La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el Gobierno Federal “está de salida” del conflicto con organizaciones de agricultores y transportistas, luego de alcanzar acuerdos que permitieron levantar la mayoría de los bloqueos, incluido el último reporte en Chihuahua.
Para los productores, este cierre significa que los programas de apoyo continuarán, pero bajo una regla estricta: la entrega será directa a cada beneficiario, sin organizaciones intermediarias. El Gobierno argumenta que este modelo garantiza transparencia y evita desvíos.
Rodríguez reiteró que los apoyos se entregarán en cada estado y municipio únicamente a quienes estén registrados en los programas. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el esquema anterior —donde líderes distribuían recursos— como una práctica del “pasado neoliberal” que permitía opacidad y mermaba los montos destinados al campo.
La SADER ya cuenta con un calendario para iniciar entregas y atender peticiones productivas en varios estados. Esto permitirá que los productores sepan cuándo y cómo recibirán los recursos.
“El recurso es del pueblo y debe llegar íntegro a los beneficiarios”, afirmó Gobernación.
Además, se instalaron mesas de trabajo para abordar otras demandas: una enfocada en seguridad en carreteras, clave para el sector transportista, y otra para aclarar dudas sobre el marco legal del agua en revisión en la Cámara de Diputados.
Sobre este último tema, la presidenta fue clara: el objetivo de la reforma hídrica es asegurar que el agua sea un derecho y evitar su acaparamiento. La ley busca fortalecer regulaciones, prohibir descargas contaminantes —como las de empresas mineras— y ordenar la venta o transferencia de derechos de concesión para garantizar el consumo humano y las actividades productivas esenciales.
#TomaNota:
• Los apoyos al campo serán directos, sin organizaciones intermediarias.
• SADER iniciará entregas según calendario estatal.
• Se abrieron mesas de trabajo para seguridad en carreteras y para la reforma del agua.
• La reforma hídrica busca evitar acaparamiento y fortalecer regulaciones sobre concesiones.
