El Infonavit se ha convertido en una institución usurera en detrimento de los trabajadores, recompra créditos en 60 mil pesos que originalmente había vendido en 20 mil, y exige a los derechohabientes que paguen 300 mil, declaró la dirigente del Barzón en Tabasco.
Lilia del Carmen de los Santos, declaró lo anterior, en relación a la reciente protesta que el Consejo de Defensa de la Vivienda, realizó en la ciudad de México a principios de esta semana, en la que participó como representante del Barzón Tabasco.
Informó que el Infonavit está practicando la usura en detrimento de los trabajadores, a quienes presuntamente debía beneficiar y violando la Constitución Política y las leyes mexicanas.
Durante la protesta, mencionó Lilia del Carmen de los Santos, la diputada Laura Itzel Castillo, presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda, frente a las oficinas centrales del Infonavit, exigió al titular de ese instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, que cumpla con los acuerdos a los que llegó con el en Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), en materia de recompra de cartera vencida por parte de la institución.
Según la dirigente barzonista, el CDV tiene varios casos documentados en los que Infonavit recompró créditos en 60 mil pesos, originalmente vendidos a dos empresas trasnacionales en 20 mil.
Por esos créditos, abundó, ahora exige a los trabajadores hasta 300 mil pesos para que éstos mantengan sus casas.
De los Santos, sostuvo que dicha situación es “inaceptable y francamente ilegal, pues se configura claramente la usura, tipificada como delito en el capítulo de Fraude, según el artículo 387, fracción VII del Código Penal Federal”.
Infonavit vendió originalmente el 50% de su cartera vencida a dos empresas trasnacionales, mencionó, lo cual, además de ser ilegal, representa un severo quebranto a las finanzas de la institución, ya que
ese conjunto de créditos equivalente a 12 mil millones de pesos, fue otorgado en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, el 13.24% de su valor.
Las trasnacionales beneficiadas, dijo, pagaron en promedio 20 mil pesos por casa, pero a los trabajadores se las vendían en 700 mil, con un descuento de hasta el 50%.
Además, afirmó, les cobraban mensualidades no menores de 35 mil pesos, cantidad impagable para la mayoría, que gana bajos salarios o se encuentra francamente en el desempleo.
El CDV y organizaciones sociales como el Barzón, realizaron movilizaciones para frenar esa injusticia.
Además, aseguró, se recurrió a la vía legal, principalmente a través del amparo, y luego de varias victorias para los derechohabientes, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el Poder Judicial determinó que la venta de créditos de naturaleza social a empresas privadas no es un acto de autoridad, dejó abierta la posibilidad de que los afectados combatan esta medida por la vía civil.
Ante el riesgo de que las acciones ilegales e ilegítimas de venta de cartera se le revirtieran de manera masiva y generaran un mayor quebranto a la institución, la dirección general de Infonavit acordó con el CDV la recompra de cartera vencida.
Sin embargo, aun cuando varios casos fueron resueltos por esta vía, sigue prevaleciendo un criterio mercantilista y usurero.
Por esa razón, después del mitin frente a Infonavit, la diputada Castillo entregó un documento para la firma del director del organismo, Víctor Manuel Borrás, el cual contiene los lineamientos a seguir para dar cumplimiento cabal a los acuerdos con el CDV.
De su firma dependerá si se convoca a nuevas movilizaciones en todo el país, dijo Lilia del Carmen, así como también la promoción masiva de demandas en contra de la institución y sus principales directivos.
Lilia del Carmen de los Santos, declaró lo anterior, en relación a la reciente protesta que el Consejo de Defensa de la Vivienda, realizó en la ciudad de México a principios de esta semana, en la que participó como representante del Barzón Tabasco.
Informó que el Infonavit está practicando la usura en detrimento de los trabajadores, a quienes presuntamente debía beneficiar y violando la Constitución Política y las leyes mexicanas.
Durante la protesta, mencionó Lilia del Carmen de los Santos, la diputada Laura Itzel Castillo, presidenta del Consejo de Defensa de la Vivienda, frente a las oficinas centrales del Infonavit, exigió al titular de ese instituto, Víctor Manuel Borrás Setién, que cumpla con los acuerdos a los que llegó con el en Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), en materia de recompra de cartera vencida por parte de la institución.
Según la dirigente barzonista, el CDV tiene varios casos documentados en los que Infonavit recompró créditos en 60 mil pesos, originalmente vendidos a dos empresas trasnacionales en 20 mil.
Por esos créditos, abundó, ahora exige a los trabajadores hasta 300 mil pesos para que éstos mantengan sus casas.
De los Santos, sostuvo que dicha situación es “inaceptable y francamente ilegal, pues se configura claramente la usura, tipificada como delito en el capítulo de Fraude, según el artículo 387, fracción VII del Código Penal Federal”.
Infonavit vendió originalmente el 50% de su cartera vencida a dos empresas trasnacionales, mencionó, lo cual, además de ser ilegal, representa un severo quebranto a las finanzas de la institución, ya que
ese conjunto de créditos equivalente a 12 mil millones de pesos, fue otorgado en tan sólo mil 589 millones de pesos, es decir, el 13.24% de su valor.
Las trasnacionales beneficiadas, dijo, pagaron en promedio 20 mil pesos por casa, pero a los trabajadores se las vendían en 700 mil, con un descuento de hasta el 50%.
Además, afirmó, les cobraban mensualidades no menores de 35 mil pesos, cantidad impagable para la mayoría, que gana bajos salarios o se encuentra francamente en el desempleo.
El CDV y organizaciones sociales como el Barzón, realizaron movilizaciones para frenar esa injusticia.
Además, aseguró, se recurrió a la vía legal, principalmente a través del amparo, y luego de varias victorias para los derechohabientes, el asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aunque el Poder Judicial determinó que la venta de créditos de naturaleza social a empresas privadas no es un acto de autoridad, dejó abierta la posibilidad de que los afectados combatan esta medida por la vía civil.
Ante el riesgo de que las acciones ilegales e ilegítimas de venta de cartera se le revirtieran de manera masiva y generaran un mayor quebranto a la institución, la dirección general de Infonavit acordó con el CDV la recompra de cartera vencida.
Sin embargo, aun cuando varios casos fueron resueltos por esta vía, sigue prevaleciendo un criterio mercantilista y usurero.
Por esa razón, después del mitin frente a Infonavit, la diputada Castillo entregó un documento para la firma del director del organismo, Víctor Manuel Borrás, el cual contiene los lineamientos a seguir para dar cumplimiento cabal a los acuerdos con el CDV.
De su firma dependerá si se convoca a nuevas movilizaciones en todo el país, dijo Lilia del Carmen, así como también la promoción masiva de demandas en contra de la institución y sus principales directivos.
