El diputado perredista señaló que lo ocurrido en el bordo de Anacleto Canabal es un “acto criminal” porque debido a la negligencia de los gobiernos federal y estatal (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- El diputado del PRD, Bernardo Barradas Ruiz, afirmó que el gobierno de Andrés Granier Melo es el principal responsable de las afectaciones que han sufrido miles de tabasqueños por ser cómplice de las malas obras que se han hecho con los bordos de contención.
Dijo que lo que está sucediendo con las fracturas de los bordos es consecuencia de los actos de corrupción en que han incurrido tanto funcionarios de la Conangua como del gobierno estatal, razón por la cual debe haber castigo para los responsables de que cientos de hogares tabasqueños se encuentren en el agua. Señaló que lo ocurrido en el bordo de Anacleto Canabal es un “acto criminal” porque debido a la negligencia de los gobiernos federal y estatal, muchas familias de esa comunidad del Centro están pagando las consecuencias de “esa irresponsabilidad”, por lo que se les tiene que llamar a cuentas.
A esta gente que ha perdido su patrimonio, se le tiene que indemnizar, alguien se tiene que responsabilizarse por estas pérdidas que bien pudieron evitarse, pero por la corrupción de quienes se encargaron de licitar las obras, permitieron que se construyeran mal los bordos de contención y ahí están las consecuencias, agregó.
Está comprobado, manifestó Barradas Ruiz, que no les interesa proteger la integridad y el patrimonio de los tabasqueños, sino simplemente hacer negocios, enriquecerse de manera corrupta, pidiendo el diezmo a los contratistas, por eso no les importa si las obras están bien hechas o no.
Señaló que el Congreso debe exigir tanto al gobierno federal como al estatal que asuman su responsabilidad e indemnicen a los afectados por su negligencia e irresponsabilidad. Está claro, agregó, que esta administración no da una, que no tiene ningún plan ni estrategia para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los tabasqueños.
Por otro lado, confió en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá una resolución favorable a los afectados para que los gobiernos federal y estatal los indemnicen por las inundaciones provocadas con la apertura de los canales de alivio y que ocasionó la pérdida de todos sus bienes y propiedades.
Dijo que lo que está sucediendo con las fracturas de los bordos es consecuencia de los actos de corrupción en que han incurrido tanto funcionarios de la Conangua como del gobierno estatal, razón por la cual debe haber castigo para los responsables de que cientos de hogares tabasqueños se encuentren en el agua. Señaló que lo ocurrido en el bordo de Anacleto Canabal es un “acto criminal” porque debido a la negligencia de los gobiernos federal y estatal, muchas familias de esa comunidad del Centro están pagando las consecuencias de “esa irresponsabilidad”, por lo que se les tiene que llamar a cuentas.
A esta gente que ha perdido su patrimonio, se le tiene que indemnizar, alguien se tiene que responsabilizarse por estas pérdidas que bien pudieron evitarse, pero por la corrupción de quienes se encargaron de licitar las obras, permitieron que se construyeran mal los bordos de contención y ahí están las consecuencias, agregó.
Está comprobado, manifestó Barradas Ruiz, que no les interesa proteger la integridad y el patrimonio de los tabasqueños, sino simplemente hacer negocios, enriquecerse de manera corrupta, pidiendo el diezmo a los contratistas, por eso no les importa si las obras están bien hechas o no.
Señaló que el Congreso debe exigir tanto al gobierno federal como al estatal que asuman su responsabilidad e indemnicen a los afectados por su negligencia e irresponsabilidad. Está claro, agregó, que esta administración no da una, que no tiene ningún plan ni estrategia para salvaguardar la integridad y el patrimonio de los tabasqueños.
Por otro lado, confió en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitirá una resolución favorable a los afectados para que los gobiernos federal y estatal los indemnicen por las inundaciones provocadas con la apertura de los canales de alivio y que ocasionó la pérdida de todos sus bienes y propiedades.
