“Las sanciones pudieran ser hasta la posible pérdida de este registro como candidata o candidato por faltas graves en materia de fiscalización”, enfatizó Carla Humphrey Jordan.
Las tres mil 406 candidaturas que participaron en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 reportaron ingresos por 268 millones 510 mil 798 pesos y egresos por 122 millones 027 mil 577 pesos, además de 66 mil 32 eventos, informó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan.
En conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Fiscalización precisó que, en el ámbito local, las cuatro mil 367 candidaturas que contendieron en 19 entidades con elección de poderes judiciales locales registraron ingresos por 127 millones 479 mil 425 pesos y gastos de 68 millones 399 mil 950 pesos con setenta y siete centavos, además de 48 mil 987 eventos.
Desde la sala de prensa del INE, Humphrey detalló que la autoridad fiscalizadora realizó un monitoreo en redes sociales y verificó los eventos que las candidaturas estaban obligadas a reportar tres días antes de su realización.
Ante los medios de comunicación, la consejera sostuvo que la fiscalización es fundamental porque garantiza la equidad en la contienda, la transparencia y la rendición de cuentas. “Me parece que en un proceso en el que se eligió, como ayer, a personas impartidoras de justicia, lo que debemos tener muy claro es que estas personas cumplan con las normas y que no las violen”, subrayó.
Dentro de los plazos relevantes de fiscalización, Humphrey Jordan resaltó que el 16 de junio se remitirán a las candidaturas los oficios con errores y omisiones derivados de sus informes, que deberán responder. Posteriormente, el 18 de julio se presentará en la Comisión de Fiscalización un dictamen consolidado y un anteproyecto de resolución que se someterá, finalmente, a aprobación del Consejo General el 28 de julio.
Entre las sanciones a las que pueden ser acreedoras las y los candidatos, se mencionan amonestaciones, multas e incluso la cancelación de candidaturas. Es decir, aunque se trate de candidaturas ganadoras, deben garantizar el cumplimiento de todas las reglas para el ingreso y egreso de recursos, el respeto a los topes de gastos de campaña y la presentación de los informes únicos de gasto.
“Las sanciones pudieran ser hasta la posible pérdida de este registro como candidata o candidato por faltas graves en materia de fiscalización”, enfatizó.
En cuanto al cumplimiento en la presentación de informes únicos de gastos de las candidaturas a nivel federal en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), Humphrey informó que al día de ayer se habían presentado el 94 % de los informes esperados y, a nivel local, el 91 %.
Ya se investigan gastos por “acordeones”
En sesión de preguntas y respuestas, Humphrey actualizó que se han presentado 98 quejas en materia de fiscalización contra diversas candidaturas, y la autoridad fiscalizadora ha iniciado tres de manera oficiosa.
Una de éstas corresponde a una vista que dio la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por posibles gastos relacionados con la elaboración y distribución de guías de votación conocidas como “acordeones”.
Lo anterior, para que la Unidad Técnica de Fiscalización determine el origen de los recursos con los que se pagó la producción, impresión y difusión de dichos materiales.
En conferencia de prensa, la también presidenta de la Comisión de Fiscalización precisó que, en el ámbito local, las cuatro mil 367 candidaturas que contendieron en 19 entidades con elección de poderes judiciales locales registraron ingresos por 127 millones 479 mil 425 pesos y gastos de 68 millones 399 mil 950 pesos con setenta y siete centavos, además de 48 mil 987 eventos.
Desde la sala de prensa del INE, Humphrey detalló que la autoridad fiscalizadora realizó un monitoreo en redes sociales y verificó los eventos que las candidaturas estaban obligadas a reportar tres días antes de su realización.
Ante los medios de comunicación, la consejera sostuvo que la fiscalización es fundamental porque garantiza la equidad en la contienda, la transparencia y la rendición de cuentas. “Me parece que en un proceso en el que se eligió, como ayer, a personas impartidoras de justicia, lo que debemos tener muy claro es que estas personas cumplan con las normas y que no las violen”, subrayó.
Dentro de los plazos relevantes de fiscalización, Humphrey Jordan resaltó que el 16 de junio se remitirán a las candidaturas los oficios con errores y omisiones derivados de sus informes, que deberán responder. Posteriormente, el 18 de julio se presentará en la Comisión de Fiscalización un dictamen consolidado y un anteproyecto de resolución que se someterá, finalmente, a aprobación del Consejo General el 28 de julio.
Entre las sanciones a las que pueden ser acreedoras las y los candidatos, se mencionan amonestaciones, multas e incluso la cancelación de candidaturas. Es decir, aunque se trate de candidaturas ganadoras, deben garantizar el cumplimiento de todas las reglas para el ingreso y egreso de recursos, el respeto a los topes de gastos de campaña y la presentación de los informes únicos de gasto.
“Las sanciones pudieran ser hasta la posible pérdida de este registro como candidata o candidato por faltas graves en materia de fiscalización”, enfatizó.
En cuanto al cumplimiento en la presentación de informes únicos de gastos de las candidaturas a nivel federal en el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC), Humphrey informó que al día de ayer se habían presentado el 94 % de los informes esperados y, a nivel local, el 91 %.
Ya se investigan gastos por “acordeones”
En sesión de preguntas y respuestas, Humphrey actualizó que se han presentado 98 quejas en materia de fiscalización contra diversas candidaturas, y la autoridad fiscalizadora ha iniciado tres de manera oficiosa.
Una de éstas corresponde a una vista que dio la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) por posibles gastos relacionados con la elaboración y distribución de guías de votación conocidas como “acordeones”.
Lo anterior, para que la Unidad Técnica de Fiscalización determine el origen de los recursos con los que se pagó la producción, impresión y difusión de dichos materiales.
