Se instruyen niños de Chautla, Guerrero, con armas de madera
Chautla, Guerrero, 13 de julio .– Niños con uniformes escolares corren alrededor de la comandancia de la Policía Comunitaria de la comunidad de Rincón de Chautla, a una hora de Chilapa. Los niños juegan al combate y se disparan con unas pistolas de madera que les hicieron para entrenarlos. Los policías comunitarios llegan a la cancha de usos múltiples y también lo hacen las mujeres de esta pequeña comunidad y de otras tres vecinas: Zacapexco, Alcozacan y Ayehualtempa. Sus trajes amarillo canario, rosa mexicano, anaranjado y verde limón alegran esta mañana nublada y fría. Mientras las mujeres desfilan en la cancha de usos múltiples portando sus rifles, los niños juegan.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Es lunes 10 de junio del 2019. Ha pasado casi un mes del video que se viralizó en internet en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.
–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.
Y ya son casi seis meses de la irrupción de hombres armados con rifles a la comunidad. Ese día, según reportes oficiales, hubo 12 muertos. Todos de fuera. La gente de Rincón de Chautla asegura que se defendió de una nueva agresión de una organización criminal.
En esta comunidad nahua, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
Hoy los niños no entrenan. Quizá no lo hagan más. El policía comunitario Policarpo Rodríguez, de 59 años, cuenta con un español accidentado, que hay posiciones encontradas acerca del entrenamiento de los niños. Después del video del 12 de mayo y la atención mediática recibida, el único maestro de la comunidad –porque las dos maestras más no van ante la situación de riesgo–, fue quien les pidió dejar fuera a los niños.
–Fue algo desesperado, porque estamos desesperados, –reconoce Rodríguez.
Rincón de Chautla está en una colina. Desde el mirador del crucero que lleva tanto a Chilapa como a José Joaquín de Herrera (Hueycatenango), se observan árboles frondosos que acompañan el camino agreste de tres kilómetros. Pinos y maleza del campo. Cuesta abajo, se ve la tierra rojiza como el color de los ladrillos de las casas. Mientras todos se organizan en la cancha, cuatro mujeres ponen a asolear maíz encima de dos petates de palma.
Es el día 14 después de los hechos del 27 de mayo. Las mujeres de los petates de palma cuentan que la comida es escasa. El punto geográfico de su comunidad obliga a ir a Chilapa o a Hueycatenango por víveres. Dicen que esa es su desgracia. En cada lado operan diferentes grupos de la delincuencia organizada que les impiden traer comida.
Los niños juegan mientras los grandes platican de lo que ha pasado en el pueblo. Juegan y pasean alrededor de los testimonios de cómo fue desde el 2006, Rincón Chautla, un refugio pero también lugar donde han contado asesinatos. Acá está gente desplazada de Paraíso Tepila, una comunidad vecina cuyas familias viven en el Rincón desde el 19 de diciembre, fecha en la que hombres armados irrumpieron y desaparecieron a 12 integrantes.
Policarpo Rodríguez, uno de los policías comunitarios desplazados de Paraíso Tepila, no se acostumbra a extrañar a sus 12 familiares: no quedó rastro de ellos desde el 19 de diciembre de 2018. Este 10 de junio luce angustiado portando su rifle.
El señor, a quien no le disgusta que le tomen fotos, dice que civiles armados del Movimiento por la Paz y Justicia–a quienes identifica con el grupo “Los Ardillos”–, instalaron en diciembre pasado retenes en la carretera Chilapa-Hueycatenango, y en el crucero de Paraíso Tepila raptaron a sus 12 familiares, todos salían huyendo, tres eran niños.
Un acontecimiento tras otro. Por eso fueron las señoras quienes alzaron la mano para ser entrenadas y accedieron que sus hijos recibieran esa educación marcial. Para ellas sólo hay dos opciones: se defienden o se van.
Las mujeres se arremolinan a contar sus historias. Dos de ellas están viudas por los últimos acontecimientos de mayo. En específico sus maridos fueron asesinados y despedazados el 23 de mayo.
