San Luis Potosí deroga la 'Ley Serrano' tras detenciones de periodistas y comunicadores

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó el jueves 31 de julio de 2026, en sesión extraordinaria convocada exclusivamente para ese fin, la derogación de los artículos 187 TER, 272 BIS y 272 TER del Código Penal local, disposiciones conocidas como la "Ley Serrano" que criminalizaban el uso de inteligencia artificial para generar o difundir contenidos digitales. La votación fue de 22 votos a favor, frente a los 18 con que fue aprobada en noviembre de 2025.

La reforma fue propuesta por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés a petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, luego de que en octubre de 2025 circularan videos en redes sociales que vinculaban al mandatario con grupos del crimen organizado. Gallardo negó los señalamientos y sostuvo que los materiales habían sido fabricados con inteligencia artificial para dañar su reputación, narrativa que replicaron otras dependencias del gobierno estatal.

De la aprobación a las detenciones: nueve meses de aplicación

La ley creó tres figuras delictivas: el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial, la manipulación institucional mediante esa tecnología y la difusión dolosa de desinformación generada con sistemas automatizados. La organización Artículo 19 advirtió desde el inicio que la redacción era "peligrosamente amplia y ambigua" y representaba un riesgo para el periodismo crítico y los derechos digitales de cualquier persona.

Esa advertencia se concretó en mayo de 2026, cuando fueron detenidas Eréndira Reyes, comunicadora, y Alejandra Hermosillo, funcionaria del Ayuntamiento de San Luis Potosí, acusadas de difundir una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparecía la senadora Ruth González —esposa del gobernador— junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió carpetas de investigación contra al menos otras nueve personas, entre periodistas, activistas e integrantes de estructuras partidistas, relacionadas principalmente con la difusión del video que incomodó a Gallardo en octubre de 2025.

También fue detenido el comunicador Christian Herrera, en Ciudad Valles, por una publicación en redes sociales en la que invitaba a sus seguidores a enviarle denuncias sobre abusos de la Guardia Civil Estatal. Las versiones oficiales sobre los cargos en su contra fueron contradictorias: la Fiscalía informó que fue detenido por usurpación de funciones, mientras que el titular de la Secretaría de Seguridad declaró que el delito imputado era halconeo.

Las tres personas privadas de la libertad fueron liberadas después de poco más de un mes, aunque debieron suscribir acuerdos para reparar daños a quienes las denunciaron, todos funcionarios públicos cercanos al gobierno estatal, según el reporte del medio que originó esta información.

El viraje del gobernador y el proceso hacia una nueva regulación

"La reforma aprobada en noviembre de 2025 dio origen a investigaciones penales, personas privadas de la libertad y un clima de incertidumbre y autocensura", señaló Voces Libres.

El 16 de julio de 2026, el Gobierno de San Luis Potosí organizó el Primer Encuentro Estatal por la Innovación, Derechos Humanos e Inteligencia Artificial, foro al que fueron convocados funcionarios, personajes políticos, académicos y representantes de empresas de medios. En ese evento, Gallardo anunció que presentaría una iniciativa para derogar "la mal llamada Ley Serrano" y rechazó reconocer error alguno en su impulso original; sostuvo que su interés era proteger la dignidad humana.

El decreto aprobado el jueves incluye tres artículos transitorios. Uno de ellos ordena diseñar una nueva reforma en materia de inteligencia artificial mediante un proceso de Parlamento Abierto que, según el texto, "propiciará la realización de mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa", con participación de instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos. No se precisaron plazos para ese proceso.

Entre los legisladores que votaron a favor de la derogación figuran varios de los mismos que aprobaron la reforma en noviembre de 2025: Carlos Arreola, José Roberto García y Luis Emilio Rosas, de Morena; Luis Felipe Castro, Luis Fernando Gámez, Roxana Hernández, César Arturo Lara, Gabriela Guadalupe Martínez, María Dolores Robles, Dulcelina Sánchez, Brisseire Sánchez y el propio Héctor Serrano, del PVEM; Crisógono Pérez, de Nueva Alianza; y Tomás Zavala y Leticia Vázquez, del PT.

La derogación no borra las consecuencias, advierte organización civil

La organización Voces Libres señaló en un posicionamiento público que la derogación "representa un paso necesario para restablecer el orden constitucional", pero subrayó que no elimina las afectaciones producidas durante la vigencia de la ley: investigaciones penales abiertas, personas privadas de la libertad y un clima de incertidumbre y autocensura entre periodistas y creadores de contenido. La organización también recordó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación al considerar que la reforma vulneraba derechos fundamentales. No se informó si esa acción fue retirada tras la derogación.

Para Voces Libres, el debate central nunca fue el uso de la inteligencia artificial, sino los límites del poder punitivo del Estado frente a la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. La discusión quedará abierta en los foros que el Congreso local deberá convocar para redactar la nueva regulación.

#TomaNota

• 31 de julio de 2026: el Congreso de San Luis Potosí derogó la "Ley Serrano" con 22 votos a favor en sesión extraordinaria.
• La reforma fue aprobada en noviembre de 2025 con 18 votos y estuvo vigente aproximadamente nueve meses.
• Tres personas fueron detenidas durante su vigencia; fueron liberadas tras suscribir acuerdos de reparación de daños.
• Se abrieron carpetas de investigación contra al menos otras nueve personas, entre periodistas, activistas e integrantes de partidos políticos.