Granier quitará casas, si no votan por el PRI
El líder del PRD, Javier May Rodríguez, acusó que Granier pretende despojar de sus viviendas a familias del fraccionamiento Bicentenario, si niegan su apoyo a Humberto Mayans a la gubernatura del estado. Por ello se establecieron convenios con los beneficiarios donde permiten al Invitab quitarles las viviendas
MARZO DE 2011. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier May Rodríguez, acusó que el gobierno de Andrés Granier Melo pretende despojar de sus viviendas en el fraccionamiento Bicentenario a las familias que se nieguen a apoyar las aspiraciones de Humberto Mayans Canabal a la titularidad del Poder Ejecutivo, así como a los demás que en su momento sean candidatos del Revolucionario Institucional (PRI) para las elecciones del 2012. “El que no vote por los candidatos de Granier y de Mayans, lo van a desalojar de su vivienda”, advirtió. Por ello, dijo el líder perredista, es que se establecieron con los supuestos beneficiarios convenios que permiten al gobierno del estado quitarles las viviendas en caso de incurrir en diversas situaciones.
Entre ellas está que el Invitab obliga a los beneficiarios a destinar el inmueble únicamente para vivienda, “por lo que no podrá destinarlo para un uso distinto como industria o comercio”. También prohíbe ceder, vender, arrendar o conceder el uso parcial o total del inmueble a una tercera persona, física o jurídica colectiva; o construir bardas grandes para dividir la vivienda, cuartos o elementos que alteren el estacionamiento y la fachada principal y los obliga a respetar los muros compartidos de la casa. A quien violente alguna de estas disposiciones, se le podría quitar su vivienda. Las cláusulas incurren en varias aberraciones jurídicas, señaló May Rodríguez. Explicó
: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 15, establece la garantía de defensa. Nadie, según la Carta Magna, puede ser privado de sus bienes, posesiones, papeles o propiedades sino mediante un juicio civil ante una autoridad judicial. Pese a ello, expresó, el convenio del Invitab, en la séptima de sus diez cláusulas, señala que: En caso de que el beneficiario incumpla con alguna de las obligaciones que se establecen en el documento, el organismo podrá exigir la desocupación inmediata del bien inmueble e iniciar la rescisión del acuerdo, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, y con el solo requisito de comunicarlo por escrito al hasta ese momento propietario de la vivienda con una anticipación de 15 días hábiles. La cláusula octava del convenio establece que los gastos, impuestos y derechos que el documento cause, correrán a cuenta de “el beneficiario”, mientras en la novena se le obliga a aportar la cantidad de 5 mil pesos. Esto, agregó el ex alcalde de Comalcalco, es “el colmo del abuso”. May Rodríguez sostuvo: “Desde aquí, condenamos que el gobierno de Granier y de Mayans, vía el Invitab, pretenda despojar de las viviendas a los beneficiarios cuando no cumplan con los requerimientos, sin necesidad de someterlos a un tribunal”, pues “eso es totalmente violatorio de la Constitución”. “También, les decimos a quienes aún no han buscado nuestro apoyo legal, que el hecho de haber firmado esos convenios no les quita el derecho de acudir ante la autoridad judicial a solicitar el amparo y protección de la justicia”, indicó. Puntualizó que “estas arbitrariedades ya las hemos hecho del conocimiento” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “para que esté al tanto de la doble moral del gobierno granierista”, y ello coadyuve a que se emita, en breve, la recomendación derivada de la queja interpuesta el año pasado por la apertura de canales de alivio, en perjuicio de la población. May
Entre ellas está que el Invitab obliga a los beneficiarios a destinar el inmueble únicamente para vivienda, “por lo que no podrá destinarlo para un uso distinto como industria o comercio”. También prohíbe ceder, vender, arrendar o conceder el uso parcial o total del inmueble a una tercera persona, física o jurídica colectiva; o construir bardas grandes para dividir la vivienda, cuartos o elementos que alteren el estacionamiento y la fachada principal y los obliga a respetar los muros compartidos de la casa. A quien violente alguna de estas disposiciones, se le podría quitar su vivienda. Las cláusulas incurren en varias aberraciones jurídicas, señaló May Rodríguez. Explicó
: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14 y 15, establece la garantía de defensa. Nadie, según la Carta Magna, puede ser privado de sus bienes, posesiones, papeles o propiedades sino mediante un juicio civil ante una autoridad judicial. Pese a ello, expresó, el convenio del Invitab, en la séptima de sus diez cláusulas, señala que: En caso de que el beneficiario incumpla con alguna de las obligaciones que se establecen en el documento, el organismo podrá exigir la desocupación inmediata del bien inmueble e iniciar la rescisión del acuerdo, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes, y con el solo requisito de comunicarlo por escrito al hasta ese momento propietario de la vivienda con una anticipación de 15 días hábiles. La cláusula octava del convenio establece que los gastos, impuestos y derechos que el documento cause, correrán a cuenta de “el beneficiario”, mientras en la novena se le obliga a aportar la cantidad de 5 mil pesos. Esto, agregó el ex alcalde de Comalcalco, es “el colmo del abuso”. May Rodríguez sostuvo: “Desde aquí, condenamos que el gobierno de Granier y de Mayans, vía el Invitab, pretenda despojar de las viviendas a los beneficiarios cuando no cumplan con los requerimientos, sin necesidad de someterlos a un tribunal”, pues “eso es totalmente violatorio de la Constitución”. “También, les decimos a quienes aún no han buscado nuestro apoyo legal, que el hecho de haber firmado esos convenios no les quita el derecho de acudir ante la autoridad judicial a solicitar el amparo y protección de la justicia”, indicó. Puntualizó que “estas arbitrariedades ya las hemos hecho del conocimiento” de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “para que esté al tanto de la doble moral del gobierno granierista”, y ello coadyuve a que se emita, en breve, la recomendación derivada de la queja interpuesta el año pasado por la apertura de canales de alivio, en perjuicio de la población. May
