Hunde ASF a granieristas

VILLAHERMOSA, TABASCO. 02 DE MARZO DE 2014. Un quebranto de 3 millones de pesos a la hacienda pública federal y violaciones a la ley de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en Tabasco durante el 2012. El órgano auditor federal anunció que presentará denuncia de hechos ante la PGR por estas anomalías. 
    De acuerdo a la auditoría forense 20-A-27000-12-0398, donde se fiscalizaron los 13 millones 936 mil pesos para este proyecto, el 9 de julio de 2012 la Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada por José Manuel Sáiz Pineda, transfirió 3 millones de pesos de la cuenta bancaria especifica donde se depositaron los recursos federales, a otra denominada cuenta de gastos del gobierno estatal.
    “Se constató que al 31 de diciembre de 2012 no fueron restituidos los recursos a la cuenta bancaria de origen, por lo que en consecuencia no fueron aplicados al objeto establecido en el convenio de coordinación para el otorgamiento del subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal suscrito entre la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado”, cita el documento. Con ello se violó la cláusula sexta, fracción IV del convenio, que prohibía el traspaso de recursos a otros rubros o cuentas bancarias. “Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de tres millones de pesos, toda vez que la Secretaría de Administración y Finanzas transfirió los recursos a una cuenta bancaria denominada cuenta de gastos”, los cuales “no fueron restituidos a la cuenta de origen y consecuentemente no fueron aplicados al programa autorizado”. Esto trajo como consecuencia que no se hayan cubierto pagos a diversos prestadores de servicios.
    La Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (CIISJUPET) declaró desiertas dos licitaciones por 4 millones de pesos para servicios de difusión del mecanismo, debido a que el único inscrito no cumplía los requisitos, por lo que convocó de nuevo mediante invitación restringida a tres empresas. Sin embargo, la ASF detectó que en el escrito “no se incluyeron los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”  que resulten procedente para mejores condiciones para la entidad. Aquí, los tres proveedores invitados tenían vínculos laborales entre ellos.