En la cancha, cargando a su bebé de tres meses está Justina Arriveño Bartolo. Tiene 23 años de edad y una tristeza que le sale por los ojos y le quita el cabello. Es viuda y ahora madre soltera: piensa constantemente en el futuro de su bebé y el de su hija de cinco años de edad, quien aún piensa que su papá regresará.
Su esposo Isaías Xanteco Ahuejote de 25 años de edad fue asesinado junto a Bartolo Hilario Morales de 39 años de edad, quien había sido coordinador de la CRAC-PF. El 24 de mayo los restos de ambos fueron localizados sobre la carretera Chilapa- Tlapa a la altura de un lugar conocido como Las Antenas. Esto sólo 20 días después de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, en Chilpancingo el 5 de mayo.
Todos adheridos al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización exigió justicia por esas muertes y los hechos en la zona. Para Justina, quien tiene una voz baja y delgada, iban tras Bartolo Hilario Morales. Él le había pedido un viaje a su esposo. Isaías era chofer. Saldrían de su colonia Tula, a sólo 10 minutos de Rincón Chautla. Ella le dijo que no fuera, que pasar por Hueycantenango era difícil. El control territorial ejercido en la última década era una advertencia por sí misma. Fue.
Justina cree que “quizás al señor ya le traían algo”. Su suegro le dijo a su esposo que no fuera, que no importaba que le hubiesen pagado el viaje redondo. Le dijo claro: “no te vayas con ese señor, a ese señor ya sabemos que lo quieren agarrar”. Isaías necesitaba llevar el sustento a su casa. La situación de escacez empezó desde el año pasado: no era viable salir de la zona indígena a Chilapa. Por eso Isaías estaba ideando con otros choferes una nueva ruta: Alcozacán – Chilapa.
El jueves 23 de mayo cuando Isaías le prometió a Justina que no habría problema si hacía el viaje, desapareció. Ella no tiene celular. Salió a las 12 del día, pero fue hasta las 18:00 horas cuando la familia se alarmó. Su suegro y sus hermanos intentaron marcarle sin éxito. Mandaba directo a buzón. Isaías solía darse una vuelta a su colonia, en sus jornadas de chofer. No hubo aviso de nada. Hasta que sus cuñados vieron vía Facebook que habían raptado a dos hombres, Justina pensó que podía ser Isaías. Lo último que le dijo que la ruta saldría de Lobotepec, otra comunidad cercana, y varios choferes ya estaban formando otra organización de carros.
“No se dedicaba a otra cosa. Sí, ya había hecho de policía comunitario, en 2016 lo metieron y cambió en 2017, pero eso ya había pasado, él nomás estaba de chofer trabajando la ruta. Tenía 28 años”, relata al tiempo que abraza a su hija y se seca las lágrimas al contestar que no sabe qué hará sola.
Para ella no fue fácil tomar la decisión de aprender a matar. Apenas habían pasado 20 días del asesinato de Lucio Bartolo y Modesto Verales. Para Justina la angustia del jueves se prolongó hasta el domingo 26, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a ella y a la esposa de Bartolo, los cuerpos para sepultarlos. “Podríamos estar tranquilos, porque ahorita estamos viviendo con miedo. Queremos vivir tranquilos”, repite. Ella, junto a Albina Ocotlán, viuda con seis hijos, por la muerte de Bartolo. Están en la cancha esperando indicaciones de sus siguientes acciones. Parece que las autoridades creen que el nombre del Rincón debe estar a tono con su condición de marginalidad. Calculan ser unas 140 familias, todas necesitando despensas, certezas y justicia.
Del carro donde iban sus maridos no se sabe nada coinciden Albina y Justina. Ni eso le han podido entregar. Saben nada. Justina vive sola. No cuenta más que con el apoyo de su mamá, quien saca unos pesos de lavar ajeno y hacer tiras de soyamiche.
Rincón de Chautla, junto a otras 16 comunidades nahuas que pertenecen a la Coordinadora Regional de Autoridades comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC- PF) viven en medio de una pugna desde hace 13 años. En esta última etapa, de diciembre de 2018 a la fecha, de acuerdo a recuentos periodísticos, 20 personas fueron asesinadas y 12 desapariciones forzadas. Explican que la delincuencia pretende vaciar la zona.
Es lunes 10 de junio del 2019. Ha pasado casi un mes del video que se viralizó en internet en el que cinco niños y tres niñas, de entre siete y nueve años, marchan como militares y luego de la posición de firmes uno de ellos lee un comunicado.
–Como pueblo no vamos a dejarlos solos. Es nuestra palabra contra la de los sicarios. Nos matan un comunitario y vamos por 10 sicarios… Los niños y niñas que hoy somos sobrevivientes de los ataques sanguinarios seguimos en la lucha, porque sabemos que van a regresar y van a atacar a nuestra policía, –dijo un niño de unos ocho años frente a las cámaras en el video que compartió la misma Policía Comunitaria.
Y ya son casi seis meses de la irrupción de hombres armados con rifles a la comunidad. Ese día, según reportes oficiales, hubo 12 muertos. Todos de fuera. La gente de Rincón de Chautla asegura que se defendió de una nueva agresión de una organización criminal.
En esta comunidad nahua, son los niños y las mujeres quienes llevan las huellas indelebles de los asesinatos, desapariciones y encarcelamientos de sus papás, hermanos, tíos, primos y amigos. Desde 2006, los niños y las mujeres cobran un papel activo en la defensa de su pueblo, enclavado en Chilapa, uno de los municipios con más muertos y desaparecidos después de Chilpancingo y Acapulco.
Hoy los niños no entrenan. Quizá no lo hagan más. El policía comunitario Policarpo Rodríguez, de 59 años, cuenta con un español accidentado, que hay posiciones encontradas acerca del entrenamiento de los niños. Después del video del 12 de mayo y la atención mediática recibida, el único maestro de la comunidad –porque las dos maestras más no van ante la situación de riesgo–, fue quien les pidió dejar fuera a los niños.
–Fue algo desesperado, porque estamos desesperados, –reconoce Rodríguez.
Rincón de Chautla está en una colina. Desde el mirador del crucero que lleva tanto a Chilapa como a José Joaquín de Herrera (Hueycatenango), se observan árboles frondosos que acompañan el camino agreste de tres kilómetros. Pinos y maleza del campo. Cuesta abajo, se ve la tierra rojiza como el color de los ladrillos de las casas. Mientras todos se organizan en la cancha, cuatro mujeres ponen a asolear maíz encima de dos petates de palma.
Es el día 14 después de los hechos del 27 de mayo. Las mujeres de los petates de palma cuentan que la comida es escasa. El punto geográfico de su comunidad obliga a ir a Chilapa o a Hueycatenango por víveres. Dicen que esa es su desgracia. En cada lado operan diferentes grupos de la delincuencia organizada que les impiden traer comida.
Los niños juegan mientras los grandes platican de lo que ha pasado en el pueblo. Juegan y pasean alrededor de los testimonios de cómo fue desde el 2006, Rincón Chautla, un refugio pero también lugar donde han contado asesinatos. Acá está gente desplazada de Paraíso Tepila, una comunidad vecina cuyas familias viven en el Rincón desde el 19 de diciembre, fecha en la que hombres armados irrumpieron y desaparecieron a 12 integrantes.
Policarpo Rodríguez, uno de los policías comunitarios desplazados de Paraíso Tepila, no se acostumbra a extrañar a sus 12 familiares: no quedó rastro de ellos desde el 19 de diciembre de 2018. Este 10 de junio luce angustiado portando su rifle.
El señor, a quien no le disgusta que le tomen fotos, dice que civiles armados del Movimiento por la Paz y Justicia–a quienes identifica con el grupo “Los Ardillos”–, instalaron en diciembre pasado retenes en la carretera Chilapa-Hueycatenango, y en el crucero de Paraíso Tepila raptaron a sus 12 familiares, todos salían huyendo, tres eran niños.
Un acontecimiento tras otro. Por eso fueron las señoras quienes alzaron la mano para ser entrenadas y accedieron que sus hijos recibieran esa educación marcial. Para ellas sólo hay dos opciones: se defienden o se van.
