María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción
El Ministerio Público Federal (MPF) se prepara para formalizar cargos contra dos exdirectivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la actual presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Casar. La acusación se centra en la presunta asignación ilícita de una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales, gestionada de forma exprés en 2004.
Los implicados y los cargos
De acuerdo con expedientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), la Fiscalía General de la República (FGR) detectó la probable comisión del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. Los señalados en la carpeta de investigación son:
María Amparo Casar: Beneficiaria de la pensión.
Miguel Ángel Feijóo: Exgerente de Administración Financiera de Pemex.
Teresa Maldonado Ordóñez: Exintegrante de la Subgerencia de Recursos Financieros.
La audiencia inicial, donde se les imputarán formalmente los cargos, está programada para el próximo martes en un juzgado federal. Este paso ocurre tras una disputa de competencia territorial resuelta el pasado 25 de noviembre por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación.
El origen: Un trámite bajo sospecha
El caso se remonta a octubre de 2004, tras el fallecimiento de Carlos Fernando Márquez Padilla, esposo de Casar, quien se desempeñaba como coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex. Márquez Padilla apenas sumaba cuatro meses en el cargo cuando ocurrió su deceso el 7 de octubre.
Según las investigaciones:
La FGR sostiene que la pensión carece de sustento legal por la naturaleza del fallecimiento.
Instrucción jerárquica: Marco Antonio Murillo Soberanis, entonces gerente corporativo de Recursos Humanos, habría instruido a Feijóo para agilizar los trámites de pensión post mortem.
Celeridad inusual: María Amparo Casar solicitó el beneficio el 15 de octubre. Para el día 29 del mismo mes, ya había recibido su primer cheque.
La omisión clave: La investigación de la fiscalía capitalina de aquel entonces determinó que el fallecimiento fue un suicidio. Bajo la normativa interna de Pemex, un suicidio invalidaba el pago de pensiones y seguros de vida, hecho que presuntamente fue ignorado por los funcionarios involucrados.
La reactivación de este expediente cobró relevancia nacional en mayo de 2024, cuando el entonces director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, denunció públicamente el caso en la conferencia matutina presidencial. Romero subrayó la rapidez del proceso administrativo y el monto acumulado que Pemex ha pagado durante casi dos décadas bajo este esquema.
Por su parte, la defensa de México y la propia María Amparo Casar han sostenido que se trata de una persecución política derivada de su labor crítica desde la sociedad civil. No obstante, la FGR sostiene que el otorgamiento de estos recursos públicos carece de sustento legal debido a la naturaleza del fallecimiento del ex trabajador.
Puntos clave del caso
Monto: 125,000 pesos mensuales de forma vitalicia.
Antigüedad: El trabajador solo laboró 4 meses (junio a octubre de 2004).
Auditoría: Se investiga la responsabilidad administrativa de quienes omitieron los peritajes de suicidio para autorizar los pagos.
#TomaNota:
- Pensión investigada: 125,000 pesos mensuales, vitalicia.
- Fecha del trámite: octubre de 2004.
- Antigüedad del trabajador: 4 meses.
- Audiencia inicial: próximo martes.
- Delito imputado: uso ilícito de atribuciones y facultades.
