Informe revela impunidad en crímenes a prensa en Veracruz
Un informe de Propuesta Cívica concluye que los asesinatos de periodistas en Veracruz entre 2010 y 2016 no fueron hechos aislados, sino producto de estructuras de macrocriminalidad con complicidad institucional que garantizaron la impunidad.
Los asesinatos de periodistas ocurridos en Veracruz durante el periodo más violento para la prensa en esa entidad respondieron a un patrón sostenido por redes de complicidad entre actores gubernamentales, empresariales y del crimen organizado, no a hechos independientes. Esa es la conclusión central del informe Prohibido Investigar. La impunidad sostenida en crímenes contra periodistas en Veracruz, presentado este miércoles 5 de agosto de 2026 por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica.
El documento analiza la violencia contra periodistas durante los gobiernos de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, con énfasis particular en los asesinatos cometidos entre 2011 y 2012. Entre las víctimas identificadas figuran Miguel Ángel López Velasco —conocido como "Milo Vela"—, su esposa Agustina Solana Melo, su hijo Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Gabriel Huge Córdoba, Guillermo Luna Varela, Esteban Rodríguez Rodríguez y Ana Irasema Becerra.
Un periodista asesinado cada tres meses durante seis años
Propuesta Cívica señala que entre 2010 y 2016 Veracruz se convirtió en uno de los escenarios más peligrosos para ejercer el periodismo en México. En ese lapso, en promedio un periodista fue asesinado cada tres meses. El informe registra que el gobierno de Javier Duarte acumuló 18 periodistas asesinados, y que Veracruz concentra el mayor número de asesinatos de periodistas registrados en el país hasta 2025, según los registros citados en la investigación.
Sin embargo, el informe advierte que el problema central no fue únicamente la violencia letal, sino la ausencia de investigaciones eficaces. Las fiscalías, señala el documento, analizaron los delitos de manera fragmentada, sin relacionarlos con el contexto de violencia generalizada ni con las redes de macrocriminalidad que operaban en la entidad. Esa fragmentación, sostiene Propuesta Cívica, impidió identificar patrones, responsabilidades institucionales y vínculos entre actores públicos y grupos criminales.
"La impunidad no es una simple omisión del Estado; representa una forma de administración institucional", advierte el informe, al explicar que la ausencia de investigaciones efectivas permitió que los asesinatos de periodistas continuaran sin consecuencias para quienes los cometieron.
Autocensura, presiones económicas y campañas de desprestigio
"La impunidad no es una simple omisión del Estado; representa una forma de administración institucional." — Informe Prohibido Investigar, Propuesta Cívica
El informe documenta que durante el gobierno de Duarte la violencia contra la prensa no se limitó a los homicidios. Existieron agresiones, amenazas, presiones económicas sobre medios de comunicación y campañas de desprestigio contra periodistas asesinados, además de un clima de miedo que favoreció la autocensura. Retomando estándares de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el documento sostiene que esta violencia no solo afectó a las víctimas directas, sino que limitó el acceso a la información y debilitó el ejercicio democrático.
Las demandas de Propuesta Cívica al Estado mexicano
Como parte de sus conclusiones, la organización plantea que reconstruir estos casos es indispensable para romper los ciclos de violencia e impunidad. Sus demandas incluyen el reconocimiento de la responsabilidad estructural del Estado, investigaciones que incorporen el contexto de macrocriminalidad, acceso a la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias, y garantías efectivas de no repetición. El informe propone, además, que las investigaciones futuras incorporen el contexto político, social y criminal en el que ocurrieron los hechos, a fin de establecer responsabilidades más allá de los autores materiales.
La fecha de publicación del informe coincide con un momento en que la violencia contra periodistas en México sigue siendo objeto de escrutinio internacional. Para Propuesta Cívica, nombrar lo ocurrido en Veracruz constituye una obligación frente a lo que el propio documento describe como una de las etapas más violentas para el ejercicio periodístico en el país.
#TomaNota
- Entre 2010 y 2016, en promedio un periodista fue asesinado cada tres meses en Veracruz, según el informe.
- El gobierno de Javier Duarte acumuló 18 periodistas asesinados, de acuerdo con registros citados en la investigación.
- Veracruz concentra el mayor número de asesinatos de periodistas registrados en México hasta 2025, según el documento.
- El informe fue elaborado por el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica.
