IFE multa con 33 mdp a partidos

México, DF., 26 de septiembre.- El Instituto Federal Electoral aprobó imponer multas a los partidos políticos por un monto global de alrededor de 33 millones de pesos debido a diversas irregularidades en los manejos financieros relacionados con sus gastos ordinarios del 2012. De nueva cuenta, el PRD fue el más multado con 15.4 millones de pesos, en tanto que al PRI le impusieron multas por 7.7 millones de pesos.
    No obstante, se modificaron a la baja las sanciones impuestas al PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, pues se planteó y aprobó abrir procedimientos oficiosos en los casos de algunas irregulariades detectadas que, en lo concerniente al PAN, involucraban alrededor de 5 de los 10.5 millones de pesos con que se les pretendía sancionar originalmente.
    Sin embargo, lo que captó gran parte del debate fue la validación legal que la Unidad de Fiscalización hizo a un contrato de mutuo entre la empresa Alkino y el PRI por un monto de 66.3 millones de pesos, mismo que fue cuestionado por los consejeros, Benito Nacif, Alfredo Figueroa y Lorenzó Córdova quienes demandaron, sin éxito, que se abriera un procedimiento oficioso, porque era una práctica que alteraba la equidad de la contienda. En su momento, Nacif demandó que se ampliara la investigación en torno a este contrato pues expresó su inconformidad con la conclusión legal de la Unidad de Fiscalización que validaba los términos del contrato. “El dictamen no analizó, no hizo una interpretación sistemática integral”, acusó.
    Fue respaldado por Figueroa quien acusó que validar un contrato con tasas de interés de 3 por ciento, que no tiene casi nadie en el país, sería colocarse “ante la legalización probable de conductas que terminarán por distorsionar la naturaleza por la naturaleza de la competencia política”, porque abriría la puerta para que los hombres más ricos de México financien una campaña, con tasas de interés de 1,2 o 3 por ciento. Sin embargo, los consejeros, Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero, argumentaron contra estos cuestionamientos apelando a que ya ha habido pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validando la legalidad de este tipo de contratos.
    Las diferencias en torno a abrir nueva investigación o avalar el dictamen de la UF se resolvió en una doble votación. En primera instancia, un empate a 4 votos obligó a una nueva votación que fue resuelta con el cambio del voto de la consejera, María Marván, por lo que finalmente se decantó 5 a 3 en cancelar esta posibilidad.