Olamendi Torres fue entrevistada por La Verdad del Sureste, al término de su participación en el foro: Análisis sobre el Marco Jurídico a Favor de las Mujeres” .
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida de Violencia no ha fallado, ha cumplido una de sus funciones importantes que es la de generar políticas públicas en todas las dependencias de gobierno a favor de la no violencia, pero además, ya está en los estados.
Lo que no hemos logrado todavía -sostuvo la doctora en derecho y feminista, Patricia Olamendi Torres durante su visita a Tabasco hace unas semanas- es permear el sistema de justicia, en buena medida por su composición.
Las servidoras y servidores públicos del sistema de justicia mexicano, todavía no consideran la violencia contra las mujeres como un verdadero delito y por lo tanto la total ausencia de credibilidad de las mujeres es lo que permea.
Los prejuicios de esos funcionarios es lo que hace que, antes de que llegue una mujer a presentar una denuncia por violencia, ya la calificaron y eso impide una protección real hacia su persona, la integrante mexicana del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belen do Pará
Olamendi Torres fue entrevistada por La Verdad del Sureste, al término de su participación en el foro: Análisis sobre el Marco Jurídico a Favor de las Mujeres” como evento para conmemorar el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
México tiene un sistema de justicia “total y absolutamente hecho pedazos”, por lo que pensar que nos puede dar respuestas a nosotras, es complicado, sostuvo la feminista.
Los servidores públicos del sistema de justicia, insistido, no tiene la mínima conciencia del impacto de la violencia. Tiene que haber un cambio radical en materia de justicia, que no es solo una reforma al procedimiento.
“Yo digo, está bien que tengamos juicios orales ¿pero con mismos funcionarios y las mismas leyes? Creo que quedaríamos peor”.
Lo que tenemos que hacer es que el sistema de justicia funcione y la manera de hacerlo funcionar es denunciando, aseguró.
Es interesante, por ejemplo, que varios casos de violencia contra las mujeres y su impunidad estén llegando al sistema de justicia internacional, que las mujeres hagamos uso de algo que nos ha costado mucho trabajo ratificar, los protocolos facultativos, el ingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si no encontramos justicia aquí, hay que seguir insistiendo, aún cuando el problema es que son muy pocos casos y el tiempo que toma; lo ideal sería exigir que los resolutivos, como las sentencias, se apliquen en todas las leyes del país.
¨¿Será necesario un cambio de gobierno para que las mujeres del país tengan acceso a la justicia? Se le preguntó
La doctora Olamendi opinó que no cree que sea cosa de partidos, “a mi me da la impresión que todos son iguales de machos, sinceramente lo digo, son prejuiciosos y machistas”
Lo que tiene que haber, es una conciencia de la igualdad de los derechos humanos y la no discriminación y eso en todos los partidos políticos, porque las cámaras de legisladores están compuestas por todos y a pesar de eso las mujeres no llegamos al poder, ni tomamos decisiones.
No obstante logramos que llegaran algunas pero necesitamos que las que lleguen asuman también una conciencia con respecto a las mujeres, porque si sus opiniones son favorables a los señores “ya nos fregamos”.
Lo que necesitamos es que toda la sociedad se empodere, que tú, yo, todas y todos tomemos conciencia de lo que significa nosotros.
Más bien necesitamos un cambio social para que, quienes lleguen a los cargos de decisión, tengan la obligación de rendir cuentas a los que estamos afuera.
-¿Mientras eso no suceda la LGAMVLV será una utopia?
No, me parece que la LGAMVLV seguirá operando en el ámbito administrativo, pero en el penal, tendremos que seguir empujando para el acceso de las mujeres a la justicia.
Pero creo que ha significado un cambio muy importante el que exista esta ley, así como la ley de igualdad, por lo menos son dos instrumentos legales de los que se pueden exigir su cumplimiento.
Antes no teníamos esos instrumentos, entonces si es un cambio positivo, pero en cambio el acceso de las mujeres a la justicia tiene un camino largo, y bastante sinuoso, por recorrer, afirmó..
Respecto a la violencia que viven las mujeres en el país, la doctora Olamendi Torres opina que es “horrible” todo lo que está sucediendo a las mujeres en el país, horrible que en algunos estados no se sancione la trata y la esclavitud de las mujeres, que siga existiendo el delito de rapto que es un secuestro.
Es totalmente injusto, continuó, que en este país se sigan justificando los homicidios contra mujeres y al agresor se le sentencie a dos, tres años de prisión, que si el delito de secuestro tiene 70 años y el rapto unos meses, se exonere -a quien, ha privado de la libertad a una persona- si el raptor se casa con la víctima.
