Granier no garantiza seguridad para juzgados en Gaviotas: Peralta Fócil
El alegato de los priistas, encabezados por su coordinador parlamentario, José Carlos Ocaña Becerra, es que el supuesto traslado de los juzgados federales no era “competencia” del Ejecutivo estatal, sino una decisión del Consejo de la Judicatura Federal
VILLAHERMOSA, TABASCO, 24 DE MARZO DE 2011.- A la presunción de que es inminente que el Poder Judicial de la Federación ordenará el traslado de sus juzgados asentados en Las Gaviotas, por falta de garantías del gobierno estatal para salvaguardarlos de las inundaciones, planteada por el PRD en tribuna, el PRI reaccionó que se trata de una mera “especulación” alimentada por los medios de comunicación, y ante las versiones “encontradas” que han surgido a raíz de ese trascendido, propuso que se le solicite, oficialmente, al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) si en verdad está pensando o no mover a su personal a otra plaza, presumiblemente el puerto veracruzano de Coatzacoalcos. Esa idea la impuso al aplicar su mayoría para modificar la propuesta original presentada por el grupo de los cuatro, del PRD, de solicitar al gobierno de Andrés Granier que tome “de manera inmediata las medidas necesarias” para frenar la partida de los juzgados federales. El asunto se trabó cuando el diputado Bernardo Barradas Ruiz, quien leyó el punto de acuerdo, planteó que se aprobara como de “urgente resolución”. Los diputados del PRI saltaron de sus curules y pidieron al perredista Juan José Peralta Fócil, que se modificara el planteamiento. El alegato de los priistas, encabezados por su coordinador parlamentario, José Carlos Ocaña Becerra, es que el supuesto traslado de los juzgados federales no era “competencia” del Ejecutivo estatal, sino una decisión del Consejo de la Judicatura Federal. Por momentos se vio manotear a Ocaña Becerra, tratando de convencer a Peralta Fócil de que tenía que modificarse el exhorto para que se dirigiera al Poder Judicial de la Federación, pero el perredista se mantuvo firme: es Granier quien no garantiza un lugar seguro para que los juzgados sean reubicados en un sitio a salvo de las inundaciones.
El presidente de la mesa directiva, Armando Beltrán Tenorio, quien tiene problemas de dicción, ordenó un receso de cinco minutos que se prolongó por más de 15 para tratar de conciliar a las partes, porque en el fondo el PRI sí estaba de acuerdo en el exhorto, sólo que no se mencionara únicamente a Granier. Ante la falta de acuerdos, el PRI negoció con el PAN la modificación y en la tribuna el diputado panista, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, hizo la propuesta: “El honorable Congreso del estado…solicita respetuosamente al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad posible informe a esta Cámara si los juzgados y tribunales federales que integran el Décimo Circuito, con sede en el estado de Tabasco, sean (sic) trasladados física y materialmente a otra entidad federativa”. Eso fue lo que se votó en el pleno y se aprobó con 28 votos a favor y 3 abstenciones. Previo a la votación se dio un intenso debate en tribuna cuando Peralta Fócil refutó ese acuerdo PRI-PAN, y apuntó que los diputados son representantes del pueblo, no de Granier. Aclaró que la propuesta presentada por su grupo no era con la finalidad de “golpear” a ninguna institución estatal, sino para que se tomen las medidas necesarias a fin de que se garantice la permanencia de los juzgados y tribunales federales en suelo tabasqueño. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, dijo que el PRI no se opone a ese exhorto, sino que se tiene que dirigir al Consejo de la Judicatura Federal para conocer la información de primera mano, pues los tabasqueños “ya están hasta el gorro de especulaciones”.
