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La Verdad del Sureste

Lanzan contradecálogo por crisis


El perredista aseguró que la primera condición para superar la crisis es conocer la verdad sobre lo que ocurrió a los normalistas de Ayotzinapa.
El perredista aseguró que la primera condición para superar la crisis es conocer la verdad sobre lo que ocurrió a los normalistas de Ayotzinapa.

México, DF., 07 de diciembre.- El senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandro Encinas, lanzó este domingo un contradecálogo al propuesto por el Presidente Enrique Peña Nieto.
    En el documento plantea un total de 10 acciones para hacer frente al problema de inseguridad y violencia que vive el País.
    El legislador aseguró que la primera condición para superar la crisis es conocer la verdad sobre lo que ocurrió a los normalistas de Ayotzinapa, y castigar a los culpables, incluidos los dirigentes de partidos políticos.
“Castigar a los autores materiales e intelectuales, así como a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno y dirigentes de los partidos políticos, que, por acción u omisión, crearon una red de corrupción y complicidades, que permitió la operación impune de distintos grupos delictivos en la región y su postulación como candidatos a distintos cargos de representación popular”, dijo.
    Como segunda condición, Encinas aseguró que se debe poner fin a la impunidad, con sanciones ejemplares a los grupos criminales, pasando por la depuración de ministerios públicos y jueces, que carecen de mecanismos de control y fiscalización eficaces.
    El perredista incluso acusó al Poder Judicial de condonar penas y liberar delincuentes, convirtiéndose en un símbolo de la corrupción en el País.
    Encinas pidió actuar en contra de los gobernadores, alcaldes, representantes populares y funcionarios que, de acuerdo con servicios de inteligencia del Estado estén involucrados en actos de corrupción, malversación de fondos, abuso de autoridad, violación a los derechos humanos y colusión con la delincuencia organizada.
    En el punto tres, exigió la eliminación del fuero constitucional en todos los órdenes del Gobierno, incluido el Presidente de la República.
    El punto cuatro del decálogo detalla una reforma para convertir a los dirigentes nacionales de los partidos políticos en sujetos obligados a rendir cuentas del manejo de recursos públicos que reciben.
    “Someterlos al régimen de responsabilidades de los servidores públicos”.
El integrante de la Comisión de Seguridad Nacional exigió en el punto cinco el rediseño de las corporaciones policiacas para fortalecer a los agentes municipales, delimitar las facultades de las policías estatales, crear nuevas policías metropolitanas y establecer, a nivel nacional, una sola Policía Federal Preventiva, lo que incluye la disolución de la Gendarmería Nacional.
    “Se debe adelantar la entrada en vigor de la reforma constitucional que con autonomía a la Fiscalía General de la República para fortalecer sus tareas de investigación”, afirmó.
    “Establecer normas que permitan el control parlamentario de los organismos de inteligencia del Estado mexicano y eliminar las policías complementarias, lo que implica establecer la prohibición a la presencia de actuación extraterritorial de policías estatales”.
    En el punto seis, Encinas plantea incrementar los controles de inteligencia financiera contra lavado de dinero a través de una fiscalización estricta en los mercados inmobiliario, compra venta de metales preciosos y joyería, casas de juego, de préstamo y empeño, de cambio de bolsa y operaciones de gran volumen en efectivo.
    También propone impulsar un nuevo federalismo, evitar el centralismo mediante el rediseño de las fórmulas de asignación de recursos, con reglas de operación claras y eliminar las facultades discrecionales del Ejecutivo federal en la asignación del gasto.
    En el punto ocho se pronuncia por un nuevo municipalismo, lo que incluye fortalecer las capacidades económicas, facultades ejecutivas y flexibilizar las formas de organización del municipio.
    En la novena propuesta establece un cambio en la política económica para revertir la concentración del ingreso y la desigualdad.
    Finalmente, en el punto 10 sugiere el regreso de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, en un plazo perentorio, para que la autoridad civil asuma su responsabilidad constitucional en materia de seguridad pública y combate al crimen.

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