Afirmó que ya es momento de que el país adopte medidas para revertir sentencias provenientes de fraudes judiciales que, en su mayoría, tienen como víctimas a personas y comunidades sin recursos para defenderse.
Explicó que el funcionamiento actual del Poder Judicial ha permitido la opacidad, el dispendio y el tráfico de influencias y es por ello que se han sentido dueños del sistema de impartición de justicia.Junto a la maestra María Estela Ríos González, extitular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, recordaron que la comunidad de Xaltocan luchó por sus derechos cuando se dieron las negociaciones sobre la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, logrando regularizar sus tierras mediante un buen acuerdo con el gobierno federal, siendo éste un ejemplo de la fuerza del pueblo.
Durante un encuentro que sostuvo con pobladores de Xaltocan en el Estado de México, la ministra Lenia Batres invitó a la ciudadanía a conocer a sus candidatos para cargos judiciales y a acudir a emitir su voto el próximo 1 de junio.
“Solo el pueblo puede salvar al pueblo y si no se participa, van a seguir gobernando a los jueces los magnates de nuestro país”.
En ese sentido, la ministra manifestó que debe existir compromiso por parte de la ciudadanía para estar pendiente de cualquier falla u omisión de algún juez para poderlos sacar de funciones.
“Debe haber un pueblo observante, dispuesto a sacar a los jueces cuando no funcionen”.
La ministra del pueblo señaló que los jueces, magistrados y ministros, antes que cualquier cosa, son servidores públicos apegados a la ciudadanía:
“Yo digo que, si no se es juez, magistrado o ministro del pueblo, no se tiene razón de ser y deberían dedicarse a otra cosa, porque los jueces son servidores públicos, son funcionarios que no pueden interpretar qué ley quieren cumplir y cuál no, deben cumplirlas todas”.
Asimismo, reiteró que lo que busca la Reforma Judicial es una manera distinta de impartir justicia, en la que los jueces, ministros o magistrados tengan compromiso social, actúen con transparencia y rindan cuentas de sus actos.
La ministra señaló que en la actualidad la corrupción de las personas juzgadoras ha hecho daño a las finanzas públicas y ha ocasionado injusticias que lesionan el tejido social.