“¿Será que la privación de la libertad de las mujeres tiene un precio y la de los hombres otra?” Cuestionó.
La experta en derecho con visión de género alabó la Ley de Trata de Tabasco y mencionó que incluso es más adelantada que la federal, porque, por un lado, lo reconoce como el cometido contra víctimas en cualquier modalidad, es decir que la edad es irrelevante porque nadie conciente ser esclavo.
Ese me parece un cambio importante, comentó.
Lo otro es que la Ley de Trata de Tabasco, señala muy claramente cómo poder integrar el delito. Claro que si las autoridades lo aplican o no, porque no conozco el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es otra cosa.
En el asunto de la trata de personas, es necesario disponer de leyes mejor integradas, porque existe un a Fiscalía Especial contra las Mujeres y Trata (FEVIMTRA), pero quién sabe qué atiende, dijo a manera de crítica.
No se necesita saber mucho, solo hay que pararse en las carreteras de Veracruz o ir a la Región de la Montaña de Guerrero o la sierra de Puebla, u otros estados para observar cómo se da la venta de niñas.
No sabemos en qué estado este operando esa fiscalía, pero es evidente que en los estados que mencionamos no.
La doctora Olamendi afirmó que hasta la fecha, las políticas públicas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres son muy pequeñas, porque están empeñados en canalizar recursos “para la seguridad “, que significa contar con más elementos policíacos.
No se dan cuenta que lo urgente es tomar medidas dentro del hogar, fortalecer y apoyar a las jefas de familia con escuelas de tiempo completo, medidas de seguridad para ellas, proporcionar atención a niños y niñas para un mejor desarrollo, porque ahí está el origen de la violencia que vivimos.
Hay que trabajar en serio en la prevención con la educación, porque una madre sola con dos hijos y que tiene que trabajar y sus niños salen a las 12 del día y ella a las seis de la tarde ¿qué pasa?
La especialista en derecho, mencionó que solo el 58 de los hombres viven con su familia, lo que significa que más del 40 por ciento la abandona y son las mujeres las que sostienen a sus hijos.
“El problema en México, es que cuando los hombres se divorcian, se divorcian de la familia, aún cuando sus hijos siguen siendo sus hijos.
Las pensiones alimenticias en esas familias son casi inexistentes, porque para exigir una pensión alimenticia, se necesita un abogado y para conseguir un abogado, dinero y la mayoría de esas mujeres apenas tienen para mantener a sus hijos”, agregó.
Lo que no hemos logrado todavía -sostuvo la doctora en derecho y feminista, Patricia Olamendi Torres durante su visita a Tabasco hace unas semanas- es permear el sistema de justicia, en buena medida por su composición.
Las servidoras y servidores públicos del sistema de justicia mexicano, todavía no consideran la violencia contra las mujeres como un verdadero delito y por lo tanto la total ausencia de credibilidad de las mujeres es lo que permea.
Los prejuicios de esos funcionarios es lo que hace que, antes de que llegue una mujer a presentar una denuncia por violencia, ya la calificaron y eso impide una protección real hacia su persona, la integrante mexicana del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belen do Pará
Olamendi Torres fue entrevistada por La Verdad del Sureste, al término de su participación en el foro: Análisis sobre el Marco Jurídico a Favor de las Mujeres” como evento para conmemorar el Día Internacional de la Lucha por la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres,
México tiene un sistema de justicia “total y absolutamente hecho pedazos”, por lo que pensar que nos puede dar respuestas a nosotras, es complicado, sostuvo la feminista.
Los servidores públicos del sistema de justicia, insistido, no tiene la mínima conciencia del impacto de la violencia. Tiene que haber un cambio radical en materia de justicia, que no es solo una reforma al procedimiento.
“Yo digo, está bien que tengamos juicios orales ¿pero con mismos funcionarios y las mismas leyes? Creo que quedaríamos peor”.
Lo que tenemos que hacer es que el sistema de justicia funcione y la manera de hacerlo funcionar es denunciando, aseguró.
Es interesante, por ejemplo, que varios casos de violencia contra las mujeres y su impunidad estén llegando al sistema de justicia internacional, que las mujeres hagamos uso de algo que nos ha costado mucho trabajo ratificar, los protocolos facultativos, el ingreso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Si no encontramos justicia aquí, hay que seguir insistiendo, aún cuando el problema es que son muy pocos casos y el tiempo que toma; lo ideal sería exigir que los resolutivos, como las sentencias, se apliquen en todas las leyes del país.
