¿Cuándo y por quién fue autorizada esa hidroeléctrica? La forma en que se conoció por la sociedad e incluso por los perjudicados por esa obra, revela que hay una marcado desinterés por la suerte de ciudadanos que dependen de esa fuente para su vida cotidiana. El atropello de sus derechos es flagrante. La diputación local debe proceder formulando una demanda que detenga la construcción de la obra, que se proceda a su cancelación y restituya a los oaxaqueños los derechos de disfrutar de sus recursos naturales. Por otro lado se informa periodísticamente que esa obra se construye con fondos públicos de EUA. En otras palabras se dispone del medio ambiente nacional en forma atrabiliaria y sin mayor reparo por las nefastas consecuencias de los perjucios que origine para esos núcleos humanos.
Mal augurio para los años venideros, en caso de no proceder legal e inmediatamente protegiendo a las comunidades afectadas. El Gobierno de Gabino Cué debe proceder, como declaró en procura amplia y definitiva de los ciudadanos que confiaron en su candidatura para regir los destinos de Oaxaca. ¡Ahora o nunca, señor Gobernador!
