MÉXICO, DF, 26 ABR 11 (CIMAC).- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exhortaron a la Cámara de Diputados a garantizar que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional se sujete a los estándares internacionales de Derechos Humanos (DH), que no exceda las facultades de las Fuerzas Armadas y que no extienda de forma arbitraria el uso del fuero militar, como pretende hacerlo. En una carta que hoy enviaron a los legisladores, las agrupaciones civiles manifestaron su preocupación porque los diputados aprueben un dictamen de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que -a su parecer- extendería las facultades del Ejército, Marina y Fuerza Aérea al permitir que regularmente ejerzan labores policiacas sin ningún tipo de control.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, entre otras organizaciones, advirtieron que con esta normativa se “profundizan el socavamiento de la protección de los DH”. Los activistas explicaron que el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos de la Cámara baja avala la aplicación extensiva del fuero militar en casos en los que se involucran civiles, con lo cual, se contravienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este tribunal sostiene que bajo ninguna circunstancia el fuero militar puede ser competente para investigar o juzgar delitos cometidos por militares en contra de civiles.
Así lo señaló la CoIDH en las sentencias que se refieren a las violaciones sexuales de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a la desaparición forzada del líder Rosendo Radilla Pacheco, y a la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. De acuerdo con las organizaciones, sin ninguna consideración de fondo ni justificación alguna el dictamen que aún se discute en la Cámara de Diputados borró la referencia de los tribunales competentes, independientes e imparciales, que figuraba en el artículo 72 de la minuta que el Senado envió a los diputados el 27 de abril de 2010. De acuerdo con la redacción final del dictamen que podría aprobarse esta semana, el artículo 77 indica: “Las conductas delictivas que llegaran a cometerse por los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes en la atención a una afectación a la seguridad interior, serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen”.
El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, entre otras organizaciones, advirtieron que con esta normativa se “profundizan el socavamiento de la protección de los DH”. Los activistas explicaron que el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Justicia, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Derechos Humanos de la Cámara baja avala la aplicación extensiva del fuero militar en casos en los que se involucran civiles, con lo cual, se contravienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Este tribunal sostiene que bajo ninguna circunstancia el fuero militar puede ser competente para investigar o juzgar delitos cometidos por militares en contra de civiles.
Así lo señaló la CoIDH en las sentencias que se refieren a las violaciones sexuales de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, a la desaparición forzada del líder Rosendo Radilla Pacheco, y a la tortura y detención arbitraria de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. De acuerdo con las organizaciones, sin ninguna consideración de fondo ni justificación alguna el dictamen que aún se discute en la Cámara de Diputados borró la referencia de los tribunales competentes, independientes e imparciales, que figuraba en el artículo 72 de la minuta que el Senado envió a los diputados el 27 de abril de 2010. De acuerdo con la redacción final del dictamen que podría aprobarse esta semana, el artículo 77 indica: “Las conductas delictivas que llegaran a cometerse por los servidores públicos de las instancias y demás autoridades participantes en la atención a una afectación a la seguridad interior, serán perseguidas y sancionadas de conformidad con las normas legales que los rigen”.