¨¿Será necesario un cambio de gobierno para que las mujeres del país tengan acceso a la justicia? Se le preguntó
La doctora Olamendi opinó que no cree que sea cosa de partidos, “a mi me da la impresión que todos son iguales de machos, sinceramente lo digo, son prejuiciosos y machistas”
Lo que tiene que haber, es una conciencia de la igualdad de los derechos humanos y la no discriminación y eso en todos los partidos políticos, porque las cámaras de legisladores están compuestas por todos y a pesar de eso las mujeres no llegamos al poder, ni tomamos decisiones.
No obstante logramos que llegaran algunas pero necesitamos que las que lleguen asuman también una conciencia con respecto a las mujeres, porque si sus opiniones son favorables a los señores “ya nos fregamos”.
Lo que necesitamos es que toda la sociedad se empodere, que tú, yo, todas y todos tomemos conciencia de lo que significa nosotros.
Más bien necesitamos un cambio social para que, quienes lleguen a los cargos de decisión, tengan la obligación de rendir cuentas a los que estamos afuera.
-¿Mientras eso no suceda la LGAMVLV será una utopia?
No, me parece que la LGAMVLV seguirá operando en el ámbito administrativo, pero en el penal, tendremos que seguir empujando para el acceso de las mujeres a la justicia.
Pero creo que ha significado un cambio muy importante el que exista esta ley, así como la ley de igualdad, por lo menos son dos instrumentos legales de los que se pueden exigir su cumplimiento.
Antes no teníamos esos instrumentos, entonces si es un cambio positivo, pero en cambio el acceso de las mujeres a la justicia tiene un camino largo, y bastante sinuoso, por recorrer, afirmó..
Respecto a la violencia que viven las mujeres en el país, la doctora Olamendi Torres opina que es “horrible” todo lo que está sucediendo a las mujeres en el país, horrible que en algunos estados no se sancione la trata y la esclavitud de las mujeres, que siga existiendo el delito de rapto que es un secuestro.
Es totalmente injusto, continuó, que en este país se sigan justificando los homicidios contra mujeres y al agresor se le sentencie a dos, tres años de prisión, que si el delito de secuestro tiene 70 años y el rapto unos meses, se exonere -a quien, ha privado de la libertad a una persona- si el raptor se casa con la víctima.
“¿Será que la privación de la libertad de las mujeres tiene un precio y la de los hombres otra?” Cuestionó.
La experta en derecho con visión de género alabó la Ley de Trata de Tabasco y mencionó que incluso es más adelantada que la federal, porque, por un lado, lo reconoce como el cometido contra víctimas en cualquier modalidad, es decir que la edad es irrelevante porque nadie conciente ser esclavo.
Ese me parece un cambio importante, comentó.
Lo otro es que la Ley de Trata de Tabasco, señala muy claramente cómo poder integrar el delito. Claro que si las autoridades lo aplican o no, porque no conozco el trabajo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, es otra cosa.
En el asunto de la trata de personas, es necesario disponer de leyes mejor integradas, porque existe un a Fiscalía Especial contra las Mujeres y Trata (FEVIMTRA), pero quién sabe qué atiende, dijo a manera de crítica.
No se necesita saber mucho, solo hay que pararse en las carreteras de Veracruz o ir a la Región de la Montaña de Guerrero o la sierra de Puebla, u otros estados para observar cómo se da la venta de niñas.
No sabemos en qué estado este operando esa fiscalía, pero es evidente que en los estados que mencionamos no.
La doctora Olamendi afirmó que hasta la fecha, las políticas públicas de los gobiernos federal y estatales para prevenir y atender la violencia contra las mujeres son muy pequeñas, porque están empeñados en canalizar recursos “para la seguridad “, que significa contar con más elementos policíacos.
No se dan cuenta que lo urgente es tomar medidas dentro del hogar, fortalecer y apoyar a las jefas de familia con escuelas de tiempo completo, medidas de seguridad para ellas, proporcionar atención a niños y niñas para un mejor desarrollo, porque ahí está el origen de la violencia que vivimos.
Hay que trabajar en serio en la prevención con la educación, porque una madre sola con dos hijos y que tiene que trabajar y sus niños salen a las 12 del día y ella a las seis de la tarde ¿qué pasa?
La especialista en derecho, mencionó que solo el 58 de los hombres viven con su familia, lo que significa que más del 40 por ciento la abandona y son las mujeres las que sostienen a sus hijos.
“El problema en México, es que cuando los hombres se divorcian, se divorcian de la familia, aún cuando sus hijos siguen siendo sus hijos.
Las pensiones alimenticias en esas familias son casi inexistentes, porque para exigir una pensión alimenticia, se necesita un abogado y para conseguir un abogado, dinero y la mayoría de esas mujeres apenas tienen para mantener a sus hijos”, agregó.
