Juez niega liberar a dos empresarios de red de huachicol fiscal ligada a Ruffo Appel

La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado de México, con sede en Toluca, Azucena Lazalde Íñiguez, negó este miércoles 22 de julio otorgar la suspensión de la prisión preventiva dictada contra José Merino Valdés Cuervo y Adriana Magali Bárcenas Guillén, dos empresarios acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de integrar una red nacional de huachicol fiscal y delincuencia organizada que opera el contrabando de combustible para evadir impuestos.

Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. La medida cautelar les fue dictada el domingo 19 de julio por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, en el mismo procedimiento que mantiene preso al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, señalado por la FGR como operador estratégico de la organización en el nivel corporativo.

Por qué la jueza rechazó la suspensión

Lazalde Íñiguez fundamentó su resolución en el artículo 166 de la Ley de Amparo, que establece que cuando los delitos imputados ameritan prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo puede tener como efecto que los quejosos queden a disposición del juzgado de amparo en el lugar donde están recluidos, sin que ello implique su liberación. La jueza señaló que otorgar efectos distintos a los previstos en la norma no es procedente, dado que la disposición existe precisamente para impedir que personas acusadas de delitos graves queden en libertad durante el amparo.

La magistrada fijó el martes 28 de julio como fecha para resolver si concede o no la suspensión definitiva de los actos reclamados.

Quiénes son los dos empresarios y dónde están recluidos

"No es procedente dar la suspensión con distintos efectos a los previstos en la norma, ya que dicha disposición es para evitar la liberación de personas acusadas de delitos graves." — Jueza Azucena Lazalde Íñiguez

José Merino Valdés Cuervo es descrito en la investigación como ingeniero en telecomunicaciones de origen español naturalizado mexicano, fundador y socio mayoritario de la empresa Ingemar, que la FGR vincula directamente a Ruffo Appel. Adriana Magali Bárcenas Guillén es identificada como accionista y representante legal de Logística Ferroviaria Fargo, S. A. de C. V., con sede operativa en la zona industrial de San Luis Potosí; tras su captura quedó recluida en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.

El lunes 20 de julio, Ruffo Appel y otros cuatro imputados —Ricardo Thompson Navarro, Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Luis Antonio Barrientos Juárez, además de Merino Valdés Cuervo— ingresaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, trasladados en vehículos blindados tipo Black Mamba bajo un operativo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo). Dos imputados adicionales, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, permanecen en sus domicilios por motivos de salud, según informó la FGR.

La audiencia de vinculación sigue abierta este miércoles

Mientras la jueza de distrito resolvía el amparo en Toluca, la audiencia inicial continuaba este miércoles 22 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, donde la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega debe determinar si vincula a proceso a los imputados. La FGR no precisó en qué momento del día se esperaba la resolución.

#TomaNota

• 28 de julio: fecha fijada para resolver la suspensión definitiva del amparo.
• Merino Valdés Cuervo y Ruffo Appel están en el penal del Altiplano; Bárcenas Guillén, en el Cereso Nezahualcóyotl Sur.
• José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecen en sus domicilios por motivos de salud.
• La audiencia de vinculación a proceso continúa este miércoles 22 de julio en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya.