Ciudad de México, 3 de nov de 2024.- A pesar de que el Consejo de la Judicatura (CJF) tiene un contrato con un servicio de alimentación en sus 13 edificios centrales, en los que están a su servicio 24 chefs y casi 100 empleados de cocina par alimentar a sus trabajadores, cada juez y magistrado dispone de casi 18 mil 500 pesos al mes para sus comidas en restaurantes.
De acuerdo con un reportaje que el periodista Samuel Adam publicó en la plataforma de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tan solo en el 202o el CJF dispuso de hasta 315 millones de pesos para pagar la alimentación de jueces y magistrados en restaurantes.
Esto, no obstante los altos sueldos que reciben (entre 120 mil y 150 mil pesos mensuales) y la disposición de comedores en las sedes principales de la institución que tuvieron un costo de 56 millones de pesos.
Según el periodista, cada juez y magistrado dispone de 863 pesos al día en promedio para gastar en comidas, pero a partir de febrero del 2020, esa cifra se les autorizó a todos los magistrados de circuito, jueces de distrito y visitadores judiciales «A» del Consejo de la Judicatura facturar hasta 18 mil 488 pesos mensuales en restaurantes.
En ese gasto, señala Adam, se observa un aumento de 508.46 pesos mensuales para cada funcionario, ya que hasta enero del año pasado sólo podían facturar hasta 17 mil 979 pesos al mes.
El gasto, describe el autor del reportaje, está avalado por el director de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura, Fernando Garcidueñas, quien hizo la notificación a todos los circuitos judiciales del país sobre el gasto del que pueden disponer a través de un oficio.
“El monto máximo mensual a erogar por cada Magistrado de Circuito, Juez de Distrito y Visitador Judicial A será equivalente a 7 veces la unidad de medida y actualización mensual”, señala el oficio enviado al coordinador de Administración Regional de este organismo, Rodrigo de Zulueta.
El periodista precisa que el gasto en comida de los mil 420 magistrados, jueces y visitadores judiciales en la nómina del Poder Judicial de la Federación equivale a tres veces lo invertido este año por el gobierno federal para comprar medicamentos oncológicos en el extranjero.
Samuel Adam consiga que el pago de comidas no es lo único que los jueces reciben como una prestación extraordinaria, sino que además, tienen autorizado un paquete de apoyos económicos para que continúen estudiando, los cuales consisten en: becas de hasta 50 mil pesos por juez o magistrado para actualización y especialización, 15 mil pesos anuales para libros jurídicos, 15 mil más para revisión médica (a pesar de contar con seguro de gastos médicos mayores e ISSSTE) y de 8 mil a 11 mil pesos mensuales de subsidio de renta.
Y si esto no fuera poco, también reciben una cantidad de entre 8 mil a 10 mil pesos mensuales como apoyo a vehículos, de 3 mil a 5 mil 600 pesos mensuales para vales de gasolina, gastos de transporte aéreo o terrestre por ser movidos de adscripción y un equipo telefónico anual, así como la renta mensual del mismo.
Según el manual que regula las remuneraciones de los servidores judiciales, en 2019 el Poder Judicial gastó 10 mil 85 millones de pesos de presupuesto en remuneraciones adicionales a los sueldos de los trabajadores.
Un punto a destacar en el reportaje de Adam, es que mientras las prestaciones extraordinarias de jueces y magistrados van en aumento, a los trabajadores sindicalizados se les han reducido sus compensaciones. Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación -que tiene a 34 mil agremiados- refirieron que solo reciben una gratificación etiquetada como “Reconocimiento especial”, que en 2017 era de 7 mil 500 pesos anuales y en 2018 creció a 10 mil pesos, pero para 2019 se redujo a 4 mil 500 pesos para cada trabajador.
Señala que el Comité Ejecutivo Nacional del sindicato solicitó el 31 de enero del año pasado al Pleno del Consejo de la Judicatura aumentar los apoyos económicos para el personal de mandos medios con puestos de carrera judicial: actuarios judiciales, secretarios de juzgados y secretarios de tribunal, debido a que ni siquiera les pagan la gasolina para realizar notificaciones y diligencias diarias, y en el caso de los secretarios de juzgado, señala, deben elaborar hasta cuatro proyectos de sentencia o de 10 a 15 propuestas de acuerdo en un día.
“En el 2019 no se pagaron las sustituciones por licencias médicas y pre jubilatorias, salvo el caso de los actuarios, lo que implicó que algunos secretarios de juzgado o tribunal realizaran las actividades laborales de dos o hasta tres personas”, señala el texto firmado por el secretario general del sindicato Gilberto González.
Adam expone que el líder del gremio no estuvo conforme y expresó su malestar: “No se justifica el aumento en el monto de un apoyo para sufragar gastos de alimentación en favor de los titulares, (…) dicho pago de por sí resultaba excesivo”.
El periodista precisa que buscó la versión del Consejo de la Judicatura Federal, pero la directora de prestaciones institucionales Rosalía González le respondió que todo cuestionamiento debía realizarlo a través de solicitudes de información y no en entrevista.
“Cualquier persona, no solamente un reportero, puede solicitarlo en la unidad de transparencia. Ahí con mucho gusto presente su oficio y será atendido”, dijo, “toda la comunicación se debe de hacer por el portal de transparencia”.
DIPUTADO DE
MC OPERA
COMEDORES
La empresa que ofrece el servicio de comedores en el CJF con un costo anual de 56 millones de pesos se denomina Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V., y pertenece al diputado de MC, Héctor Alonso Granados, y su familia.
La empresa fue constituida en mayo de 1992, y según el acta constitutiva, Héctor Eduardo Alonso Granados es uno de los socios fundadores con el 44 por ciento de las acciones, además de ser administrador único de la empresa.
Alonso Granados fue legislador en el Congreso de Puebla durante el 2018 como parte de la bancada de Morena, sin embargo, sus desafortunadas declaraciones le valieron ser expulsado y por ello se afilió a Movimiento Ciudadano (MC).
Su esposa Rebeca Chumacero también es accionista y comisaria de la empresa desde su creación.
De acuerdo con las bases de la licitación que ganó, su empresa debe preparar al menos 394 mil comidas en el año, las cuales tienen un costo de 35.50 pesos para los empleados.
El periodista destaca la fuerza laboral que opera en los edificios del CJF para satisfacer a la totalidad de empleados: trece supervisores, trece chefs, once sub chefs y 86 ayudantes en general, empleados de la empresa del político.
Samuel Adam menciona que aunque en el acta constitutiva, Alonso Granados aparece como propietario, no ocurre lo mismo con su declaración patrimonial y de intereses, donde tuvo que haber declarado ser accionista de Profesionales en Comidas Industriales S.A. de C.V.
En el 2012 también fue diputado local por el Partido Nueva Alianza, cuando su empresa Profesionales en Comidas industriales obtuvo contratos con el Gobierno de Puebla y Liconsa.
Un año después de haber hecho campaña con Morena para las elecciones de 2018, el diputado fue expulsado de ese partido por orden de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, ya que en medio de la discusión en el Congreso local por la despenalización del aborto el legislador declaró a un medio de comunicación que “hay que pensar antes de abrir las piernas y dejarse embarazar”.
Magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación
