Harvard argumenta que esta decisión viola la Primera Enmienda y el debido proceso legal, al considerar que es una represalia por no cumplir con las demandas ideológicas del gobierno. La universidad también destaca el impacto negativo que tendría en su comunidad académica y en su reputación internacional.
En respuesta a la demanda, una jueza federal en Massachusetts emitió una orden de restricción temporal que bloquea la implementación de la medida mientras se resuelve el caso en los tribunales.
El presidente de Harvard, Alan Garber, calificó la acción del gobierno como “ilegal e injustificada”, y aseguró que la universidad respaldará a todos los afectados por la medida.
“Sin sus estudiantes internacionales, Harvard no es Harvard”, afirmó la universidad en su demanda.