Ninguno de los que estamos aquí está interesado en que se vayan los juzgados por todo lo significaría para el estado, pero no debemos caer en especulaciones, no es una decisión que se debe tomar a la ligera, por eso hay que consultar al CJF. Alegó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 81, era muy “clara” al respecto y para hacer cambios se tiene que modificar esa norma, pues no es una decisión unilateral tomada por un magistrado, y “no se trata de que lleguemos tarde y que cuando reacciones ya se hayan ido” los juzgados. Entonces, Peralta Fócil subió a la tribuna a preguntarle a Beaurregard de los Santos si sabía qué estados integran el Décimo Circuito, a lo que la priista insistió en que el asunto es preguntar al CJF si es verdad o no que planea trasladar al personal judicial federal a otro lugar, y apuntó que el legislador perredista “sólo busca desviar la atención”. Entró al quite el diputado priista, Fernando Morales, quien aceptó que varias ciudades del sur de Veracruz, entre ellas Coatzacoalcos, integran ese circuito, y reiteró que su bancada si está de acuerdo, pero no en los términos planteados por el PRD. Luego, implícitamente, dijo por qué no estaba de acuerdo el PRI: porque quien difundió la versión de que los juzgados federales planean irse porque el gobierno estatal no les ha garantizado un terreno seguro donde puedan construir sus oficinas lejos de las inundaciones, fue el ex diputado local, Oscar Cantón Zetina. Y que no le van a hacer el juego a quien tiene “aspiraciones” de participar en el “hándicap” del PRD en la definición de la candidatura al gobierno estatal, para no caer en el “oportunismo político”. Al final, se impuso la decisión del PRI. El exhorto se dirigió al Consejo Federal de la Judicatura.
El presidente de la mesa directiva, Armando Beltrán Tenorio, quien tiene problemas de dicción, ordenó un receso de cinco minutos que se prolongó por más de 15 para tratar de conciliar a las partes, porque en el fondo el PRI sí estaba de acuerdo en el exhorto, sólo que no se mencionara únicamente a Granier. Ante la falta de acuerdos, el PRI negoció con el PAN la modificación y en la tribuna el diputado panista, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, hizo la propuesta: “El honorable Congreso del estado…solicita respetuosamente al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, para que a la brevedad posible informe a esta Cámara si los juzgados y tribunales federales que integran el Décimo Circuito, con sede en el estado de Tabasco, sean (sic) trasladados física y materialmente a otra entidad federativa”. Eso fue lo que se votó en el pleno y se aprobó con 28 votos a favor y 3 abstenciones. Previo a la votación se dio un intenso debate en tribuna cuando Peralta Fócil refutó ese acuerdo PRI-PAN, y apuntó que los diputados son representantes del pueblo, no de Granier. Aclaró que la propuesta presentada por su grupo no era con la finalidad de “golpear” a ninguna institución estatal, sino para que se tomen las medidas necesarias a fin de que se garantice la permanencia de los juzgados y tribunales federales en suelo tabasqueño. La diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, dijo que el PRI no se opone a ese exhorto, sino que se tiene que dirigir al Consejo de la Judicatura Federal para conocer la información de primera mano, pues los tabasqueños “ya están hasta el gorro de especulaciones”.
Ninguno de los que estamos aquí está interesado en que se vayan los juzgados por todo lo significaría para el estado, pero no debemos caer en especulaciones, no es una decisión que se debe tomar a la ligera, por eso hay que consultar al CJF. Alegó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 81, era muy “clara” al respecto y para hacer cambios se tiene que modificar esa norma, pues no es una decisión unilateral tomada por un magistrado, y “no se trata de que lleguemos tarde y que cuando reacciones ya se hayan ido” los juzgados. Entonces, Peralta Fócil subió a la tribuna a preguntarle a Beaurregard de los Santos si sabía qué estados integran el Décimo Circuito, a lo que la priista insistió en que el asunto es preguntar al CJF si es verdad o no que planea trasladar al personal judicial federal a otro lugar, y apuntó que el legislador perredista “sólo busca desviar la atención”. Entró al quite el diputado priista, Fernando Morales, quien aceptó que varias ciudades del sur de Veracruz, entre ellas Coatzacoalcos, integran ese circuito, y reiteró que su bancada si está de acuerdo, pero no en los términos planteados por el PRD. Luego, implícitamente, dijo por qué no estaba de acuerdo el PRI: porque quien difundió la versión de que los juzgados federales planean irse porque el gobierno estatal no les ha garantizado un terreno seguro donde puedan construir sus oficinas lejos de las inundaciones, fue el ex diputado local, Oscar Cantón Zetina. Y que no le van a hacer el juego a quien tiene “aspiraciones” de participar en el “hándicap” del PRD en la definición de la candidatura al gobierno estatal, para no caer en el “oportunismo político”. Al final, se impuso la decisión del PRI. El exhorto se dirigió al Consejo Federal de la Judicatura.