Las mujeres se arremolinan a contar sus historias. Dos de ellas están viudas por los últimos acontecimientos de mayo. En específico sus maridos fueron asesinados y despedazados el 23 de mayo.
En la cancha, cargando a su bebé de tres meses está Justina Arriveño Bartolo. Tiene 23 años de edad y una tristeza que le sale por los ojos y le quita el cabello. Es viuda y ahora madre soltera: piensa constantemente en el futuro de su bebé y el de su hija de cinco años de edad, quien aún piensa que su papá regresará.
Su esposo Isaías Xanteco Ahuejote de 25 años de edad fue asesinado junto a Bartolo Hilario Morales de 39 años de edad, quien había sido coordinador de la CRAC-PF. El 24 de mayo los restos de ambos fueron localizados sobre la carretera Chilapa- Tlapa a la altura de un lugar conocido como Las Antenas. Esto sólo 20 días después de los asesinatos de José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, en Chilpancingo el 5 de mayo.
Todos adheridos al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). La organización exigió justicia por esas muertes y los hechos en la zona. Para Justina, quien tiene una voz baja y delgada, iban tras Bartolo Hilario Morales. Él le había pedido un viaje a su esposo. Isaías era chofer. Saldrían de su colonia Tula, a sólo 10 minutos de Rincón Chautla. Ella le dijo que no fuera, que pasar por Hueycantenango era difícil. El control territorial ejercido en la última década era una advertencia por sí misma. Fue.
Justina cree que “quizás al señor ya le traían algo”. Su suegro le dijo a su esposo que no fuera, que no importaba que le hubiesen pagado el viaje redondo. Le dijo claro: “no te vayas con ese señor, a ese señor ya sabemos que lo quieren agarrar”. Isaías necesitaba llevar el sustento a su casa. La situación de escacez empezó desde el año pasado: no era viable salir de la zona indígena a Chilapa. Por eso Isaías estaba ideando con otros choferes una nueva ruta: Alcozacán – Chilapa.
El jueves 23 de mayo cuando Isaías le prometió a Justina que no habría problema si hacía el viaje, desapareció. Ella no tiene celular. Salió a las 12 del día, pero fue hasta las 18:00 horas cuando la familia se alarmó. Su suegro y sus hermanos intentaron marcarle sin éxito. Mandaba directo a buzón. Isaías solía darse una vuelta a su colonia, en sus jornadas de chofer. No hubo aviso de nada. Hasta que sus cuñados vieron vía Facebook que habían raptado a dos hombres, Justina pensó que podía ser Isaías. Lo último que le dijo que la ruta saldría de Lobotepec, otra comunidad cercana, y varios choferes ya estaban formando otra organización de carros.
“No se dedicaba a otra cosa. Sí, ya había hecho de policía comunitario, en 2016 lo metieron y cambió en 2017, pero eso ya había pasado, él nomás estaba de chofer trabajando la ruta. Tenía 28 años”, relata al tiempo que abraza a su hija y se seca las lágrimas al contestar que no sabe qué hará sola.
Para ella no fue fácil tomar la decisión de aprender a matar. Apenas habían pasado 20 días del asesinato de Lucio Bartolo y Modesto Verales. Para Justina la angustia del jueves se prolongó hasta el domingo 26, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) entregó a ella y a la esposa de Bartolo, los cuerpos para sepultarlos. “Podríamos estar tranquilos, porque ahorita estamos viviendo con miedo. Queremos vivir tranquilos”, repite. Ella, junto a Albina Ocotlán, viuda con seis hijos, por la muerte de Bartolo. Están en la cancha esperando indicaciones de sus siguientes acciones. Parece que las autoridades creen que el nombre del Rincón debe estar a tono con su condición de marginalidad. Calculan ser unas 140 familias, todas necesitando despensas, certezas y justicia.
Del carro donde iban sus maridos no se sabe nada coinciden Albina y Justina. Ni eso le han podido entregar. Saben nada. Justina vive sola. No cuenta más que con el apoyo de su mamá, quien saca unos pesos de lavar ajeno y hacer tiras de soyamiche.
