, establecer posibles responsabilidades civiles o penales.
"Las querellas de los dueños de los establecimientos afectados fueron presentadas contra quien resulte responsable", recalcó el funcionario, destacando que el camino legal para obtener una reparación del daño ya está en marcha por la vía penal.
Más allá de la investigación fiscal, una de las mayores preocupaciones de los afectados es la pronta rehabilitación de sus negocios.
Al respecto, el vicefiscal Miranda Díaz fue claro al señalar que la reactivación económica de la zona impactada depende exclusivamente de la administración de la plaza comercial.
"Corresponde a la administración de la plaza determinar el inicio de los trabajos de rehabilitación de los locales afectados", afirmó.
Esta declaración coloca la pelota en la cancha de los propietarios del inmueble, dejando en evidencia que la conclusión de la investigación pericial es solo el primer paso, pero que el futuro inmediato de los 34 negocios y sus empleados está supeditado a las decisiones que tome la empresa a cargo del centro comercial.
El cierre de la fase pericial marca un punto de inflexión en este caso de alto impacto. Ahora, la FGE se abocará al análisis integral de las evidencias recolectadas—que podrían incluir dictámenes de incendios y explosiones, ingeniería estructural, química y eléctrica—para integrar la Carpeta de Investigación y proceder, si los elementos lo permiten, con la judicialización del caso.
La explosión en Altabrisa no solo fue un evento traumático para la comunidad, sino que se ha convertido en un caso testigo sobre la responsabilidad de los grandes centros comerciales en la seguridad de sus instalaciones y la agilidad de la respuesta de las autoridades para proteger los derechos económicos de los ciudadanos y comerciantes afectados. La sociedad espera que las conclusiones de la Fiscalía arrojen luz sobre lo ocurrido y sienten un precedente de justicia y transparencia.
